Al igual que las más de 300 lenguas indígenas registradas en el Catálogo Nacional, las de Tlaxcala, como el náhuatl y otomí, están amenazadas por la discriminación, el racismo, la exclusión y la migración; además, el estado carece de un instituto para la atención a este sector de la población.
Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), observó esta situación y puntualizó que una “tarea grande” para repensar políticas públicas en esta materia es la de revitalizar estos idiomas, sobre todo los que se encuentran en alto riesgo de desaparición.
Luego de signar un convenio general de colaboración con el Poder Judicial de Tlaxcala para, entre otras cosas, tener acceso y uso al padrón nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, expuso en entrevista que muchas personas dejan de hablar su lengua y que los padres de familia ya no la transmiten de generación en generación, lo que es un signo de debilitamiento, pues se reduce el número de hablantes.
Señaló que el Inali no ha identificado un asunto en particular relativo a esta entidad, “seguramente los hay, pero no tenemos conocimiento”. En el caso de servicios de traductor o de otro tipo, los principales requerimientos son de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En materia legislativa, señaló que en Tlaxcala hay “avances importantísimos, pero se desconoce si ya se armonizó el marco legal local con el federal. Insistió en que los derechos de los pueblos indígenas, como el lingüístico, deben usarse en todos los ámbitos de la vida pública, ya sea en la educativa, en la de justicia y en la de salud.
Durante su intervención en el marco de la firma de convenio, apuntó que solamente ocho estados del país cuentan con un instituto para atender a esta población, sin embargo, el resto carece de esta figura, entre ellos Tlaxcala.
Citó que en el estado hay cerca de 23 mil 402 tlaxcaltecas que hablan náhuatl, mil 668 totonaco, 227 zapoteco y cerca de 600 otomí. “Son datos fríos si lo queremos ver, pero tenemos que reconocer que el fenómeno de la migración está configurando la situación sociocultural de todo el país”.
“Hay movilidad humana y están presentes en las grandes urbes, la pregunta sería cómo son atendidos y entendidos donde se encuentren. Las condiciones de marginación y exclusión de la sociedad continúa siendo sobresaliente, pese a la protección mediante leyes instrumentos en la materia; sigue siendo un gran pendiente el Estado de derecho pluricultural… a ello se suma el problema de negación de la identidad. El reto es lograr condiciones de equidad”.
Mencionó que históricamente las y los indígenas han enfrentado procesos judiciales en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales ni su frecuente situación de marginación, lo cual ha redundado en condenas injustas y excesivas.
De ahí que el convenio firmado entre el Poder Judicial y el Inali prevé el otorgamiento de un código de acceso al uso del padrón nacional de intérpretes y traductores, especializado en línea y actualizado, para que se contacte el servicio directamente.
Otra finalidad es garantizar un trato digno y acceso a la justicia equitativo y humanitario; así como la realización de propósitos y actividades conjuntas para impulsar el ejercicio de los derechos lingüísticos de estos pueblos; difusión de materiales en sus idiomas nativos y la promoción, fortalecimiento y desarrollo de estas comunidades.
Por su parte, Elsa Cordero Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), subrayó que un reto es hacer efectivos los derechos de esta población. En el caso de Tlaxcala, los asuntos judiciales en los que se encuentran implicadas personas indígenas “no alcanza ni el uno por ciento” de la totalidad. Dijo que este órgano jurisdiccional cuenta con dos traductores; asimismo, anotó que en 2013 un indígena estuvo involucrado en un caso; en 2014 fueron 25 y respecto de 2015 aún no se tiene registro. Todos estos procesos se atienden en los juzgados.