La deuda de verdad y justicia para los 43

La noche del 26 de septiembre del año 2014 se recordará en la historia de México por los trágicos sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Esa noche también fueron asesinados otros tres estudiantes. Uno de los jóvenes desaparecidos es César Manuel González Hernández, originario de Huamantla. Este es uno de los casos que ha tenido la mayor capacidad en México para visibilizar la impunidad y corrupción que se genera desde las estructuras de gobierno.

A pesar de la indignación generada a nivel nacional e internacional y de la evidencia científica presentada por especialistas, quienes demostraron que las versiones dadas por el gobierno respecto a la desaparición no tienen sustento, el gobierno se ha empeñado en ocultar una y otra vez la verdad sobre la desaparición de los 43 jóvenes. El gobierno de Enrique Peña Nieto encarna la cúspide de la impunidad en la que la verdad y la justicia son puertas casi imposibles de abrir, así lo demostró en el caso Atenco cuando era gobernador del Estado de México y ahora se empeña en mantenerlas cerradas ante el caso de los 43.

Durante estos tres años, los padres y madres de los estudiantes, junto con organizaciones civiles como Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han tenido la capacidad para articular esfuerzos y hacer caer las versiones que intentaron imponer desde el gobierno, aquello que el entonces procurador Jesús Murillo Karam llamó “la verdad histórica”, misma que se derrumbó ante los estudios del grupo de forenses argentinos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.


A casi tres años de los hechos ocurridos, las demandas de los padres y madres para avanzar en el acceso a la verdad y la justicia son claras:

Abrir una línea exhaustiva de investigación contra los elementos del Ejército mexicano del Batallón 27 de Infantería, dado que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estuvieron presentes en casi todos los lugares donde fueron agredidos los estudiantes de Ayotzinapa. Tomaron fotografías, videos, generaron documentos y otros datos de pruebas que no han sido aportados a la investigación, además de que operaron el C4.

Detención de los policías de Huitzuco, pues las pruebas indican que por lo menos 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados a Huitzuco y en la detención participaron elementos de la Policía Federal, municipal, Ministerial y del estado. Desde febrero del año 2016, existen elementos para la detención de estos policías, pero no ha ocurrido así.

Conocimiento de la telefonía celular. La PGR tiene mil teléfonos analizados, 17 de estos son de los estudiantes desaparecidos. Desde abril de 2016 los resultados de análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones no han sido entregados a las madres y padres de los 43 desaparecidos.

Investigación del trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión. Las pruebas que existen en las investigaciones revelan que el principal móvil de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver con el trasiego de droga que el grupo delincuencial Guerreros Unidos llevaba a cabo de Iguala a Chicago, por ello es fundamental avanzar en esta línea de investigación hasta su esclarecimiento.

Las demandas planteadas por las madres y los padres son, al mismo tiempo, las demandas de toda la ciudadanía mexicana, este crimen de Estado no debe permanecer en la impunidad.

Desde este artículo de opinión nos solidarizamos con las madres y los padres de los 43, especialmente con don Mario González y doña Hilda Hernández, quienes son nuestros paisanos tlaxcaltecas y un ejemplo de perseverancia en México y el mundo en la búsqueda de verdad y justicia.

A tres años ¡Nos siguen faltando 43 y muchas personas más!