La designación de próximo procurador no será por acuerdos políticos: Mastranzo

Dulce María Mastranzo Corona, presidente de la mesa directiva del Congreso local, rechazó que la designación de próximo Procurador no será por acuerdos políticos. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

La presidente de la mesa directiva del Congreso local, Dulce María Mastranzo Corona rechazó que la designación del próximo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se concrete a través de acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios y representantes de partido.

Por ello, la panista se pronunció porque una vez que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez remita al Congreso local la propuesta de terna de los aspirantes a ocupar esa posición, los integrantes de la LXII Legislatura local definirán los criterios de evaluación, donde se contempla la comparecencia de los aspirantes.

“Es necesario, creo que la próxima semana, de hecho esta semana vamos a trabajar todos los diputados en todo los pendientes que tenemos, entre ellos el nombramiento del procurador. Se tiene que hacer porque tenemos que tener a la persona adecuada con los mismos conocimientos de que pueda hacer un buen papel ahí como procurador. No habrá acuerdos políticos, se debe hacer de acuerdo con los conocimientos que tenga y la persona que sea idónea se va a postular”.


Ello, luego de que Tito Cervantes Zepeda renunció al cargo de procurador porque fue nombrado como titular de la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Anabel Alvarado Varela, quien a su vez fue postulada como precandidata al Senado de la República en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política de Tlaxcala, para ser procurador General de Justicia del estado se requiere “ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de cinco años en el Estado, antes del nombramiento; tener cuando menos 35 años de edad el día del nombramiento; ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad mínima de cinco años; haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”.

Además de “no ser ministro de algún culto religioso; no ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país, y aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores, preferentemente ajenos al estado”.




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