Algunos resolutivos de la Sala Unitaria Electoral–Administrativa relacionados con los resultados de los comicios del pasado 7 de julio confirman dos cosas: 1) el voto de los ciudadanos al final del día no es el que define a sus representantes populares, sino la autoridad jurisdiccional que en la última de las instancias es el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y 2) para qué sirve agobiar a la ciudadanía durante 60 días de propaganda política con ofertas y promesas, si quienes transmiten los mensajes son mentirosos.
Un ejemplo es el del comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tlaxcala, quien se registró como candidato a diputado plurinominal en la posición número 1 de la lista, sin saber siquiera el domicilio que tiene en el estado. Su mentira salió a relucir en la Sala Electoral y ahora tendrá que ceder el espacio a su suplente.
¿Acaso no es mentir a la ciudadanía que tiene uno cinco años de residencia en Tlaxcala cuando eso es totalmente falso? ¿Con qué calidad moral se invita a la ciudadanía a votar por una persona de este tipo?
El Instituto Electoral de Tlaxcala justifica la aprobación de la candidatura del petista con el argumento de que confió en la buena fe de quien expidió el acta de residencia, por lo que también hay que concluir que la autoridad de comunidad también mintió a la población y si se habla de que en el país debe prevalecer el Estado de derecho, los afectados tendrían que denunciar esta trapacería.
Por otra parte, ¿para qué se gastan millones de pesos en organizar una elección democrática y participativa, si al final de cuentas el Tribunal Electoral Federal es el que decide quién gana una contienda?
En sus manos quedarán los casos de Apizaco, Panotla, Huamantla, distrito XIII, entre una larga lista, debido a las mentiras y actos ilegales de los actores políticos, que cada quien le ponga siglas.