La semana pasada empezó a circular a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación información sobre la detención de varios activistas y pobladores de comunidades poblanas opositoras a la construcción de un gasoducto, misma que es parte del Proyecto Integral Morelos y que incluye obras en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
La última orden de aprehensión de la cual se tuvo conocimiento fue la del Dr. Ricardo Pérez Avilés. Se sabe que el pasado viernes 11 de abril del presente año, un grupo de personas armadas llegaron a su domicilio, ubicado en Atlixco, Puebla. El Dr. Ricardo actualmente es coordinador del Departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP) y se desarrolla como profesor–investigador de tiempo completo en la propia universidad.
El Departamento que el Dr. Ricardo Pérez Avilés dirige siempre se ha mostrado sensible a las peticiones comunitarias respecto a las afectaciones de obras y megaproyectos –como es el Proyecto Integral Morelos–, lo cual refrenda una práctica del quehacer universitario comprometido con la sociedad y con sus demandas legítimas. Esa actividad hoy se busca criminalizar en las personas que ejercen su derecho a defender la vida de los pueblos.
Los conceptos de legalidad, Estado de derecho, democracia y derechos humanos están en disputa. Cuando el gobierno mexicano habla de legalidad, Estado de derecho y democracia, no está hablando de lo mismo que se entiende por estos conceptos desde un enfoque de derechos humanos, sino que lo hace desde el autoritarismo. El argumento que una y otra vez repiten los gobiernos federal y estatales cuando se detiene a líderes de movimientos o se reprime alguna manifestación, es que lo que se protege es el Estado de derecho, la legalidad, la democracia y los derechos de terceros.
Cuando los gobiernos actúan de esa forma tan autoritaria olvidan que el reconocimiento de los derechos humanos es fruto de luchas populares de muchos años en diferentes contextos históricos y sociopolíticos, a través de movimientos y organizaciones sociales. Estos logros han sido resultado de revoluciones y luchas armadas, pero también de numerosos métodos de protesta que han permitido evidenciar las condiciones de opresión, pobreza, marginación y discriminación en que vive una parte importante de la sociedad.
La protesta es una de las formas de garantía de los derechos. Es una garantía extrainstitucional o social de los derechos, es decir, la protesta es un instrumento de defensa o tutela de los derechos que depende directamente de sus titulares. El ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos funciona como garantía de, por lo menos, la expresión del descontento y la denuncia en el espacio público, con respecto al incumplimiento de los derechos.
La protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han estado involucrados y/o que les desfavorecen o perjudican. En México, desde hace muchos años, la protesta social ha sido uno de los medios para exigir el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas y a la vida de los pueblos. En muchos casos, se ha convertido en la única vía de reclamo de derechos para los menos privilegiados y para quienes son discriminados.
Ante dicha protesta social y ante la ausencia de una verdadera democracia, los gobiernos establecen políticas de represión y criminalización. A continuación mencionamos algunos de los mecanismos que utilizan:
Renuncia al diálogo. Se cierran los espacios de diálogo. Se ignoran las demandas. Se posponen las respuestas. Crecen los conflictos.
Represión policial. Se aplica la represión directa mediante la utilización de la violencia física, en sus diferentes formas, contra los movimientos y protestas sociales.
Descalificación. Quienes se manifiestan y protestan son señalados como delincuentes, desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros por la autoridad, los partidos políticos, los poderes privados, etc.
Equiparación de luchadores sociales con delincuentes. Se tacha a los movimientos sociales y a sus protestas como elementos desestabilizadores que atentan contra la seguridad nacional, señalando que no se tolerarán desafíos a la autoridad del Estado. Se les fabrican delitos. Se encarcela a los líderes en centros de alta seguridad como si fueran peligrosos criminales.
Hoy podemos ver cómo el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, es un claro ejemplo de los gobiernos represores que criminalizan la protesta social, en este caso de las personas que se oponen a la construcción del gasoducto que pone en riesgo sus vidas, pues se considera que existe un alto riesgo por intentarse construir en un área con presencia activa del volcán Popocatépelt. Hoy vemos que se criminaliza también a académicos, como el Dr. Ricardo Pérez Avilés, por mantener un compromiso con la exigencia de los derechos de estos pueblos.
Desde este espacio insistimos que la causa primera de la protesta social es la existencia de gobiernos autoritarios que imponen proyectos; recordamos a todas y todos que protestar es un derecho; denunciamos que los actos de represión por parte de los gobiernos es un delito.