La Coordinadora por un Atoyac con Vida: una lucha por la vida que alimenta la esperanza

Gabriel Hernández García

En las últimas décadas hemos sido testigos de una importante proliferación de conflictos socioambientales en diferentes partes del mundo, en América Latina y en México. Diversas son las causas y en nuestro país muchos de estos conflictos tienen que ver con la actividad minera, el cambio de uso de suelo, la contaminación industrial, la introducción de semillas genéticamente modificadas, la deforestación, la generación de energía y la producción y extracción de energéticos, la redistribución del agua, entre otros procesos que suelen producir situaciones de injusticia ambiental.

La llegada al siglo XXI ha estado marcada por una amplia gama de movimientos locales y regionales centrados en la defensa comunitaria del territorio. En los últimos 10 años se han documentado al menos 200 casos de conflictos socioterritoriales por el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Un conteo más reciente que elabora el investigador de la UNAM, Víctor Manuel Toledo, es más escalofriante, pues identifica actualmente 450 conflictos socioambientales hasta febrero de este año (La Jornada, 10 de febrero de 2016).


En múltiples zonas del país podemos observar conflictos derivados del despojo legal o ilegal del agua a las comunidades campesinas para abastecer los enclaves residenciales en zonas periféricas de las grandes metrópolis. Ixtapaluca, Chalco y Tecamac son casos emblemáticos de este modelo de despojo en la zona centro del país, pero lo mismo podemos observar en Tuxtla Gutiérrez, Querétaro o Nuevo León.

El escenario que se prefigura en el futuro es un aumento en la presión sobre los bienes comunes naturales, como los bosques o el agua. Eso nos permite visualizar que la resistencia comunitaria en defensa del territorio es una etapa emergente en el movimiento campesino e indígena, pero también será de largo aliento. Si bien es cierto que muchas de estas luchas están dispersas, también se configuran en el mapa político diversas articulaciones regionales y nacionales. Por otro lado, también podemos ser testigos de la multiplicación inédita de una constelación de resistencias socioambientales comunitarias, las cuales no reivindican solamente la defensa de un territorio específico o de un recurso escaso, sino un modo de vida históricamente configurado.

Una de las luchas más emblemáticas en el escenario nacional es sin duda la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), que surgió hace más de una década para hacer frente a la injusticia socioambiental que se materializa en la contaminación del río Atoyac, que en su paso por Puebla y Tlaxcala se ha convertido en un cauce sin vida. Esta organización, surgida en el seno de la Pastoral Social y de Derechos Humanos, con el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos, ha nacido de la preocupación por los efectos en la producción campesina, en la salud comunitaria y, en general, en el medio ambiente que tienen por causa las descargas tóxicas de los corredores industriales Quetzalcóatl, Ixtacuixtla y San Miguel.

La CAV ha denunciado públicamente la devastación del río en diferentes instancias internacionales, como el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2006 y el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2011, los cuales han reconocido las implicaciones que tiene en la salud de los habitantes de esta zona la contaminación del río, determinando esta grave violación a los derechos humanos “como un gran desastre hídrico”. Una de las acciones más fuertes de la coordinadora ha sido la campaña “Luchamos por un Atoyac con Vida”, a través de  talleres, foros, pinta de bardas, posters, trípticos, así como la difusión del video “Nos están matando” (https://www.youtube.com/watch?v=BHBmVY7d1Zg), que documenta la situación que se vive en las comunidades afectadas por la contaminación del río. Las denuncias han estado respaldadas en las investigaciones del Instituto de Ingeniería y del Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, así como el Laboratorio de Análisis y Tratamiento de Agua Residual de la UAM–Azcapotzalco, que han mostrado la relación que existe entre la desaparición de la flora y la fauna del río, las enfermedades y su causa fundamental, que es la gran cantidad de tóxicos vertidos por los corredores industriales. Estos estudios han documentado, además, daños genotóxicos en todos los grupos de población, así como la presencia de compuestos orgánicos volátiles en el cauce del río, que sin darse cuenta, la población respira a diario.

Además de la denuncia, desde el año 2008 la Coordinadora ha emprendido la realización de diferentes ecotecnias, como biofiltros para tratar aguas domésticas, calentadores solares, cisternas captadoras de agua de lluvia, entre otras, con el objetivo de sensibilizar a la población y al gobierno de que es viable la utilización de tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente. La lucha no ha sido y no será fácil, pero hoy se alimenta también de las nuevas generaciones de jóvenes que promueven conciencia y amor por el río Atoyac, ese que ha sostenido la vida de decenas de generaciones. Luchas comunitarias como las de la Coordinadora por un Atoyac con Vida son un ejemplo claro de que la posibilidad de la reproducción de la vida comunitaria, humana y no humana se encuentra en el centro de la resistencia, defendiendo la vida desde la vida misma, frente al capital que se traduce en la muerte entrópica de todo lo que toca y transustancializa.