En el artículo anterior mencionamos que la consulta previa es un derecho de las comunidades, no sólo que pueden usar sino que debe usarse frente a la realización de proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y, al mismo tiempo, buscando anticiparse a los conflictos comunitarios.
En el presente artículo les compartimos como, ante la ausencia del Estado a través de sus instituciones para llevar a cabo estas consultas, son las propias comunidades las que se van organizando para establecerlas por la vía de los hechos a fin de determinar si se realiza alguna obra o no.
Desde el año 2012 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con base en engaños y artimañas, buscó convencer a pobladores de comunidades afectadas por el paso de un gasoducto para que vendieran sus tierras, haciéndoles creer que sus recibos de luz llegarán más bajos; lo cual es falso, ya que el gasoducto forma parte de un megaproyecto llamado “Proyecto Integral Morelos” que tiene como fin transportar gas natural con destino a La Huesca, Morelos, para producir energía con fines industriales.
El gasoducto tiene una longitud de 160 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas (aproximadamente 76 centímetros), el cual transportará 337 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. A su paso, atraviesa 24 municipios de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, algunas zonas densamente pobladas; también atraviesa por áreas de alto y mediano riesgo aledañas al volcán Popocatépetl.
Habitantes de las comunidades afectadas han señalado los riesgos de este proyecto: por ejemplo, en la comunidad de San Vicente Xiloxochitla su actividad económica se basa en la venta de tacos de canasta y para elaborarlos hacen uso de hornillas y estufas; en La Trinidad Tenexyecac la gente se dedica a la alfarería, por lo que para cocer el barro utiliza hornos, de hecho en esta localidad existen alrededor de 300 hornos que trabajan a temperaturas de 950 grados centígrados; en San Jorge Tezoquipan y en San Damián Texoloc se pretenden ubicar los ductos cerca de los planteles educativos. A las personas de estas comunidades también les preocupa el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos por la instalación de ductos y el hecho de que el gas natural no tiene olor ni color, por lo que temen no darse cuenta de cualquier fuga.
Ante la inconformidad de las comunidades y la ausencia de las instituciones públicas para garantizar la realización de obras con el consentimiento de las poblaciones, el pasado 9 de febrero se dio un hecho muy concreto en la comunidad de La Trinidad Tenexyecac para ejercer la consulta por la vía de los hechos.
A partir de las 9 y hasta las 15 horas celebraron la “Consulta Ciudadana” donde el 70 por ciento de quienes dieron su posición manifestó el rechazo absoluto a la construcción del gasoducto.
El ejercicio ciudadano realizado por estos pobladores encuentra sustento en la Constitución Política, pues recordemos que el artículo 2, inciso A, establece: “Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.
Queda asentado en el mismo artículo que “sin perjuicio de los derechos establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.
La Trinidad Tenexyecac ya ha dado su voz como comunidad para decir no al gasoducto, ahora veremos si las instancias de gobierno, así como las empresas, son capaces de respetar esta decisión o en su afán por respaldar a los megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, no respetan esta decisión y son generadores de mayor violencia hacia las comunidades.