El Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) fue víctima de 38 movimientos bancarios “no reconocidos ni autorizados” por alrededor de 50 millones de pesos en el mes de noviembre de este año, por lo que el 15 de ese mes dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para abrir una carpeta de investigación a efecto de desahogar las indagatorias correspondientes.
Con base en documentos a los que tuvo acceso La Jornada de Oriente, el 13 de noviembre de 2018 la jefatura del departamento de administración del ITIFE reportó a la directora del instituto “anomalías que se suscitaron con una institución bancaria”.
Y es que el 9 de noviembre, la jefatura del departamento de administración tuvo problemas al intentar realizar una transferencia para una publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que llamó a los ejecutivos del banco, sin que hubiera solución alguna y, por tanto, no se pudo realizar la operación.
Para el 12 de noviembre ingresó a la banca en línea, con usuario, contraseña y token, y arrojó error, por lo que se le pidió sincronizar el token y pudo ingresar a la banca. Posteriormente, alrededor de las 13:40 horas, recibió llamada del banco, informando que habían detectado fallas e intentos fallidos para acceder al sistema, por lo que se requería realizar una actualización, pidieron no accesar a la banca para poder llevar a cabo la restauración de dicho sistema, la cual duró varias horas.
El 13 de noviembre, se recibió una llamada al departamento administrativo por parte del banco para preguntar si se autorizaba una transferencia por más de 4 millones de pesos, por lo que la respuesta fue negativa, ya que se desconocía dicha situación y se pidió hacer la aclaración correspondiente.
El personal administrativo del ITIFE accedió a la banca digital y se identificaron 38 transacciones realizadas no reconocidas ni autorizadas de la cuenta bancaria del ITIFE por más de 50 millones de pesos, a cuentas bancarias de otros bancos en otros estados de la República, a través de las cuales se pagaron vehículos y se hicieron traspasos por diferentes cantidades económicas.
Tras identificarse esos movimientos, el ITIFE exigió el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias para proteger el resto de los recursos para la construcción de obras de infraestructura educativa, petición que fue atendida con varias horas de retraso.
Además se requirió a la institución bancaria el desglose y origen de cuentas de dichas operaciones no reconocidas, pues por cada operación el corporativo bancario notifica vía electrónica del movimiento realizado, pero en este caso no sucedió así, aun cuando los montos de dichas operaciones eran elevados.
Por ello, la autoridad judicial realiza las investigaciones para conocer el origen y destino del delito que podría considerarse como fraude. De este hecho tiene conocimiento la Contraloría del Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y el gobernador Marco Mena.