Inseguridad, pretexto para la opacidad

La Ley de Responsabilidades de los Servidores para el Estado de Tlaxcala establece en el artículo 77 que éstos tienen la obligación de presentar declaración de su situación patrimonial.

Esta disposición incluye a servidores de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y  Judicial. Sin embargo, no existe una legislación que los obligue a hacerla pública, por lo que este acto de transparencia solamente se circunscribe a una decisión de buena voluntad.

La clase política tlaxcalteca ha encontrado el argumento perfecto para no dar a conocer a la sociedad su estado patrimonial: “por cuestiones de seguridad”; de ahí que nunca sabemos  con cuánto llegan al asumir un cargo; por ejemplo, cuáles son sus bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y otras pertenencias.


Peor aún, mucho menos se conoce con cuánto se van. Si la corrupción y el enriquecimiento ilícito no fueran problema en este país, la importancia de hacer pública la declaración patrimonial de losservidores públicos y de nuestros representantes populares, no tendría tal relevancia.

Tampoco la tendría si la política no fuera el mejor negocio para muchos que la ejercen y si la ciudadanía conociera con claridad el manejo de los recursos públicos, como los que los diputados locales reciben para gestión social.

La falta de transparencia en esta materia sólo alimenta especulaciones. Cuando un gobernador concluye su mandato se genera una serie de rumores sobre propiedades adquiridas en otros estados, incluso en el extranjero, como producto de un supuesto saqueo del erario para engrosar su patrimonio personal, o sobre estratosféricas ganancias para alcaldes a través de licitaciones de obras amañadas.

La ciudadanía tlaxcalteca esperaría de las y los próximos representantes populares, que serán electos el 5 de junio próximo, mayor transparencia, palabra que hasta ahora sólo ha servido para embellecer discursos. Si los paraliza el temor a la violencia e inseguridad para dar a conocer su situación patrimonial, podrían revalorar su aspiración a la vida pública; no se expongan y mejor protejan sus bienes e integridad.