Ingenuo pensar que nuevas leyes acabarán con la cultura de la corrupción

Ingenuo pensar que nuevas leyes acabaran con la cultura de la corrupción

Ingenuo pensar que nuevas leyes acabarán con la cultura de la corrupción. La corrupción es un hecho. El presidente Peña Nieto señala que es parte de la cultura. El ex gobernador Ortiz Ortiz califica de ingenuo pensar que con nuevas leyes se acabará con este tipo de prácticas.

Algunos organismos empresariales y de la sociedad civil en la que confluyen integrantes de los mismos grupos o gremios, reclaman la tardanza del Congreso local en aprobar la reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción. Y demandan agilizar la creación de leyes secundarias.

El Congreso local responde que no hay prisa, prefieren esperar lo que ocurrirá en las otras entidades “para ver qué sirve y qué no sirve”. Ingenuo pensar que con ello se termina la discusión. Al contrario, abre la posibilidad de que en Tlaxcala el sistema anticorrupción adopte características que lo distinga de los otros.


En busca del sistema anticorrupción

Al anotar en google “corrupción en México”, en 91 segundos se obtienen 486 mil resultados. Si se anota “anticorrupción en México” los resultados se reducen a 184 mil. Es decir, la anticorrupción representa el 38 por ciento de la corrupción. Solo en referencias.

El 18 de julio de 2016 se aprueba la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una comisión de nueve miembros; cuatro propuestos por organizaciones de la sociedad civil y cinco por instituciones de educación superior y de investigación eligen al comité ciudadano.

Como sucede con cualquier iniciativa, en Tlaxcala se reproduce el esquema federal. Tardan un año en discutir y aprobar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. El dictamen apunta: “El Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.”

Habría que subrayar que, en la entidad, no han existido movimientos con presencia sólida en el combate a la corrupción. Los que se han creado –Versus Corrupción, a barrer la corrupción– nacen bajo la sombra de la discusión nacional.

Algunas organizaciones, particularmente empresariales, han expresado que en las leyes secundarias y la selección de los miembros del comité ciudadano no meta las manos el Ejecutivo local. Ingenuo pensar que lo hacen sin intención gremial.

De ahí que surjan preguntas: ¿Cuál es la percepción que se tiene de la corrupción en Tlaxcala? ¿Qué impacto tiene en la vida de los tlaxcaltecas y hasta dónde el sistema estatal anticorrupción la evitará? ¿Cuáles deben ser los requisitos para quienes deseen participar del comité ciudadano del sistema estatal anticorrupción de Tlaxcala? Ingenuo pensar que…

La percepción de la corrupción en Tlaxcala

El primer estudio que se refiere a la administración de los recursos públicos y toca la corrupción es realizado en 1995. Se trata del estudio sobre competitividad elaborado por el Tec. de Monterrey (ITESM). Ahí se ubica a Tlaxcala en el lugar 22 y después cae al 25 (1997) y al 23 (1999).

En 2006 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) incluye la variable sistema “derecho confiable y objetivo” en el sistema de competitividad estatal. En razón de que “las prácticas corruptas generalizadas imponen una carga devastadora sobre la economía, al reducir la inversión y la competencia, y aumentar la economía informal.”

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG–2011) expone que el segundo gran problema que perciben los tlaxcaltecas es la corrupción con el 45.5 por ciento. El primero es el desempleo.

En el estudio del IMCO–2006 Tlaxcala queda en el último lugar. En 2012 se encuentra en el lugar 19 y en 2014 en el lugar 23. Nada de que enorgullecerse. En 2013 se publica la iniciativa de institucionalidad de los programas sociales. Esta se define por la presencia de reglas de operación, transparencia y rendición de cuentas, control y fiscalización y participación social. Los resultados no le otorgan a Tlaxcala ni una sola calificación aceptable.

En 2015 la corrupción baja al tercer lugar y le antecede desempleo e inseguridad y delincuencia. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2016) muestra que el 39 por ciento percibe que la corrupción está presente en la vida cotidiana. Los motivos principales se producen para agilizar trámites, pagar menos impuestos, evitar multas u obtener licencias.

A pesar de toda esta información, las iniciativas presentadas por los partidos políticos en el Congreso jamás lo mencionan y prefieren hacer elucubraciones a nivel internacional. Ingenuo pensar.

Ingenuo pensar que nuevas leyes acabaran con la cultura de la corrupción

Existe suficiente evidencia empírica para concluir que México y Tlaxcala es una sociedad en donde la corrupción e impunidad son parte de las estructuras de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, para estar a tono con la gobernanza.

Se ha considerado que una de las vías para resolver el problema, es creando nuevas leyes, por un lado y por el otro, esperar un cambio a través de la educación. Lo cierto es que ambas son importantes, pero resultan insuficientes.

Valdría la pena mirar lo que han hecho sociedades que han avanzado de manera importante en el combate a la corrupción. En Italia, España, Colombia, Brasil, Guatemala, etc., hay un común denominador: la administración de la justicia.

El problema no es un asunto de normas. Hay muchas. El problema comienza cuando la ejecución se hace de forma arbitraria, pero sobre todo cuando los administradores de la justicia no hacen su tarea o lo hace de tal forma que genera una impunidad creciente.

De esto se han ocupado las sociedades que combaten con éxito la “corrupción y la impunidad”. Se vigila a quienes tienen la tarea de administrar la justicia, para que lo hagan y lo hagan con estricto respeto al Estado de derecho.

Para ello se requiere que la ciudadanía vigile el desempeño de la policía, de los ministerios públicos, de los jueces, de los magistrados, porque hasta ahora esa es un área fuera del escrutinio público.

Con sueldos estratosféricos, sin rendir cuentas a nadie, ni permitir la mirada ciudadana, con altos niveles de protección de la vida pública de sus integrantes. Lo que hace que no asombre el grado de nepotismo con que se integran los órganos jurisdiccionales.

No a los nominati de cualquier grupo o gremio

Una práctica común en la integración de los comités ciudadanos, es la discriminación. Todas las convocatorias refieren que hay que tener título para participar del proceso de selección. Esto podría cambiar en Tlaxcala.

El requisito de “experiencia verificable”, automáticamente elimina a muchas personas. Debe hacerse una convocatoria pública y quien desee participar sea capacitado antes del proceso de selección.

Se debe “gozar de buena reputación”, pero eso no se resuelve con la carta de antecedentes no penales, sino que debe contarse con reconocimiento público. La única vía es la evaluación por pares.

Todos los aspirantes a ser miembros del comité deben hacer pública su situación patrimonial, fiscal y de intereses. No cuando son designados, sino desde que se inscriban en el proceso y con información de los últimos tres años.

El trabajo en el comité no debe ser compatible con ninguna otra actividad remunerada o no remunerada. Ni siquiera la enseñanza o investigación. Quienes participan de la iniciativa privada debe retirarse de esa actividad y de sus acciones.

Los aspirantes también deben hacer pública su filiación política, pero no con documento alguno de afiliación, en Tlaxcala no hay registros confiables. La mayor parte no es afiliada, aunque participe en actividades políticas. Debe hacerse con un informe público.

En la administración pública es común observar las pertenencias familiares o políticas. Particular atención debe tenerse con quienes se han desempeñado en la administración de justicia. Los aspirantes de este sector deben separarse cuando menos con tres años de anticipación al proceso. Esto incluye a instituciones de educación superior.

Finalmente debe dejarse atrás el corporativismo. La participación debe ser una decisión individual. No deben aceptarse propuestas ni del gobernador, ni de los diputados, pero tampoco de las cámaras o asociaciones civiles. Hay que decir  no a los nominati de cualquier grupo o gremio.