En los últimos años se han mantenido índices altos de ataques y actos violentos hacia las mujeres y queda en la impunidad un gran número de éstos. Los espacios comunitarios, laborales e incluso en el hogar que bebería ser un espacio en el que las mujeres podamos sentirnos seguras, pero también se ha vuelto el más inseguro. Así lo dio a conocer la ONU en las últimas semanas de 2018, al referir que “el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres está en sus propios hogares, de acuerdo con un nuevo informe sobre homicidios en el mundo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.
Al analizar los datos, el informe indica que el 58 por ciento de todos los asesinatos de mujeres en 2017 fueron cometidos por parejas o familiares, lo que hace que el hogar sea el lugar más peligroso para las mujeresy las niñas, quienes conforman la mayoría de esas muertes. Para el caso de Tlaxcala, 2018 cerró con el mayor número de feminicidios en 10 años, siendo 18 los casos conocidos con evidentes características para tipificarlos por este delito; sin embargo, la rotunda negatividad que muestran las autoridades por iniciar carpetas de investigación como feminicidio y por acreditarlo es evidente. La falta de mecanismos de protección que garanticen la seguridad de las mujeres en el estado ha sido otra de las causas por las cuales se mantiene una violencia feminicida bastante alta y ante lo cual se desconoce la política pública que de manera efectiva genere una modificación a todas las expresiones de violencia que enfrentamos diariamente las mujeres.
El documento “Asesinato de género de mujeres y niñas”, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), señala que “las mujeres continúan pagando el más alto precio como resultado de los estereotipos de género y desigualdad”. En el segundo informe del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, no se da cuenta clara de cómo se ha hecho frente para disminuir justamente estas condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en ninguno de los programas se identifican propuestas que den paso a un cambio del pensamiento machista que impera en hombres y mujeres tlaxcaltecas; pareciera que ha sido el tema en el que menos interés se ha colocado para designar recursos humanos y económicos.
La violencia es un problema estructural y sistémico, que se mantiene sostenido por la impunidad, la misoginia y la discriminación hacia las mujeres y hacia lo femenino, reproduciendo y conservando situaciones de desigualdad y de riesgo para la gran mayoría de las mujeres en cualquier etapa de nuestra vida.
Ejemplo de esto es la reciente resolución que, a casi tres años de la desaparición de Karla Romero en San Pablo del Monte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno estatal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que atiendan una serie de recomendaciones a fin de subsanar el daño al cometer diversas irregularidades al atender el caso, evidenciando así la indebida aplicación de la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de menores desaparecidas. Este tipo de prácticas que de manera repetida viven los familiares de niñas desaparecidas, quienes se enfrentan al peso de prejuicios machistas de servidores públicos, marcan la pauta para perder tiempo en el rescate con vida de niñas y adolescentes.
Como bien comparte nuestra compañera Miriam, integrante de la Red Retoño, quien ha dado acompañamiento a la familia de Karla Romero Tezmol y con quienes presentamos la segunda solicitud de Alerta por Violencia de Género por desaparición y su relación con delitos como trata de personas, violencia sexual y feminicidio, “estas recomendaciones que hace la CNDH contradice lo que la Conavim dijo sobre que no veía que la desaparición en el estado fuera una problemática, y que ese argumento justificara no activar la alerta de género en Tlaxcala. Ahora, la recomendación reconoce a nivel nacional la problemática regional que está relacionada con un tema institucional de violencia feminicida”.
Nos parece inconcebible que a pesar de las evidencias que diversas organizaciones, activistas e incluso la academia hemos presentado durante más de 10 años sobre la grave situación de violencia feminicida que vivimos las mujeres, las autoridades mantengan una postura de minimizar el impacto que esta inseguridad social y machista tiene hacia la mitad de la población; Tlaxcala se mantiene visible no sólo a nivel nacional debido a las graves omisiones y falta de acceso a la justicia ante casos de violencia hacia las mujeres, sino que a nivel internacional se ha dado a conocer la falta de garantía para que las mujeres podamos vivir libres de violencia.
Hasta el momento se mantiene un panorama incierto de lo que el gobierno de Tlaxcala hará para disminuir esta situación de violencia que enfrentamos, se desconocen los mecanismos de protección de la vida de las mujeres, así como de la postura que tendrán las instituciones encargadas de procurar justicia a quienes han enfrentado cualquier modalidad de violencia y garantizar la no repetición, además de las instituciones autónomas, encargadas de vigilar el debido actuar para la atención, prevención y sanción de estos actos.
A menos de 10 días de haber iniciado 2019, ya se dieron a conocer dos casos de violencia de género que han finalizado en muerte; el primero en Tepetitla, de una mujer en una estética y otro en Contla de una mujer trans, de los cuales se desconoce a sus agresores y en ambos minimizando los hechos. No esperamos que siga la impunidad, no nos quedaremos pasivas mirando cómo este sistema feminicida nos sigue matando y negando nuestros derechos más fundamentales. Este gobierno tiene grandes pendientes, así como dar cuentas y respuestas no sólo a las instancias correspondientes, sino a las mismas mujeres que mantiene en riego, no aceptaremos más simulación a costo de nuestras vidas.