Impunidad espiral de la violencia de género

La realidad lacerante en que viven las mujeres y la lucha que han emprendido, hizo posible que la violencia que padecen sea reconocida en diferentes momentos de la historia. Tal es el caso de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará en 1994), Conferencia Mundial sobre la Mujer que se desarrolló en 1995, la creación de la NOM–046–SSA2–2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y la atención de 1999, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México en 2007 con la finalidad de que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencia en todos los espacios y etapas de su vida.

Estos documentos históricos, que representan el marco básico para que el gobierno en sus diferentes niveles garantice a las mujeres y las niñas el derecho a vivir libres de violencia, en la práctica no han generado cambios profundos frente a las violencias más extremas, pues en la cotidianidad seguimos viendo la desaparición, explotación y el feminicidio.

El informe del grupo de trabajo derivado de la solicitud de alerta de violencia de género mostró cómo las autoridades recurren a la conciliación –a pesar de que actualmente está prohibido en lo que respecta a la violencia hacia las mujeres–, aun cuando la vida de la víctima y su familia peligra. La razón para que no se recurra al concilio se basa en las relaciones de poder que se dan en la violencia, pues las partes no se encuentran en condiciones de igualdad emocional y psicológica para hacer una negociación y acuerdos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres víctimas de trata que han sido amenazadas, golpeadas y sometidas a infinidad de violencias física, sicológica y sexual, ¿cómo podrían estar en condiciones de conciliación?


La violencia hacia las mujeres, desafortunadamente, no solo es un hecho que ocurre en los espacios externos, también ocurre en espacios cercanos como la familia. La NOM 46 señala que la violencia familiar “es un problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos”. En varios medios de comunicación se reveló que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud a nivel federal reportó que de enero al 10 marzo de 2018 se han registrado 79 casos de violencia familiar en Tlaxcala, de los cuales solo tres son hacia hombres. Eso quiere decir, que casi todos los días una mujer fue identificada en el sector salud por haber vivido violencia en su familia. Si a eso le sumamos todos los demás registros de violencia en otras dependencias el número de mujeres sería más amplia.

Los hechos de violencia que vemos constantemente en diferentes espacios confirman que la existencia de un amplio marco jurídico en el que se defienden los derechos de las mujeres es inoperante, confirman que la impunidad de las autoridades termina siendo un aliciente para la mentalidad machista en la concreción de sus violencias. Si una persona ve que ante la comisión de delitos la probabilidad de ser sancionado es mínima, que el riesgo de recibir castigo es muy poco probable, entonces es más probable que sienta la libertad de violentar a otra persona.

La impunidad no debe entenderse sólo como el hecho de no aplicar el castigo a los violentadores, también implica el hecho de no implementar políticas para prevenir la comisión de estas conductas y la protección hacia las víctimas y sus familias. El hecho de que las autoridades no protejan a las mujeres que viven violencia las sigue manteniendo en vulnerabilidad ante sus violentadores; por otra parte, la falta de políticas públicas que prevengan la construcción de masculinidades machistas, explotadoras y consumidoras permite la reproducción de los violentadores.

La impunidad establecida como actitud sistemática de las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno por varias décadas, lo convierte en el principal responsable de la grave situación que actualmente se vive respecto a la desaparición, feminicidio y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es necesario que los diferentes órdenes de gobierno y los diferentes niveles asuman su responsabilidad frente a esta grave problemática, de lo contrario la espiral de la violencia puede seguir incrementándose.