Impunidad e imposición del gasoducto

Ofelia Juárez Piedras

Ante el inicio de los trabajos de la maquinaria de la empresa Bonatti, en San Vicente Xiloxochitla, Natívitas, el pasado 17 de septiembre, los habitantes hicieron del conocimiento de los trabajadores el acuerdo de la Asamblea Comunitaria en la cual se rechazó la construcción del Gasoducto Morelos en esta localidad.

En este hecho, personal de la Secretaría de Gobierno del estado de Tlaxcala se portó tajante y prepotente con la comunidad, imagen que ha dejado mucho que desear, al igual que la presente administración. También estuvo presente un representante de la Procuraduría Agraria, el presidente de comunidad, el comisariado ejidal, al lugar asistió también un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien se encargó de recabar los hechos violatorios de los derechos de los integrantes de la comunidad.


En presencia de las autoridades mencionada se solicitó fueran presentados los permisos de construcción, uso de suelo, a lo que Rodolfo  Martínez, representante de la Secretaría de Gobierno, accedió a presentarlos. Es importante señalar que en dichos permisos no se encontraban los permisos de aceptación por parte de la comunidad, eso deja ver la impunidad en la construcción del proyecto y la falta de respeto a las decisiones de los pueblos.

Ante la demanda comunitaria para detener el trabajo de las máquinas, el presidente de comunidad sugirió exponer las inconformidades ante las instancias correspondientes, lo que muestra el desconocimiento de sus facultades para detener la imposición del proyecto, puesto que no hay un acuerdo a favor de la construcción del gasoducto por parte de la comunidad de San Vicente.

Al día siguiente se presentó un número desproporcionado de  integrantes de la policía estatal, todos ellos con equipo antimotín y algunos con gas lacrimógeno. Lo particular de esta ocasión es que entraron al ejido de San Vicente Xiloxochitla, lo cual no está permitido por la naturaleza comunal del mismo. Recordemos que en las asambleas ejidales que se han llevado a cabo para la discusión y toma de decisiones, se ha negado el paso del proyecto, así como de las diversas obras que se les han ofrecido a cambio del permiso.

Por otra parte, las empresas no han proporcionado información real del proyecto y este hecho es violatorio al derecho a la información de los pueblos. La obligación por parte de las empresas gestoras y constructoras del proyecto es la de informar previamente a la entrada del  mismo y dar la información conforme a sus usos y costumbres, lo cual nunca sucedió. Por ello la obra nos permite ver el grado de permisibilidad que ha tenido este proyecto, imponiéndolo a las comunidades con el argumento del desarrollo y la generación de empleos para el pueblo, cuando en realidad todo se basa en los convenios que se tienen con empresas extranjeras, tanto para el financiamiento como para estructuras de extracción, transportación y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Cuando la Comisión Federal de Electricidad se vea imposibilitada de pagar dicho proyecto, las empresas financiadoras serán las poseedoras de todo ello; o en caso de no obtener las ganancias proyectadas, el pueblo mexicano se verá obligado a pagarlo mediante los impuestos. Pagaremos algo que nunca solicitamos, de lo que no fuimos consultados, ni mucho menos tomados en cuenta, ni se beneficia la comunidad en nada.

La imposición del proyecto muestra que en diversas comunidades, entre ellas San Vicente Xiloxochitla, existen diversas afectaciones, no sólo por los distintos riesgos que traerá consigo el trazo del proyecto, la cercanía con las comunidades, la devaluación de tierras, la extracción de aguas, derribo de árboles que habíamos visto crecer, las comunidades se están fragmentando, están dañando la convivencia, la armonía, la solidaridad y la fraternidad de las personas que viven en ellas.

Las comunidades son golpeadas por los megaproyectos, este no es el único pero si es el primero que lleva consigo un riesgo alto para todos. La comunidad de San Vicente Xiloxochitla no pide desarrollo, ni empleo, mucho menos obras pagadas con inversiones extranjeras y con el condicionamiento que se ha venido manejando. Pide tranquilidad,  no ser molestada, respeto a sus decisiones de asamblea, respeto a las autoridades ejidales, respeto a la naturaleza, pide respeto para la comunidad.

El desarrollo es hecho por nosotros y para nosotros, nuestro desarrollo está en la siembra y cosecha del campo, en la preservación de nuestra cultura, en la preservación de las costumbres y tradiciones que han sido heredadas de nuestros antepasados y se deben trasmitir a las generaciones futuras; el amor a la tierra, al agua, el respeto a la naturaleza, el  valor y significado de las tradiciones, la valorización de los trabajos artesanales, la honorabilidad y responsabilidad que conlleva asumir cargos en la comunidad.

Pero  de qué manera se preservará en un futuro todo lo que fortalece y da identidad, si cada vez se ven más despojos, impuestos con mentiras y engaños, despojo de la tierra, del agua, de la naturaleza, del medio de vida; la comunidad y convivencia que se tenía antes de que llegaran a imponer este proyecto, lo cual hace sentir a la población defraudada por las autoridades corruptas, ya que hasta el día de hoy no han tenido respuesta de ninguna autoridad; se sienten agredidos por los granaderos por las actitudes prepotentes, groseras y provocativas.

El pánico se vive en las calles y en el campo por la presencia de la policía; los niños y ancianos viven con miedo de salir. Es urgente que el gobierno federal permita el acceso a la “justicia y respeto” ante los atropellos que llevan a cabo las empresas trasnacionales.

 




Ver Botones
Ocultar Botones