Imposible el saneamiento sin participación ciudadana

Una nueva simulación gubernamental se está cocinando para la restauración ecológica de la cuenca Atoyac–Zahuapan. Por más de un año ya, organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local hemos demandado la conformación de un Grupo Interinstitucional que se encargue del diseño e implementación de un Programa Integral de Restauración Ecológica de la cuenca del Alto Atoyac, que conduzca al cumplimiento de los más de 100 puntos recomendatorios dirigidos a las autoridades federales, estatales y municipales por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación 10/2017.

La razón por la cual hemos demandado la conformación de este Grupo (o para el caso, de un mecanismo específico para dar cauce efectivo y eficaz a este punto de la Recomendación de la CNDH) tiene que ver con el hecho –evidente–, de la enorme complejidad técnica, política, económica, social y cultural del procesode restauración de una cuenca en la que habitan más de 2 millones de personas y en la que operan miles de empresas industriales y comerciales, de todos tamaños y ramas industriales, que vierten residuos tóxicos en los ríos, los drenajes municipales, los suelos y el aire, y donde también se realizan otras actividades (agropecuarias, domésticas y públicas) que también producen efectos dañinos en los ecosistemas y que requieren de una intervención concertada de todos los sectores de la sociedad para resolver una crisis que ya destruyó la flora y la fauna de los cauces de los ríos, pero además está destruyendo, día a día, la salud y la vida de innumerables personas que habitan y transitan por la cuenca.

La restauración ecológica de la cuenca Atoyac–Zahuapan es una gigantesca tarea que requiere, además de la acción decidida de todas las instancias del Estado, de la participación activa y consciente de las comunidades, los ejidos, la iglesia, las universidades y la ciudadanía, no sólo de las cúpulas empresariales y unos cuantos funcionarios públicos que decidan gastar recursos públicos en acciones inconexas, ineficaces y costosas que, a la larga, producirán el mismo fracaso que los dos planes previos de restauración, en 2005 y 2011.


En el fondo, lo que está en juego es no sólo la posibilidad de devolverle la vida a una cuenca destruida materialmente por la aplicación de una política que pregona el progreso como asociado a la instauración de muy lucrativos procesos industriales en zonas en las que no existen condiciones ambientales para soportar tales niveles de depredación y cuya justificación se centra en el argumento de la “generación de empleos”, como si la destrucción de la salud y los ecosistemas fuese sólo un asunto de “costo–beneficio”, argumento preferido por los funcionarios públicos, acostumbrados a trasladar el costo ambiental y de salud sobre las espaldas de los pobladores de las comunidades.

En la lucha por la restauración de la cuenca Atoyac–Zahuapan también está en juego la posibilidad de que otras cuencas ribereñas del país sean restauradas para beneficio de decenas de millones de mexicanos. Esto lo entiende bien el gobierno federal y, por ello, pretende montar una nueva simulación para responder a la Recomendación de la CNDH.

La Conagua sabe que, una vez abierto un proceso participativo para la obtención de una justicia ambiental y social negada por décadas a los pueblos afectados, la exigencia se hará nacional y masiva, porque el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas son ya epidemia en muchas cuencas del país y las organizaciones y comunidades que defienden los derechos ambientales de los pueblos de México están dialogando, recordando y construyendo argumentos, propuestas y, por qué no, denuncias y procesos jurídicos para abrir la inmoral coraza del gobierno mexicano que alega falta de recursos para atender la catástrofe de derechos humanos en el país, pero derrocha miles de millones de pesos en campañas publicitarias para aleccionarnos sobre las maravillas de la arquitectura de la impunidad (como la llama el jurista vasco Juan Hernández Zubizarreta) que han construido gobiernos como el de Peña Nieto durante los últimos 35 años. En los tiempos electorales que corren, la ciudadanía tendrá que valorar también si los gobiernos en turno actuaron adecuadamente para atender la crisis ambiental y de salud en la cuenca Atoyac–Zahuapan y emitir su voto en consecuencia.

En la óptica oficial, la intervención social, ciudadana y popular en este asunto (como en muchos otros), debe estar circunscrita al papel que el gobierno quiere que desempeñemos (“calladitos se ven más bonitos”). No obstante, los ciudadanos nos hemos vuelto rejegos y como que ya no creemos en los discursos fáciles de compromisos vagos y vigilancia nula. La razón es simple: son las familias y las comunidades ribereñas quienes viven la tragedia cotidiana de buscar costosos tratamientos médicos para padecimientos cuya incidencia ha proliferado por la impunidad de que gozan los responsables de la contaminación de la cuenca, facilitada por la conducta desviada de las autoridades de los tres niveles y los tres poderes del Estado. La simulación oficial (y la impunidad que ésta propicia) están costando vidas, no sólo votos. Ya es tiempo de que, en materia ambiental y de salud, las autoridades actúen con visión de justicia y no de negocios.

La Pastoral Social de la diócesis de Tlaxcala discutirá estos temas en el VI Congreso Diocesano de Medio Ambiente, a realizarse el próximo lunes 4 de junio en el Centro de Capacitación Luis Munive y Escobar, a un costado de la Basílica de Ocotlán.