ICELA, la respuesta contra la privatización del agua

¿Qué hacer ante la contradicción legislativa en cuanto a los términos bajo los que actualmente se considera y garantiza al agua?

“¿Quién produce el agua?, entonces ¿por qué lo quieren privatizar?”, preguntó Gerardo Pérez Muñoz y un silencio hubo en la audiencia. “El agua es un derecho, no una mercancía” afirmó, y así dio inicio el foro ciudadano convocado por la Asamblea Social del Agua (ASA) en la Casa de las Culturas Contemporáneas de la BUAP en conmemoración del Día Mundial del Agua.

¿Cómo va la lucha por la defensa del agua en México?Con motivo de promover ICELA, la Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley del Agua para el Estado de Puebla, el defensor de los derechos de los pueblos originarios, Peréz Muñoz, recordó y señaló con detenimiento el marco actual bajo el que se encuentra la lucha por la defensa del agua que se está gestando en los distintos estados de la República.

Por su parte, Octavio Rosas Landa, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, puntualizó la necesidad de cambiar el régimen jurídico bajo el cual ejercemos nuestros derechos fundamentales; porque tenemos un Estado al que cuando “las leyes lo obligan a proteger los derechos de las comunidades y de las personas, no hace absolutamente nada”. Situación que el activista denomina como el “desvío del poder”: cuando todas las leyes y todas las instituciones están diseñadas y estructuradas de tal manera, que sólo protegen derechos o privilegios privados. “Porque el interés y el derecho público están siendo destruidos y atacados con las leyes. Entonces ahora se violan derechos aplicando la ley, no violando la ley.” De ahí la pertinencia de la iniciativa y repolitización ciudadana.


Bajo el contexto actual, cuando el Congreso está discutiendo la Ley General de Aguas, también conocida como Ley Pichardo (continuación de la Ley Korenfeld que se intentó aprobar en 2015), con la que buscan acaudillar la extracción de gas natural mediante el desperdicio de entre 8 y 14 millones de litros de agua limpia por un pozo que tendrá una vida útil de seis años; cuando el negocio conocido como Fracking (prohibido en Alemania, Francia y España por sus implicaciones a la salud y al medio ambiente) se está volviendo en México una realidad, y detenerlo, un anhelo que se dificulta cada vez más con la creación de legislaciones como la Ley de Seguridad Interior que, en palabras de Rosas Landa, “tan sólo sirve para garantizar la seguridad económica de las denominadas zonas especiales”; es cuando más se necesita de una coordinación ciudadana que incite a la acción.

¿Qué es ICELA?Así, fue la ASA quien se dio a la tarea de crear una iniciativa que implementara las bases, actividades y modalidades que logren garantizar el acceso equitativo y uso sustentable del agua mediante una coadministración pública, ciudadana, y comunitaria del agua y las cuencas: ICELA.

Jorge Eduardo Morales Sierra, académico de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), sostuvo que con la aprobación de esta ley, se daría el primer paso en la concordancia del Artículo 4º de la Carta Magna, con el Artículo 12º de la Constitución Política del Estado de Puebla y los acuerdos internacionales de los que México forma parte; porque existe una contradicción legislativa en cuanto a los términos bajo los que actualmente se considera y garantiza al líquido.

Jorge Eduardo explica una las razones por las que hoy en día sea “imposible una gestión del agua coordinada”: en el Artículo 4º de nuestra Constitución, al agua se le otorga la condición de derecho humano; mientras que en la Ley de Aguas Nacionales impulsadas para la privatización del mismo en 1992, ni siquiera es mencionada esta característica inherente al recurso natural. Sin embargo, ¿cómo es posible que tal omisión haya tenido cabida dentro de la ley? Por el contexto mundial en el que fue formulada: bajo el marco de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) que se mantuvo en Dublín ese mismo año; una conferencia en la que Jorge Eduardo lamenta que la ontología del líquido haya pasado de ser un bien común a un bien económico por tratarse de una fuente finita.

Entonces tenemos un derecho fundamental inherente al ser humano que no obstante, se encuentra regulada bajo términos comerciales por leyes que en esencia son anticonstitucionales por entrar en contradicción con el Artículo 4º constitucional. Sería pertinente cuestionar: ante esto ¿cómo se está vinculando la ciudadanía?, ¿dándole el peso a la autoridad? o ¿cerrando los ojos?

La ASA se pronuncia:

“La ciudadanía organizada en la Asamblea Social del Agua y en Agua para Todos Agua para la Vida, hacemos un llamado al pleno del congreso del Estado de Puebla para que haga efectivo un exhorto al Congreso de la Unión para que no apruebe una ley de agua como la denominada “Ley Pichardo”, dado que persigue la privatización del agua en el país contraviniendo lo establecido en la Constitución Federal en el Artículo 4º que consagra el agua como un derecho humano. Y para que se acuerde establecer un proceso democrático y participativo en donde se considere la iniciativa ciudadana de agua impulsada a nivel nacional por un esfuerzo ciudadano y comunitario.”