El Consulado de El Salvador denunció que la resistencia de funcionarios mexicanos a resolver el problema migratorio irregular en ocasiones coincide con propósitos de grupos delincuenciales y que la reducción de vigilancia en puntos de inseguridad facilita la implantación de estructuras criminales “muy peligrosas” en indocumentados centroamericanos, asimismo, advirtió del riesgo que existe considerar a este fenómeno social como un problema de seguridad nacional.
Alfredo Díaz Barrera, diplomático de ese país, expuso esta situación en el Foro Público de Discusión sobre el Fenómeno Migratorio en Puebla y Tlaxcala, en el que organizaciones civiles también alertaron que ambos estados “ya son” sitios peligrosos para migrantes ante la ausencia de políticas públicas a favor de este sector vulnerable.
En este encuentro de autoridades internacionales y estatales, con asociaciones civiles encabezadas por la organización Un Mundo Una Nación, el cónsul general de El Salvador repudió: “no hay modelo de crecimiento económico más perverso que el basado en expulsar migrantes para que después envíen dólares a sus familias, pues disminuyen presiones demográficas para oportunidades de empleo”.
El representante de ese país en México también criticó que algunas naciones centren la migración forzada con el propósito de convertir al migrante en emisor de remesas.
Reconoció que México ha cumplido los tratados signados en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la nueva Ley de Migración, pues ha seguido los protocolos en la mayoría de los casos para devolver a salvadoreños a su país de origen.
En este foro efectuado en un salón anexo a la basílica de La Misericordia, en la ciudad de Apizaco, Alfredo Díaz puntualizó que la migración irregular no es delito sino una falta administrativa, pero que ha conocido a funcionarios y policías que no lo ven así.
El canciller señaló que en el camino hay acechanzas que deben ser estudiadas, como las referentes a las de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas, lo que –subrayó– “sí es un ilícito”.
Además, puntualizó que ello ha dado lugar a que en el flujo de centroamericanos indocumentados se sobrepongan otras corrientes que tienen que ver con el contrabando de armas, drogas y mercancías; secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, trabajo infantil, así como explotación sexual y laboral, “con los propósitos más perversos que puedan existir”, pues se aprovechan de la vulnerabilidad de migrantes.
El cónsul expuso que lo ideal sería que en los gobiernos estatales y municipales, el migrante se convierta en un sujeto sobre el que se ejerzan políticas públicas, leyes y presupuestos. Sin embargo, apuntó que la resistencia de funcionarios “a veces coincide con propósitos de grupos delincuenciales”, por lo que el fenómeno se vuelve mucho más difícil de resolver.
Preguntó quién forma a las policías estatales y municipales, ya que en ocasiones éstas responden “qué quieren que haga si ellos (los criminales) conocen a mi familia. Por eso –agregó–, un montón de autoridades pueden reaccionar muy poco sin exponer su propio interés y seguridad”.
Resaltó que el tránsito de menores no acompañados ha incrementado; que persiste una cultura de discriminación y que hay migrantes irregulares VIP, pues “en el tramo centroamericano hacia Norteamérica, no sabemos cuánto han pagado” para cruzar fronteras.
Refirió que hay un subregistro del paso de centroamericanos indocumentados, pues sólo se localizan cuando sufren un accidente, son repatriados, mueren o si son arrestados y acusados “de la santigüidad de los fiscales, porque –anotó– hacen en la frente la de la delincuencia organizada; a la izquierda, la de la portación de armas del Ejército, y a la derecha, la del delito del secuestro, y a veces, más abajito, les pueden poner otro”.
Dijo que las y los migrantes “estarán seguros cuando México sea seguro” y aseveró que no deben ser considerados delincuentes ni enemigos de la sociedad, aunque, advirtió del riesgo que se corre ante la percepción de algunos funcionarios de que la migración irregular es un problema de seguridad nacional, pues el siguiente paso es que sean considerados adversarios del Estado.
En tanto, diversas organizaciones civiles de Puebla y Tlaxcala cuestionaron la falta de políticas públicas en estas entidades para atacar la migración forzada; demandaron una revisión al marco legal en la materia y su reglamentación. Reiteraron su petición para quela empresa Ferrosur retire las barreras de cemento colocadas en las vías del tren en el tramo Apizaco.
Exigieron respeto a los derechos humanos de este sector; establecer mesas de trabajo con familiares de migrantes y crear un programa estatal en Tlaxcala, así como fondos.
A su vez, el titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) en Tlaxcala, Roberto Sánchez Hernández, habló de los avances en esta materia, pero reconoció que hay pendientes.
La activista Coral Ávila, moderadora del foro, lamentó que algunos funcionarios desdeñaran la invitación a participar, entre ellos, el alcalde de Apizaco, Orlando Santacruz Carreño.