Han sido inhabilitados 30 servidores públicos: Contraloría del Ejecutivo

En lo que va del año, la Contraloría del Ejecutivo del estado (CE) ha inhabilitado a alrededor de 30 servidores públicos, de los cuales ha suspendido a aproximadamente ocho, informó la titular de la dependencia, Maricela Escobar Sánchez.

“Ellos tienen derecho de presentar algún recurso o amparo y todos los elementos jurídicos que les sean necesarios para poder combatir las resoluciones que emitimos, pero sí, estamos trabajando de una manera muy responsable en ello”, afirmó.

Algunos de estos procedimientos administrativos se han iniciado por violar la normatividad o porque no se ha dado cumplimiento fiel a una disposición específica para el desarrollo de algún programa. Se trata de personal de dependencias con un número mayor de servidores públicos o que por su tamaño tienen una actividad cotidiana, entre ellas las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE) y la de Salud (Sesa), indicó.


Invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que generen alguna inconformidad por la atención recibida, a efecto de que la Contraloría le dé seguimiento a esos casos de mala calidad y deficiencias en el servicio.  Señaló que los procedimientos son cotidianos en la actividad de la CE y que hasta el momento entre 60 y 70 han quedado con una resolución firme, ya sea de suspensión, amonestación o inhabilitación.

“En ocasiones no hay elementos para poder elevarlos como tales a una responsabilidad y solamente quedan en queja o denuncia, pero se debe ser cuidadoso en las pruebas que puedan aportar para no violentar las acciones que se tomarán”, agregó.

Sobre las cuentas públicas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Educativa (Itife) relativas al ejercicio fiscal 2017, reprobadas por el Congreso local la semana pasada, la funcionaria dijo que una vez que la CE reciba notificación oficial, efectuará las investigaciones correspondientes para determinar si finca o no responsabilidad administrativa.

“Tenemos que ser prudentes de acuerdo a la normatividad y a todas las pruebas que pudieran aportarse o las tendientes a desvirtuar los hechos consignados”, dijo Maricela Escobar Sánchez al tiempo de puntualizar que no existe plazo para emitir una resolución, pero no descartó la posibilidad de separar del cargo algún servidor público si las indagaciones lo inculparan.

Respondió que en algún momento supo sobre esas irregularidades señaladas por las instancias fiscalizadoras, pues “a veces vamos acompañando o teniendo conocimiento porque vamos compartiendo información al respecto, pero no es responsabilidad de la Contraloría del Ejecutivo hasta que no exista una resolución como tal”.