GUEPT demanda legislar para sancionar la venta y el consumo de combustible robado

La presidente de la GUEPT, Luz María Jiménez Almazán lamentó que haya poblaciones enteras que se dedican al robo de combustible y que se haya “contaminado a familias completas”. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

La presidente de la asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán llamó a los legisladores a que dejen su apatía y cómodo calendario de trabajo para ser más productivos, de manera que “no sólo castiguen y sancionen el delito de extracción y robo de combustible, sino también sancionen la venta de combustible ilegal y el consumo, porque si no cerramos el círculo y se da un castigo al que lo da, al que lo vende y al que lo consume, será difícil terminar con este problema”.

Además, admitió que los gasolineros no albergan esperanzas de que mejore la complicada situación que enfrentan por las bajas ventas en el primer cuatrimestre de 2017, pues “es ingenuo pensar que el robo de gasolina en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se gestó durante años, se resuelva por arte de magia, es muy ingenuo pensar que un operativo, dos operativos, 500 militares, mil militares, hagan el cambio radical en solo unos días, esto va a tomar mucho tiempo”.

Jiménez Almazán agregó que hoy en día hay “poblaciones enteras que se dedican al robo de producto, han contaminado a familias completas, incluso a los niños, hoy están involucrados en este delito y todas esas personas que abandonaron su tradicional actividad en la siembra, en el campo, van a tener que orientarlas, reeducarlas, para que se integren a la economía formal, al trabajo legal y eso no se va a dar de la noche a la mañana”.


Refirió que el panorama “es muy triste, me parecía un delito deleznable el robo del producto, pero cuando hemos visto que hoy utilizan a los niños para alertar a los que perforan los ductos y los utilizan para vender el producto robado en los tianguis de Huixcolotla, de El Carmen Tequexquitla, de Tecamachalco, de Tepeaca, sólo por poner algunos ejemplos, aparte de un delito me parece un crimen, le han perjudicado la vida a esos niños y esperemos que ese daño no sea permanente y que los puedan reintegrar a una vida sana, recta, honesta, para que en su vida adulta hagan trabajos legales, pero sé que eso va a ser difícil porque si esos niños ganan 15 mil pesos al mes, sólo por dar un aviso, imagínense si van a otro lugar a trabajar ocho horas diarias para ganar 6 mil pesos”.

Por ello, Jiménez Almazán expuso que “todos tenemos que poner de nuestra parte, los gasolineros hacemos un llamado a los legisladores para que dejen su apatía y cómodo calendario de trabajo para ser más productivos y no sólo castiguen y sancionen el delito de extracción y robo de combustible, sino también sancionen la venta de combustible ilegal y el consumo porque si no cerramos el círculo y se da un castigo al que lo da, al que lo vende y al que lo consume, será difícil terminar con este problema”.

Refirió que por el robo de combustible y las bajas ventas hay 15 establecimientos en riesgo de que puedan cerrar.

“El problema no es solamente el huachicol, que es una palabra que salió hace muchos años para denominar al combustible que mezclaban con petróleo, con combustóleo, y por eso le pusieron huachicol porque era una mezcla de todo”, dijo.

“De lo que estamos hablando hoy es de producto robado, son productos que pudieran ser puros sin contaminantes, porque se extrae de los ductos, entonces de lo que hablamos es de producto robado y este producto robado que se vende de manera ilegal perjudica tanto a la empresa legalmente establecida, como es la gasolinera, como a la Federación, a los municipios y a los estados porque recordemos que el producto que se vende en una estación de servicio paga una barbaridad de impuestos, casi el 70 por ciento del precio del producto corresponde a impuestos federales y estatales, ecológicos, etcétera, entonces la Federación deja de recibir miles de millones de pesos producto de los impuestos que se recaban por la venta de combustible, no lo puede repartir con los estados y, a su vez, el estado con sus municipios, el daño es en cadena”.

De las gasolineras en riesgo, dijo, ninguna pertenece a Tlaxcala, aun cuando hay estaciones a las que se les disminuyó las ventas al límite verdaderamente alarmante de 4 mil litros al mes.

“Por los compromisos que tienen con el banco, con Pemex, con la población a la que sirven, no han manifestado su intención de cerrar, pero desgraciadamente en Puebla, en la zona que tenemos de mayor conflicto, como en Quecholac, en Tecachamalco, ya no les queda otra porque prácticamente se les redujo la venta a 2 mil litros; una gasolinera que está en Alchichica, Puebla, que no está en la zona de conflicto, de todas maneras ha salido perjudicada por la venta clandestina de combustible en carreteras, por lo que sale más caro seguir operando que cerrar”.