Grupos de autodefensa

Un maestro me decía en la preparatoria que el orden en una sociedad se rige con base en leyes y normas, así que su respeto irrestricto no da pie a que haya desorden o problemas.

La semana pasada se anunció con bombo y platillo la integración de la policía comunitaria de Papalotla para defender a la población de este municipio en contra de los operativos del gobierno estatal contra los mototaxis que se aplican desde el inicio de la presente administración.

Los inconformes alegan que son víctimas de actos violentos por parte de las autoridades durante los operativos e insisten en que el trabajo de los mototaxistas es una fuente de empleo para la gente y el servicio representa un ahorro para la población.


En contraparte, el gobierno mantiene su postura firme respecto de que la prestación de este servicio de transporte público es ilegal porque no está considerado en la legislación estatal y, por tanto, deben seguir las acciones para combatir este problema.

En el Congreso, un legislador que se opone a todo pidió que a la brevedad la Comisión de Transporte presente una iniciativa para crear una ley que atienda la demanda de los pobladores del municipio de Papalotla.

Todos fijan una postura, todos defienden su posición desde la óptica que ven el asunto, pero sin tantas vueltas,  el tema de los mototaxis se ciñe a una ley que a la fecha no autoriza este servicio, por lo que más allá de que se cree una policía comunitaria, a mi parecer con un tinte más político que de verdadera justicia, es urgente que el gobierno y el Congreso local trabajen de manera coordinada para orientar el gasto del próximo año en programas que detonen la economía local.

Para qué sirve entregar un millón de pesos a cada diputado cada año, si al final se pierden 32 millones de pesos en pequeñas obras que sólo dejan como beneficio el lucimiento de un legislador en su pueblo y no en el pleno donde es su lugar de trabajo.




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