Gobernador impugnó acuerdo de INE que impide uso de programas con fines electorales

Gobernador impugnó acuerdo de INE que impide uso de programas con fines electorales. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que fija los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017–2018.

A través de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, que encabeza el ex magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Recurso de Apelación SUP–RAP–659/2017, por medio del cual busca dejar sin efecto dicho acuerdo, el cual establece restricciones al uso de programas sociales con fines proselitistas, la utilización de recursos públicos para adquirir propaganda gubernamental, los calendarios electorales y la prohibición a repartir tarjetas a la ciudadanía durante las campañas.

El juicio que promovió el gobierno de Tlaxcala se suma a los interpuestos por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como a los de sus pares de los gobiernos priistas de Coahuila, Colima, San Luis Potosí y Sinaloa, de la Cámara Nacional de la Radio y Televisión (CIRT) y las dirigencias nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).


El argumento del gobierno de Tlaxcala establecido en este juicio, del cual ha sido designado como ponente el magistrado Indalfer Infante Gonzales, es porque considera que esas restricciones determinadas en dicho acuerdo por los consejeros del INE son ilegales y una extralimitación de las facultades que posee el INE

El acuerdo impugnado establece, entre otros aspectos, la facultad de los consejeros del INE de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017–2018.

Además, prevé que para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017–2018, establecieron la prohibición a los funcionarios públicos, entre otros aspectos, de condicionar a cualquier ciudadano de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a la promesa o demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición; a la abstención de votar, o bien, a la no emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral para alguno de los mencionados o inducir su participación.

Aunado a ello, el gobierno estatal se quejó del mandato hecho al presidente de la República, los gobernadores, a los presidentes municipales, síndicos y regidores y demás representantes populares para que se abstengan a asistir en un día hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable, a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan licencia, permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les suspenda el pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquéllos establecidos por la normatividad respectiva.

De igual forma, impugnó la disposición de que previo al inicio de las precampañas, los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno deberán informar al INE y a las respectivas autoridades electorales locales sobre qué programas sociales están en ejecución, las reglas de operación, el padrón de beneficiarios y los calendarios de entrega o reparto, así como los mecanismos a través de los cuales se pretende llevar a cabo la entrega de bienes o servicios vinculados a éstos. También deberán ser informados a la brevedad aquellos programas sociales que sean aprobados en el Presupuesto de Egresos y que tengan aplicación durante el proceso electoral.

Este supuesto también es aplicable para los poderes legislativos y para todas aquellas autoridades que conforme a su normatividad tengan atribuciones para la entrega de programas sociales.

Con esta impugnación, el gobierno estatal se inconformó por el llamado que le hicieron a fin de que realice las acciones necesarias para que la ejecución de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin bajo su responsabilidad, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales correspondientes para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura en particular.

Con este juicio, el gobierno del estado de Tlaxcala pretende dejar sin efecto el acuerdo que emitió el Consejo General del INE el pasado 5 de septiembre, por el que dictó unos lineamientos para poner candados al uso de los programas sociales y la adquisición de propaganda gubernamental durante el proceso electoral, entre otros aspectos.