Familias buscan amparo legal para evitar retiro de postes de electricidad

Desde hace aproximadamente siete años, 100 familias de la colonia Antorcha en Huamantla han evitado por la vía legal y la resistencia, el desalojo de postes de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Policía Estatal, derivado de un juicio promovido por los ejidatarios.

Rossana Morales, coordinadora del Movimiento Antorchista en esa región, dioa  conocer que en 2010 inició este conflicto y que los denunciantes también pidieron que se anularan las escrituras, el dictamen de congruencia, el cambio de uso de suelo y otros permisos.

“Argumentaban que hubo algunos vicios en el trámite para hacer la escrituración y la adquisición de dominio pleno de la parcela, pero revisaron la documentación en oficinas centrales de la Procuraduría Agraria (PA) y se dictó resolución a nuestro favor”, recordó.


Sin embargo –añadió–, se abrió ese juicio en el Tribunal Agrario y la sentencia fue en contra de esas 100 familias habitantes de esa colonia asentada en los límites de la zona urbana, en el kilómetro 3, hacia Ciudad Industrial Xicohténcatl, con dirección al pueblo de Benito Juárez, por lo que fue impugnada.

“Desde 2010, a través del amparo, hemos estado evitando el desalojo de los postes, pero también con la resistencia de la gente cuando llega Comisión Federal de Electricidad, el Tribunal y la Policía Estatal. Hemos evitado más de siete desalojos”.

Los intentos de retirar esa estructura han sido cada vez más consecutivos, pues están programados casi cada 15 días, situación que inconforma y preocupa a esas familias por el riesgo de quedarse sin energía eléctrica, indicó Rossana Morales.

A los habitantes les inquieta esta posibilidad –enfatizó– porque hay varias personas con alguna enfermedad crónica y necesitan refrigerar sus medicamentos y, por tanto, al quedarse sin el servicio también pondrían caer en una circunstancia complicada de su salud.

“Por ese tipo de cosas la gente se opone al dictamen de desalojo, que en realidad es absurdo porque quitan los postes y ¿qué ganan los ejidatarios?, nada”, expuso la activista.

Aseguró que las y los pobladores de esta colonia no invadieron esa parcela ejidal, pues cada familia pagó su predio, el cual compró a un ejidatario “de manera legal”. El trámite se realizó en el año 2008.

Un centenar de familias es acusado por ejidatarios

Empero, no recordó el valor establecido por cada superficie, pero puntualizó que en total son 3 hectáreas las que se ocuparon para el asentamiento de las viviendas de estas personas que ahora son acusadas.

“En uno de los últimos intentos de desalojo llegó otra representación legal por parte del comisariado ejidal, y la Procuraduría Agraria es la que respalda a los colonos, ya que la finalidad es llegar a un acuerdo para resolver la problemática, sobre todo porque hay documentación que demuestra que no hay irregularidades”, comentó.

Reprochó que si el gobierno del estado hubiera ejecutado en diciembre de 2016 el recurso federal gestionado por esta organización para la electrificación subterránea de la colonia, “la situación ya estuviera resuelta, además, el dictamen refiere que se deben quitar los postes, más no la energía eléctrica”.