La reciente recaptura del Joaquín El Chapo Guzmán se ha utilizado para invisibilizar la profunda crisis económica, política, ambiental y social que vive el país. Que en pasados días el dólar haya sobre pasado los 18 pesos no es una sorpresa, ya se había mencionado que el dólar puede alcanzar hasta los 20 pesos, esta pérdida de valor en la moneda implica la disminución en la capacidad de adquisición de servicios, especialmente los básicos como la alimentación, salud y educación. En un país donde el Estado cada vez más traslada la garantía de servicios básicos al mercado y donde la gente empobrece más se vuelve una combinación que imposibilita la vivencia de los derechos humanos.
Alrededor de la crisis económica está toda la violencia que se vive, muertos, personas desaparecidas, feminicidio, trata, narcotráfico, secuestros, que no paran de cobrar vidas. Las instituciones de seguridad en nuestro país se han mostrado incapaces de dar seguridad a la ciudadanía. Si bien Tlaxcala no representa en algunos rubros un foco rojo, es necesario reconocer que vive dichas problemáticas y no se han logrado erradicar, la presencia de la Gendarmería no deja en claro su objetivo, no se nota que a partir de su llegada los índices delictivos disminuyan o desaparezcan, ahí está la trata de mujeres, que el gobierno ha sido incapaz de enfrentar o al menos avanzar un poco frente al problema.
El problema de la crisis mexicana y, por supuesto de nuestro estado, tiene que ver no sólo con gobiernos que carecen de un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos, perspectiva de género y transgeneracional, tiene que ver también con una población que ha sido incapaz de constituirse como ciudadanía, con derechos y obligaciones de manera individual y colectiva.
Como país y como estado se ha apostado a la globalización y el libre mercado, tan libre que los delitos que generan altos niveles de ganancia como el narcotráfico o la trata de personas se establecen como parte de los delitos con mayor operación. Desde una perspectiva de los derechos humanos estos delitos no tienen cabida en tanto generan amplios costos de vida en muchas personas y comunidades. Una operación real contra esos delitos implicaría por supuesto afectar su organización y capitales financieros, lo que nunca ocurre con los delincuentes que se llegan a detener.
Tlaxcala no está exenta de toda la ola de violencia, basta ver que iniciamos el año con asaltos y mujeres del estado víctimas de feminicidio, amén de lo que hemos insistido mucho que el actual gobierno ha fracasado en su lucha contra la trata de mujeres y niñas. Tan ha fracasado frente al tema que prefiere reservar información de las acciones gubernamentales contra este delito por 12 años. En la vida real es constatable que el problema se sigue reconociendo por parte de las personas que habitan en los municipios que se ven afectados, es visible que no hay investigaciones ni detenciones de los tratantes que siguen operando; no hay campañas permanentes que influyan para que no haya más víctimas o para que no exista más esta aspiración de ser explotador.
No resulta lógico que los gobiernos sean autocríticos en nuestro país, en el estado y en los municipios, pero es lamentable que como sociedad no tengamos la capacidad de definir el rumbo que queremos para nuestra sociedad y el tratamiento que los gobiernos deben asumir frente a cada uno de los problemas, incluidos los de seguridad o delincuencia.
Las estrategias mediáticas gubernamentales no dejarán de centrarse en magnanimizar hechos particulares sobre personas o personajes, dejando de lado la problemática de fondo, para el caso de El Chapo los recursos financieros totales, la detención de toda la estructura, la detención de las autoridades vinculadas; para el caso de la trata en Tlaxcala, la detención de familias completas, la extinción de dominio de las propiedades producto del delito o utilizadas para la comisión del delito. En tanto ello no pase así, lo que estamos presenciando son meras pantallas mediáticas para invisibilizar los problemas de fondo que tenemos como la pobreza, la ausencia de una democracia real, la entrega y despojo de los recursos naturales en el país, la imposición de un modelo de vida que no hemos decidido, la violación a los derechos humanos y de los pueblos.
Tlaxcala en temas como la trata no puede conformarse con mediatizar el problema, tampoco con algunas sentencias logradas en el actual gobierno, las mínimas, 13 sentencias de 185 denuncias, es decir ni siquiera tres por año. El informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que en el orbe existen al menos 152 países de origen y 124 países de destino afectados por la trata de personas, dentro de los cuales se incluye a México. Respecto a los procesos de castigo, el informe menciona que alrededor del 40 por ciento de los países informaron menos de 10 condenas por año, mientras que el 15 por ciento no registró una sola condena. Según Yury Fedotov, directora ejecutiva de UNODC, “esto ilustra un nivel de impunidad que es inaceptable y resalta el hecho de que –por el momento– los traficantes se están escapando con sus crímenes”, vale lo mismo para Tlaxcala.
No son los gobiernos quienes tienen que evaluar los impactos de sus acciones, autocalificarse tiene la gran trampa de mostrar sólo lo que quieran, la evaluación real la hace la ciudadanía y ésta sólo puede hacerlo si tiene marcos de referencia que le permitan conocer los cambios dados respecto a una situación determinada. En este sentido, tener presente la memoria histórica e incorporar enfoques como los derechos humanos, la perspectiva de género, el respeto ambiental, la descolonicación, entre otros, es esencial, sin lo anterior no somos ciudadanía sino tan solo una población administrada, desposeída o explotada.