Dos de los siete ex policías acreditables que este año fueron exonerados del delito de secuestro exprés, iniciaron una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que cumplan con la totalidad de la Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para resarcir el daño que les causó su detención y posterior encarcelamiento.
Gema Clara Badillo Lara y Patricia Aguilar Hernández aseguraron que no tuvieron otra opción que iniciar con esta medida por la falta de respuesta del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez para cumplir con el dictamen de la CEDH, pero sobre todo porque aún continúan boletinadas a nivel nacional como secuestradoras, lo que les ha impedido conseguir trabajo tanto en el ámbito público como el privado.
“Todavía aparecemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como cómplices y copartícipes del delito de secuestro, que fue por el que nos acusaron, nos encarcelaron y nos torturaron. La libertad la obtuvimos no por la tortura, sino porque se comprobó que, efectivamente, no había nada” de su participación en ese hecho sucedido en 2015 (durante la administración del ex gobernador priista Mariano González Zarur), expuso Clara Badillo.
Entre otros aspectos, la Recomendación 02/2018 emitida por la CEDH obliga a la Secretaría de Gobierno (Segob) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a pagar a esos ex elementos de seguridad los salarios caídos, prestaciones de ley y los gastos por atención médica que tuvieron hacer por esos hechos.
Además, establece que la PGJE debe iniciar un procedimiento administrativo contra los elementos que participaron en la detención e iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura.
Hasta el momento, de acuerdo con las ex policías acreditables, el gobierno estatal solo ha cumplido con la disculpa pública –que tuvo lugar en agosto pasado–, pero el aspecto económico no ha sido cubierto, y “tampoco se han iniciado los procedimientos en contra de los funcionarios que nos torturaron y que hicieron mal uso de las instituciones, siguen trabajando, siguen prestando el servicio”, reveló.
Además de las secuelas físicas y psicológicas que sufrieron por su detención arbitraria en 2015 y los actos de tortura que sufrieron, esta situación provocó la fractura familiar en algunos de los ex policías acreditables y pérdidas económicas para el pago de medicamentos y abogados.
“Queremos que nos bajen de ese sistema y que den cumplimiento a la Ley de Víctimas, que señala que nos deben resarcir el daño y queremos que nos reinstalen porque no tenemos otra forma de vivir. Tenemos derechos a un salario y a un trabajo digno, pero no podemos conseguir empleo porque en todos lados piden la Carta de No Antecedentes Penales”.
Ambas responsabilizaron al Ejecutivo estatal “por lo que nos pase” durante la huelga de hambre, “pues sus omisiones nos están orillando a esto, si nos pasa algo, nos llegaran a levantar o ejercer violencia contra nosotras será culpa del Estado. Tememos por nuestra seguridad desde que nos detuvieron, porque incluso nos amenazaron que también torturarían a nuestras familias, pero tenemos que denunciar”, expuso Aguilar Hernández.
Dijeron que esperan que en el transcurso de la semana los otros cinco ex policías acreditables se sumen a la huelga de hambre, la cual durará hasta que el gobierno de Marco Mena les dé una respuesta a sus demandas. “Sólo tomaremos agua y pedimos solidaridad de las personas para que nos donen suero oral”, señalaron.
Si bien esperan la intervención de la CEDH en esta ocasión, también manifestaron su desconfianza, pues revelaron que este organismo no ha hecho nada para obligar a las autoridades a cumplir con su recomendación.
“Hemos acudido varias veces y no hay resultados, nos dicen que están en negociación y nada más, nos pidieron firmar plazos de 15 días para que cumplieran, pero hace dos meses nos pidieron que firmáramos un plazo de tiempo indefinido. No sabemos si confiar en la CEDH o no, todo es incierto, por eso estamos aquí”.