Evidencian OSC a servidores públicos agresores contra mujeres

Un regidor del municipio de Zacualpan “utilizó como arma” una camioneta, propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para atropellar a su esposa, quien por temor a perder la vida y el sustento económico para sus hijos, se retractó de denunciarlo.

Este caso y al menos otros nueve fueron expuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para insistir en su exigencia de que los candidatos a cargos de elección popular no tengan antecedentes de violencia contra las mujeres.

Jenny Charrez, directora de Mujer con Poder, señaló que algunos candidatos y aspirantes “que afortunadamente no llegaron (a ser postulados)”, presuntamente fueron agresores en contra de su esposa o de personal femenino de ayuntamientos.


“Por eso es la propuesta de que ningún candidato tenga antecedentes de violencia, porque estamos teniendo servidores públicos que están atendiendo teóricamente las necesidades de la sociedad, pero curiosamente atentan contra sus familias o en el uso de sus funciones ejercen un poder e impunidad contra las mujeres”, principalmente.

La activista comentó el caso de Rosalía, quien “es violentada por su pareja, un ex presidente municipal de Contla de Juan Cuamatzi, pero él lo niega completamente; la insta, obliga y acosa; busca que su hija y su esposa regresen por la fuerza o por los medios que sean, incluso ostentándose como una persona demasiado influyente”.

Otro asunto es de violencia laboral cometido hacia una mujer a la que se le pidió “un favor sexual” a cambio de continuar en su empleo; “eso –apuntó- no puede ser posible, no podemos tener estos servidores públicos” que usan recursos del erario para tratar de lastimar y denostar la integridad humana.

Silvia Nava Nava, directora de la asociación civil Todos para Todos, demandó vigilar el caso Zacualpan, pues el hecho “causa vergüenza”, ya que un regidor supuestamente fue sorprendido en un acto de intimidad con una persona que no era su pareja.

“Si bien su vida privada no nos interesa, pero sí que en lugar de pagar un espacio (hotel) se haya trepado a la camioneta del DIF y además, la haya utilizado como arma para atropellar a su esposa. Sabemos que la señora se ha retractado, como infinidad de mujeres que por el miedo de perder el sustento económico para sus hijos y la vida, porque si ya le echó la camioneta encima es capaz de cualquier cosa; realmente lastima y ofende el silencio de las autoridades municipales”, indicó.

También lamentó que una persona con este comportamiento, imparta clases a menores de edad, “y que –agregó- supuestamente sea coordinador de campaña de una candidata a diputada federal, pero ella que no tome las medidas necesarias, es inconcebible”.

Comentó el caso de Carolina y pidió que el ayuntamiento de Españita le pague su indemnización, respete su dignidad humana “y evite los acosos de los que ha sido objeto”, pues en los últimos días ha recibido llamadas telefónicas; debe reconocer que se cometió un  delito en contra de ella, pues “es víctima del abuso de poder y de la violencia, le han reclamado y ofendido que es una mosca muerta”.

Asimismo, mencionó la situación de Adriana Rosalesa quien se le acusó de malos manejos cuando trabajó con grupos de personas adultas mayores “sin recibir un solo peso”. Agregó el intento de feminicidio en contra de Karen.

Nava Nava señaló que estos hechos “no son algunos detalles, ni tampoco casos aislados. No puede ser que se escuden en el poder y en la impunidad para estar amenazando y para hacerlas vivir con miedo”.

Citó el conflicto municipal de Ixtenco, el cual derivó en la destitución temporal del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca y de la síndica Lucía Rojas, “quien desafortunadamente –añadió-  no solo es víctima de violencia política sino de hostigamiento. Cada 20 minutos, cada vez que se les antoja la llaman para continuar con una entrega que no respeta sus tiempos. El trato que está recibiendo no es equitativo”.

Añadió que también ha sido “presa” de este tipo de agresión la síndica de Huamantla, Daniela Fuentes Victoria (quien acusó al edil de ese lugar Jorge Sánchez Jasso de ocultar información sobre el manejo de recursos del primer trimestre del año, y a su vez este la señaló de incurrir en chantaje). Recordó que otro caso de violencia de género en el ámbito público es el de Marlene Alonso, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP).

“Alzamos nuestra voz, somos sororarias… si algo le pasa a alguna de estas mujeres, que quede bien claro, es responsabilidad y omisión de las autoridades que prefieren la comodidad antes que ejercer las responsabilidades que tienen”, expresó.

De paso, las activistas cuestionaron al gobierno estatal sobre el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, para el cual se firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el pasado 23 de marzo, a fin de crearlo para  evaluar y garantizar la inclusión e igualdad de la población femenina en la toma de decisiones locales.

“No se ha dado respuesta de cómo se integra, de cómo trabaja, con qué recursos va a operar y sobre todo cuál es el panorama que se está viviendo en el estado respecto de las candidaturas y sobre todo ahora que se ventilan más casos relacionados con violencia política”, preguntó Jenny Charrez.

Consideró que se debe informar qué pasa con este órgano, cuándo va a iniciar funciones o si ya lo está; quiénes lo conforman y por qué y cuáles serán los resultados que arrojará en estas elecciones que se aproximan.

Las activistas refirieron que estas organizaciones han asesorado diversos asuntos de agresión contra mujeres, los cuales también han sido canalizados a varias instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otras de carácter laboral.

“Pero debieran ofrecer una atención especial, porque las citan en las oficinas y tienen  ahí, a un costado, a sus acosadores y a sus agresores; deben entender que el ámbito en el que ellas están es violento”, añadió Nava Nava.

Jenny Charrez abundó que también asesoran a varones, pero la cantidad de casos es mínima. Recalcó que la violencia “la viven niñas y mujeres” principalmente.