Hace algunos días el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, señaló ante los medios de comunicación que el hecho de que Puebla aparezca en los informes de la Procuraduría General de la República (PGR) en el segundo lugar con el mayor número de registro de trata de personas, con fines de explotación sexual, “se debe a su cercanía con el estado de Tlaxcala”. En respuesta, según señalan medios de comunicación, Ernesto Ordóñez Carrera, secretario de Gobierno del estado de Tlaxcala, dijo que “Puebla tiene un fenómeno mayor que Tlaxcala, tal vez será por un número mayor de habitantes” (Quadratin, 02/12/2016).
Evidentemente las autoridades de ambas entidades no aceptan la presencia del problema en sus demarcaciones.
Cabe recordar que en mayo de 2011, se instaló el Comité Regional contra la Trata de Personas Puebla–Tlaxcala, en dicho evento asistió por parte del gobierno de Tlaxcala, la entonces secretaria de Gobierno, Anabell Ávalos Zempoalteca y también estuvo presente Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ahí, se señaló que “había que trabajar coordinadamente para alcanzar resultados satisfactorios”. Sin embargo, a seis años, comprobamos que todo quedó en frases y que fue un acto para las cámaras, pues en ambos casos, ya sea por instituciones gubernamentales como la PGR o por parte de la sociedad civil, se continúa considerando a ambas entidades como “preocupantes” por la situación de violencia que prevalece hacia las mujeres y por el delito de trata que es una forma de violencia extrema.
Las declaraciones que han dado tanto Moreno Valle como Ordóñez Carrera, son una clara muestra de que no existe un interés común por enfrentar el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que nunca han trabajado de manera coordinada. El agravamiento de la problemática en ambas entidades, la alerta de género que se ha solicitado para los dos estados (en Puebla por feminicidio y en Tlaxcala por trata de mujeres con fines de explotación sexual) deja en claro que el Comité Regional fue sólo un mecanismo falso que no se tradujo en acciones concretas que llevaran a disminuir el problema.
Decir que Puebla tiene más casos denunciados por trata que Tlaxcala, porque tiene más población, no tiene ningún sustento. Puebla –de acuerdo a diversos medios de comunicación–, se le coloca en segundo lugar nacional por tener 80 denuncias por trata –de 2008 a septiembre de 2016–; en tanto, Tlaxcala, según los datos obtenidos vía acceso a la información, en el periodo de 2011 a mayo de 2016 –como se observará es un tiempo menor– tiene 200 denuncias por trata y es extraño que estas cifras no aparezcan en el informe de la PGR y esto puede ser a que en México no existe un banco de información confiable respecto de las cifras de trata de personas.
Sobre el índice de población, Puebla tiene una población casi seis veces mayor que Tlaxcala, la primera con 6 millones 168 mil 883 habitantes y la segunda con un millón 272 mil 847 personas, aun si se tomara el dato más conservador que hasta ahora ha dado respecto de las denuncias por trata, el gobierno saliente de Tlaxcala, que es de 57 denuncias abiertas –dato reportado al grupo de trabajo responsable de realizar el diagnóstico correspondiente a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género por Trata en Tlaxcala–, podemos ver que no hay correlación entre el número de habitantes y el número de denuncias.
El secretario de Gobierno tlaxcalteca, en su afán de minimizar la problemática en la entidad y sus efectos en otros estados, deja de lado que la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala viene precisamente de una asociación civil de Puebla; intenta no ver que las redes tlaxcaltecas tienen un impacto para el enganche en 16 estados de la República mexicana y en 14 más en donde consuman la explotación.
Es claro que Puebla y Tlaxcala son parte de una misma región, que comparte nodos poblacionales, polos industriales, problemas ambientales, vías de comunicación y casos de feminicidio (mujeres tlaxcaltecas asesinadas en Puebla, mujeres poblanas que aparecen muertas en Tlaxcala), entre otras situaciones y a pesar de ello los gobiernos no han tenido la capacidad de actuar coordinadamente ante problemáticas como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, ni frente a otros temas, como es la contaminación del río Atoyac–Zahuapan y para justificarse evaden sus responsabilidades, pero ahora lo hacen, “echándose la bolita”, como se dice coloquialmente.
La trata de personas es un delito que necesariamente implica la conexión entre diversos puntos; es un trabajo donde las redes enganchan en un estado, atraviesan otro u otros y terminan explotando en otro u otros, lo mismo pasa cuando la trata tiene un carácter internacional. Los gobiernos en lugar de evadir su responsabilidad, debería estar cumpliendo acuerdos como el que se comprometieron en 2011, con la intención de trabajar conjuntamente, no sólo entre Puebla y Tlaxcala, sino con todos y cada uno de los corredores que se han identificado ya en diferentes diagnósticos, así como en los que probablemente surjan en los siguientes años.
Los gobiernos estatales deberían tener claro que si bien existe una necesidad de acción local frente al problema de trata, también es necesario realizar una acción en red, con acuerdos que permitan facilitar la atención, protección, investigación y sanción.
El acuerdo regional Puebla–Tlaxcala para enfrentar la trata de mujeres quedó en el baúl de los recuerdos y contribuyó a ser una de las causas por las que el delito sigue en expansión. Ya no es necesario que quieran o no reconocer la problemática, mecanismos como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres lo han señalado claramente: ¡El gobierno fracasó!
Veremos si el gobierno de Marco Antonio Mena logra enfrentar el delito y trabajar coordinadamente con el estado vecino o mantiene la política de “echarse la bolita”, y en ese sentido se arriesga a pasar a la historia como la única autoridad a la que la Federación le declarará la Alerta de Violencia de Género por el fenómeno de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.