Por qué escuchar a las comunidades de la cuenca Atoyac–Zahuapan

En los tiempos que corren, de campañas electorales, de promesas, de engaños y posible compra de votos, los discursos políticos de los aspirantes a la Presidencia de la República u otro cargo de elección popular hablan de la catástrofe que nos espera si ellos no son elegidos, de las plagas que arrasarán al país si no se da certidumbre jurídica a la inversión extranjera, o bien, del prometedor futuro si tenemos la visión suficiente para admitir que ellos son los que van a solucionar, de una vez por todas, las graves aflicciones del país, que están recién descubriendo en sus recorridos por el territorio, como si éstas se estuviesen ocultando esperando encontrarles en el camino.

Una de esas aflicciones es la depredación ambiental del territorio, que ha dado pie, desde hace décadas, a la destrucción de la salud de los habitantes de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en los estados de Tlaxcala y Puebla. Gracias a que los sucesivos gobiernos federales y estatales apostaron todo al modelo económico–productivo del libre comercio, del otorgamiento de “incentivos” a las empresas trasnacionales para instalarse en estas tierras (consistentes en exenciones fiscales y en una plena desregulación laboral y ambiental) y para “dar trabajo” a los campesinos y, así, incorporarlos al “desarrollo”, se despojaron tierras, aguas, recursos y derechos a las comunidades y a sus habitantes se les ofrecieron los empleos que no habían sido ocupados por los trabajadores inmigrantes que llegaron a la cuenca buscando una oportunidad para no morirse de hambre, porque los despojos que ocurrieron en Tlaxcala y Puebla se habían producido antes o simultáneamente en otras entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Veracruz.

Estos despojos –prometieron ellos– eran el módico precio que había que pagar por el “progreso”, por el “bienestar de la mayoría”, interpretado por las autoridades federales y locales como el privilegio de tener empleo remunerado, aunque ello significara recibir salarios miserables, en condiciones deplorables y a “apretarse el cinturón” cuando las cosas van mal.


Al mismo tiempo, las comunidades agraviadas por proyectos de despojo (como ocurrió hace no tanto con la construcción del Gasoducto Morelos, por la que la CNDH emitió este mismo año una Recomendación) o por francas violaciones a sus derechos, como sucede en la cuenca Atoyac–Zahuapan desde hace 25 años, son tratadas con el mismo desprecio de siempre, “porque no entienden” que todos estos agravios son por su bien y cualquier intento por reivindicar sus derechos es visto por todas las autoridades como una afrenta, una expresión de su ingratitud o incluso una peligrosa manipulación de intereses “ajenos al pueblo”, que “está feliz” de vivir junto a un río que los está matando de cáncer, de insuficiencia renal, de púrpura trombocitopénica y malformaciones congénitas.

No obstante, las comunidades han perseverado en su reclamo: tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y adecuado para mejorar nuestra existencia y la de las generaciones que vendrán después y la responsabilidad del Estado en la enfermedad y muerte de un número indeterminado de personas en la cuenca es ya inocultable. Durante 16 años han insistido y la emisión de la Recomendación 10/2017 de la CNDH debería ser suficiente para comenzar a remediar el silencio, la negligencia, el ocultamiento, la complicidad y la simulación perpetrada por todas las autoridades involucradas en la cuenca, pero no lo ha sido.

A más de un año de que las instancias gubernamentales aceptaron la Recomendación, no han abierto un espacio de diálogo público para definir un Plan de Saneamiento, es más, ni siquiera una ruta o una vía para discutir los términos de la participación ciudadana en la definición de dicho plan. ¿Será que no están las autoridades preparadas para debatir con las comunidades agraviadas? ¿Será que no desean que se abra una discusión pública tan cerca de las elecciones y arriesgar a que termine de evidenciarse el fracaso del actual gobierno en la garantía del ejercicio de los derechos humanos de la población?

Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación –adquirida a partir de que aceptaron el contenido de la Recomendación de la CNDH– de abrir el espacio para escuchar las propuestas de las comunidades para el rescate ecológico de la cuenca Atoyac–Zahuapan. Las propuestas de las comunidades son el producto de un trabajo acucioso de diálogo entre las comunidades y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés y fueron, además, confrontadas y sometidas a la revisión de un grupo multidisciplinario de científicos especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

El Estado está en deuda con las comunidades de la cuenca Atoyac–Zahuapan. Debe empezar a amortizar su deuda escuchando las propuestas que surgieron de su trabajo comprometido y atender, de una vez por todas, el reclamo de una justicia que no han dejado de escamotear, de otro modo, en la elección de julio, las comunidades empezarán a cobrarles el agravio.