En ausencia de un Estado protector de derechos

No existe en México un sistema fuerte ni efectivo de protección de los derechos humanos en el que la población pueda confiar. El que tenemos no es sólo oneroso, sino frustrante para las víctimas de violaciones graves, porque aunque éstas tengan la paciencia y la perseverancia para obtener una Recomendación emitida por la CNDH, en la que se acredite la violación de sus derechos, no existen mecanismos legalmente vinculantes que obliguen a las autoridades responsables de las violaciones a cumplir con los señalamientos de la CNDH y conduzcan, en última instancia, a lograr reparación, restitución ni satisfacción. En contrapartida –como señala el jurista vasco Juan Hernández Zubizarreta–, sí existe, oficial y extraoficialmente, un mecanismo institucional eficiente de protección de los intereses económicos privados, que genera no sólo la sensación de impunidad, sino que la hace una de las más dolorosas realidades en la vida del país.

Esa debilidad del sistema mexicano de derechos humanos es parte estructural de la tragedia que los últimos gobiernos federales han significado para la sociedad mexicana y su lucha contra el uso desviado del poder político y económico para promover el despojo y la depredación de México, como la llamó, en 2012, la Plataforma Social del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esa debilidad ha permitido, entre otras cosas, que el Estado mexicano se autopromueva en foros internacionales como respetuoso defensor de los derechos humanos e, incluso, como ha ocurrido muy recientemente, severo juzgador de las violaciones en países muy seleccionados, como Venezuela (pero no si las cometen Israel, Arabia Saudita ni, mucho menos, Estados Unidos).

Es también esa debilidad la que hace especialmente dolorosa la experiencia comunitaria de luchar por la defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país. En casos como el de la cuenca Atoyac–Zahuapan, existe una exigencia social de décadas para que se frene la depredación de la cuenca ocasionada por la permisividad oficial, la omisión en la aplicación de la ley, el deliberado interés político de no atender las denuncias populares ni las evidencias científicas, testimoniales y estadísticas, así como una vocación institucional en los ámbitos federal, estatal y municipal, para instituir el cinismo como respuesta oficial, mientras la gente muere de enfermedades que podrían prevenirse, si sólo se actualizaran y aplicaran las leyes y normas que regulan las emisiones contaminantes al medio ambiente.


En la cuenca Atoyac–Zahuapan, el sistema de protección de los derechos humanos ha fracasado miserablemente, porque ha sido incapaz de lograr que las autoridades recomendadas (Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris, los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y cinco municipales de ambas entidades) se coordinaran para abrir un proceso de diálogo entre sí y con las comunidades afectadas, para diseñar y poner en práctica un Plan de Restauración Ecológica de la Cuenca del Alto Atoyac, después de que, durante más de tres décadas, han permitido su destrucción mediante las descargas ilegales de residuos industriales tóxicos y que, entre 2002 y 2016 provocaron la muerte, sólo de cáncer, de 26 mil 477 personas, es decir, una persona cada cinco horas durante 15 años, según los datos disponibles de Inegi.

Han pasado 17 meses desde que fue emitida la Recomendación 10/2017 y 10 desde que venció el plazo establecido por la CNDH para que las autoridades recomendadas celebraran un acuerdo de colaboración interinstitucional y cooperación técnica para sanear la cuenca, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, han pasado siete años desde que un grupo de pobladores de la cuenca presentó la queja ante la CNDH. No existe ninguna provisión legal que obligue hoy a esas autoridades omisas a abrir un proceso real de participación para resolver la catástrofe ambiental y de salud que crearon esas mismas autoridades al encubrir los delitos ambientales de las más de 20 mil 400 empresas industriales presentes en la cuenca, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de Inegi, que violan, con sus descargas contaminantes, los derechos a un medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, a la salud, a la información, a la justicia, a la reparación, a la alimentación y otros más, de más de 3 millones de personas que viven en la cuenca, entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

En ausencia de tribunales especializados mexicanos para resolver conflictos ambientales y una clara imposibilidad práctica de procesar a las autoridades por su responsabilidad en el desastre hídrico nacional, las comunidades afectadas por la impunidad empresarial y gubernamental están convocando al Segundo Foro por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac–Zahuapan, el próximo sábado 25 de agosto, en la comunidad de San Felipe Ixtacuixtla, a partir de las 9 de la mañana.

Frente al pasmo de la CNDH para actuar y tomar postura por los afectados y para denunciar el desacato de todas las autoridades recomendadas, las comunidades toman de nuevo la iniciativa para construir un proceso de exigencia que revierta más de tres décadas de injusticia y detenga, finalmente, el trágico destino al que la negligencia oficial ha condenado a los habitantes de la cuenca y a los ecosistemas que le daban vida a una rica vida cultural, ambiental y social. En la organización comunitaria hay esperanza, pero hay que construirla y defenderla, con inteligencia colectiva, sensibilidad y solidaridad mutua. Es la hora de las comunidades.