El empleo formal creció cuatro veces más que el PIB estatal en 2016, destaca Marco Mena

El director general de la Cofemer, Mario Emilio Gutiérrez explicó que la política de mejora regulatoria está destinada a mejorar la calidad de las leyes, de las regulaciones y el ambiente de negocio para lograr el desarrollo y el crecimiento económico. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez destacó que el empleo formal creció cuatro veces más que el producto interno bruto (PIB) de Tlaxcala en 2016, por lo que la mejora regulatoria juega un papel fundamental para seguir con la atracción de inversión privada que genere fuentes de empleo.

Lo anterior lo expuso el titular del Poder Ejecutivo local en el marco de la firma del Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria Cofemer, Tlaxcala y Municipios, con el fin de realizar un diagnóstico en los sectores estratégicos para conocer el número de regulaciones y trámites que hay en la entidad y a partir de ello reducirlos para facilitar la apertura de empresas y hacer más competitivo al estado.

El convenio fue firmado por el gobernador Marco Mena, el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez Caballero y 20 presidentes municipales en un acto que se realizó en un hotel céntrico de la ciudad capital.


En su intervención, Marco Mena Rodríguez recordó que a principios de los años noventa del siglo pasado se concibió en México que un gobierno grande no era eficaz y en la búsqueda de la eficacia se detectó el exceso de la regulación, por lo que la creación de la Cofemer es parte del trabajo para hacer un país más competitivo.

“Pasamos de tener menor regulación a tener una mejor regulación”, lo que implica tener indicadores precisos y de mayor detalle, de ahí que reconoció el acuerdo del 8 de marzo de 2017 que firmó el presidente Enrique Peña Nieto que busca reducir la regulación en materia federal.

En el caso de Tlaxcala, citó que la participación de los alcaldes en mejora regulatoria es esencial, en virtud de que una gran cantidad de permisos y trámites para que funcione una inversión y genere empleos, requiere realizarse en los municipios.

“El gobierno estatal está en la mejor disposición de trabajar con los municipios para que podamos hacer trabajo en equipo, ser más eficaces, ser más competitivos, pero hay una gran cantidad de oportunidades en los municipios para lograrlo a través del convenio con la Cofemer”, anotó.

Marco Mena destacó que Tlaxcala vive un momento que durante décadas deseó la población en términos de oportunidades y de crecimiento económico.

“Tlaxcala está creciendo y vamos a ser cada vez más industriales, sin olvidar, sin perder de vista las otras ramas de desarrollo económico y de atención en términos solidarios de nuestra población. No podemos perder de vista que 50 por ciento de nuestra población vive en el campo, pero debemos tener el panorama completo. Vivimos el inicio de una nueva etapa de industrialización y esto va a cambiar al estado, pero necesitamos que cambie de modo ordenado y de manera eficaz”.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó que el empleo formal creció 10 por ciento entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, mientras que el PIB estatal tuvo un aumento de 2.1 por ciento el año pasado, de manera que el avance de las plazas aseguradas fue cuatro veces mayor que la economía local.

“Esto significa que la inversión que está llegando a Tlaxcala es de fuerte impacto en materia de empleo formal, es una buena tendencia y no debemos descuidar los otros ámbitos que son de responsabilidad municipal, estatal y federal para llegar a una buena ruta y tener todavía más plazas formales, una economía más fuerte para que vaya pagando cada vez mejor a los trabajadores y para ello debemos regular mejor”, puntualizó el mandatario tlaxcalteca.

Por su parte, el director general de la Cofemer, Mario Emilio Gutuérerz Caballero expuso que el trabajo de la mejora regulatoria se realizará, en un primer momento, con 20 de los 60 municipios de Tlaxcala.

Explicó que la política de mejora regulatoria del gobierno de Enrique Peña Nieto está destinada a mejorar la calidad de las leyes, de las regulaciones y el ambiente de negocio para lograr el desarrollo y el crecimiento económico.

En esta política, indicó, los servidores públicos,  a través de la implementación de ciertas metodologías, instrumentos, criterios y herramientas, permite analizar de mejor manera las regulaciones que deben cumplir los ciudadanos y los trámites que derivan de ellas.

Citó que Peña Nieto dio la instrucción de revisar y mejorar el marco regulatorio nacional y la primera pregunta que se hizo: fue cómo está integrado y no fue sencillo responderla con los académicos y expertos en materia jurídica y económica.

“Llegamos a la conclusión de que no estamos seguros de qué tamaño es el acervo regulatorio vigente en el país. Calculamos, sin embargo, que tenemos 150 mil regulaciones vigentes que autoridades de los distintos órdenes, funciones y niveles de gobierno han emitido, que tienen que ejecutar y que los particulares tienen que cumplir”, ahondó Gutiérrez Caballero.

También se analizaron los trámites que deben realizar los ciudadanos, los emprendedores y los empresarios ante una autoridad. Se encontró que en 300 ciudades de México, en las 32 entidades y en el orden federal hay alrededor de 130 mil trámites.

Además se detectó que las regulaciones y los trámites están interrelacionados, amén de que las primeras no están actualizadas y muchas veces distintas disposiciones normativas regulan varias veces la misma actividad económica, esto es, duplican, triplican o cuadruplican la misma actividad económica, aunado a que establecen disposiciones contradictorias. “Eso, sin duda, provoca que los particulares no puedan cumplir con las disposiciones”, observó.

El funcionario federal señaló que los particulares se quejan de que el sistema regulatorio en México no está dirigido para el cumplimiento sino a la sanción.

En 2009 se empezó a utilizar una metodología de uso común entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para medir el costo de los trámites y servicios federales.

“Encontramos que el costo de los trámites federales, algo así como 4 mil 600, era el equivalente al 4.88 por ciento del PIB. En diciembre de 2012, la medición arrojó que era al equivalente al 4.25 por ciento del PIB, donde cada punto porcentual equivale a 118 mil millones de pesos. De ese tamaño es lo que cuesta a la economía nacional la realización de trámites y servicios federales”.

Por ello, Peña Nieto estableció como meta reducir el costo de los trámites y servicios en 25 por ciento al final de su administración, es decir, pasar de 4.25 a 3.15 por ciento, el equivalente a cerca de 140 mil millones de pesos, anotó.

Como resultado de la fusión de varias estrategias, al 30 de abril de 2017 se logró superar la meta al llegar al 2.71 por ciento del PIB, se ha logrado la reducción de 180 mil millones de pesos en la realización de los trámites, indicó.

De manera adicional, el presidente de México publicó un acuerdo el 8 de marzo en el que se compromete que antes de que cualquier dependencia pueda emitir una nueva regulación, tiene que evaluarse sus costos y eliminar dos regulaciones antiguas que están vigentes y no sean tan necesarias.

“Este acuerdo ha resultado una gran experiencia y un gran detonante en la política de mejora regulatoria a nivel federal, pero el reto es que la regulación y los trámites se encuentran entrelazados entre los niveles federal, estatal y municipal, además de que en Tlaxcala se tiene un cuarto nivel que es el sistema comunal, y encontramos que todos  se encuentran entrelazados y para cumplir una regulación de carácter federal hay que atender otras que muchas veces dicen lo mismo o dicen sobre lo mismo cosas diferentes y en los trámites sucede algo igual”.

Eso genera que los empresarios piensen que los gobiernos les hacen la vida complicada y de ahí la presentación de una iniciativa de reforma constitucional, misma que una vez aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión, se publicó el 5 de febrero de este año para obligar a la implementación de políticas de mejora regulatoria en el país.

Esta reforma obliga a la emisión de una Ley General de Mejora Regulatoria, la cual ha sido trabajada con legisladores y gobiernos estatales, por lo que en breve se presentará la iniciativa al Congreso de la Unión en espera de que se apruebe lo antes posible y a partir de ellos se tendrán que aplicar las distintas disposiciones bajo un solo sistema regulatorio nacional.

Por último, el funcionario dijo que esta ley establece la creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y Tlaxcala fue fuente de inspiración en la elaboración de estas disposiciones, pues se recabaron diversos indicadores, entre ellos que Wal Mart tiene 390 personas dedicadas al cumplimiento regulatorio y 190 de ellas con título de licenciado en Derecho.

Además, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan cerca del 98 por ciento de las actividades económicas, tienen que dedicar 60 por ciento de su tiempo al cumplimiento regulatorio.