Electricidad, gasoductos y tarifas: un circuito de despojo y mentiras

Fernando Ríos Martínez

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza afirmó el 4 de agosto pasado en un programa de televisión: “Tenemos que utilizar combustibles más baratos y menos contaminantes para poder brindar un servicio de energía eléctrica de menor costo, de mayor calidad y con procesos más amigables con el medio ambiente y eso es lo que ya estamos viendo los mexicanos como resultado de la reforma energética”.

La lógica gubernamental para generar más energía es el crecimiento de la red de gasoductos. Una red compleja y peligrosa que fundamentalmente abarcaba los estados con potencial petrolero y que ahora pretende expandirse a lo largo y ancho de todo el país, donde destaca la red del Gasoducto Morelos que implica a Tlaxcala, Puebla y Morelos.


La CFE dice que el objetivo de estos procesos es doble: por una parte favorecer el descenso de las tarifas para el sector industrial y doméstico, y como un resultado de ello fomentar la actividad económica y el empleo. Pero lo que no menciona es la gran cantidad de afectaciones que las comunidades por donde ya pasan gasoductos han denunciado: Riesgo de accidentes y explosiones, desplazamiento, ruptura del tejido social, destrucción del patrimonio cultural, entre otras.

Como un resultado adicional de esta política, afirma la CFE, se generaría energía más limpia. De esta manera se busca legitimar una política que, con el argumento de la utilidad pública y el interés social, está despojando a la gente de sus territorios ancestrales, amparado en el uso preferente que se le ha dado al territorio susceptible de ser explotado energéticamente con la citada reforma.

Esta situación ha despertado en los pueblos y organizaciones de la sociedad civil una alarma fundada en dos tipos de factores. Por una parte en la experiencia de campo en el acompañamiento a las comunidades, en la cual hemos podido constatar distintas violaciones a sus derechos humanos. Pero también el análisis de la política pública más allá de la propaganda, gracias al cual hemos podido ubicar a los verdaderos beneficiarios de la misma.

En días recientes las comunidades afectadas por la construcción del Gasoducto Morelos y el Centro Fray Julián Garcés, que forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han organizado visitas a los lugares afectados por la construcción del Gasoducto Morelos en Tlaxcala. En ellas hemos podido constatar que las personas ni siquiera han sido consultadas en torno a un proyecto que afecta profundamente su vida individual y comunitaria y que no les beneficiará de manera real.

Hemos, por ejemplo, documentado la peligrosa cercanía de estos gasoductos con las comunidades y cómo no se ha considerado el potencial riesgo de las actividades preponderantes de muchas de ellas que utilizan altas temperaturas para su desarrollo. También hemos constatado como ante la negativa de familias a malbaratar sus tierras, se realizan modificaciones improvisadas en el trazado del gasoducto, lo que aumenta los riesgos de por sí minimizados durante su planeación, e incrementan el deterioro ambiental evidente en el entorno del gasoducto, con lo cual se caen los argumentos ecologistas de la CFE.

También hemos sido testigos del uso de la fuerza pública para intimidar a quienes expresan dudas u oposición en torno al proyecto, y de diversos testimonios de engaños para imponerlo. Muy relevante nos parece el desprecio a la historia y la cultura que lleva a ocultar y devastar sitios con valor arqueológico en medio de la oscuridad, buscando que los pobladores no se enteren de ello, todo con el aparente contubernio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable del resguardo de este tipo de sitios.

Por si estas razones fueran menores, resulta que el objetivo de disminuir las tarifas eléctricas en realidad no estará beneficiando a la población en general, sino por el contrario. Ello se entiende al darnos cuenta de que junto con las tarifas existe una tendencia a la eliminación de los subsidios. Si usted se ha fijado en su recibo esta es una parte fundamental del mismo. Esa es la trampa que puede permitir que aunque bajen las tarifas usted termine pagando más de manera cotidiana.

De esta manera los verdaderos beneficiarios de esta red de gasoductos serán los corporativos privados que usufructuarán infraestructura construida con dinero público y aprovecharán la mano de obra barata derivada del despojo y el desplazamiento de las comunidades. Por su parte, los funcionarios públicos mantendrán sus privilegios y presupuestos gracias a la eliminación de los subsidios, a costa de la imposición de una obra que no beneficia para nada a los pueblos, ni a la gente.