El Tribunal Permanente de los Pueblos en Puebla y Tlaxcala

Octavio Rosas Landa R.*

Desde octubre de 2011 se instaló formalmente el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), la instancia ética con mayor prestigio público internacional desde su fundación en los años sesenta, cuando se le conocía como Tribunal Russell. Al inicio, su objetivo principal era investigar y evaluar la conducta política de gobiernos nacionales y su posible comisión de crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos individuales y colectivos de los pueblos. En la actualidad, el TPP ha incluido también dentro de su agenda los crímenes cometidos contra los pueblos por empresas trasnacionales, como ocurrió en Colombia (2005–2008) y en Bangalore, India, en 2011 (www.internazionaleleliobasso.it).

El Capítulo México del TPP tiene como propósito juzgar la actuación del Estado mexicano (en todos sus niveles y poderes) y determinar su responsabilidad directa como causante sistemático de violaciones graves a los derechos de los pueblos de México mediante la desviación del poder político, económico y cultural del propio Estado, para beneficiar a un puñado de intereses privados (nacionales y trasnacionales), en perjuicio de pueblos, comunidades, barrios urbanos y grupos sociales que sufren la violencia, la impunidad, los impactos en la salud, el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de sus medios directos de subsistencia, entre muchas otras consecuencias.


Así, dentro del Capítulo México del TPP numerosas organizaciones articuladas en una Plataforma Social han instalado siete audiencias temáticas (1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra las y los trabajadores; 5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores) que están organizando pre audiencias en distintos lugares del país, con el fin de que los pueblos afectados puedan ocupar una tribuna pública y denunciar los procedimientos, mecanismos, acciones, omisiones y complicidades directas o indirectas del poder político mexicano con empresarios y delincuentes que a la larga significan despojos, agresiones, violencia, persecución y hasta la pérdida de vidas (www.tppmexico.org). El proceso de acopio de acusaciones y documentación elaborado por los propios pueblos afectados –sin precedente en la historia reciente del país– servirá para que, en cada una de las audiencias temáticas se lleve a cabo un juicio particular a distintas instancias del Estado mexicano y, en última instancia, una sesión de juzgamiento a todo el Estado mexicano que ocurrirá en julio o agosto de 2014, en la que se buscará una condena pública internacional a la situación desastrosa a la que nos han conducido los gobiernos de México, al menos durante las últimas tres décadas.

En el marco de las audiencias temáticas sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, se realizará en noviembre próximo, en la ciudad de Tlaxcala, una pre audiencia para denunciar públicamente la situación creciente de desastre social y ambiental en los estados de Puebla y Tlaxcala, ocasionada por proyectos carreteros y urbanísticos (como el Libramiento Norte de Puebla, la carretera Puebla–Tlaxcala, vía Xoxtla, o el libramiento en la carretera de Apizaco, que incluye el proyecto de construcción de una Ciudad Judicial), energéticos (como el gasoducto Tlaxcala–Morelos que pretende alimentar la termoeléctrica en construcción en Huexca, Morelos), las afectaciones graves a la salud provocadas por la industria (en Villalta, Tlaxcala, por una empresa recicladora de vidrio, así como en Izúcar de Matamoros, debido a la explosión de la empresa de agroquímicos “Grupo Dragón Agricultura Nacional” y por las operaciones de la trasnacional Bacardí), sin olvidar a todas las comunidades afectadas por enfermedades degenerativas vinculadas a la grave contaminación de las aguas del río Atoyac–Zahuapan. Todas las acusaciones serán evaluadas por un panel dictaminador de expertos, cuyas conclusiones formarán parte de la acusación general de los pueblos de México contra el Estado mexicano en las audiencias temáticas respectivas y en la audiencia final de 2014.

El proceso de articulación de todas las acusaciones singulares en el proceso de juzgamiento ha de servir también a la indispensable toma de conciencia de los habitantes de Puebla y Tlaxcala (y del país), respecto a la grave situación que viven las comunidades locales de ambos estados. También ha de servir para coadyuvar en la superación de la apatía y el desinterés que promueven, entre otros, las grandes cadenas de televisión, para las que los conflictos locales son invisibles e ilegítimos. De esa forma, esperamos abrir una ventana de posibilidad para que, desde la conjunción de los esfuerzos –hasta ahora fragmentarios– de defensa de los derechos comunes de los pueblos, pongamos un freno a la barbarie que local y nacionalmente nos han impuesto los distintos gobiernos municipales, estatales y federales, a través de sus políticas públicas y su complicidad con grupos de poder económico y delincuencial que tienen actualmente secuestrado al país. Aún estamos a tiempo.




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