El saqueo legislativo

A unos días de que entre en funciones la nueva Legislatura federal, la saliente ha decidido saquear el Congreso de la Unión, la rapiña y el desmantelamiento de la Cámara de Diputados es una muestra de los usos y abusos del poder, pero sobre todo queda de manifiesto que a pesar de los esfuerzos por terminar con la visión patrimonialista del poder público, se siguen repitiendo las mismas prácticas que consisten en saquear a las instituciones. Como ladrones los diputados salientes se llevan cuanto pueden.

La visión patrimonialista data desde la época de la Colonia, en esa época los puestos públicos se compraban para con ello poder hacer negocios personales, el derecho de compra les permitía hacer del puesto y la función lo que mejor les parecía, desde antes que fuéramos independientes se daba esa práctica que consistía en igualar lo público con lo privado, es decir, los funcionarios de la Colonia acuñaron la categoría patrimonio para ocupar los recursos públicos a fin de hacerse de tierras, construcciones y desde ahí viene la idea de que los funcionarios de niveles inferiores deberían ser tratados como súbditos al servicio de la Corona, pero sobre todo al servicios de la alta burocracia, esas prácticas lograron sobrevivir por siglos, hay miles de anécdotas de cómo los servidores públicos amasaban fortunas, recursos naturales y ocupaban a sus subordinados para que éstos dedicarán parte de su jornada de trabajo a servir en asuntos privados, ya sea para trabajos de albañilería, aseo de los hogares y todo aquello que requiriera la abusiva alta burocracia.

Aun cuando las condiciones históricas, económicas y sociales se fueron transformando, el patrimonialismo sobrevivió en el Porfiriato y desde luego al propio movimiento revolucionario, ya en la época de proceso de institucionalización del poder y la fundación del PRI, esas prácticas lejos de desaparecer se arraigaron en el gobierno. Los funcionarios federales, estatales y municipales hicieron del puesto público su mejor banquete, sin controles, sin auditorías y sin contrapesos en el ejercicio del poder, hicieron su agosto con el recurso público, ya sea financiero, material y humano, eso se vio reflejado en, por ejemplo, la película de “La Ley de Herodes”, los diputados y senadores aplicaron la misma receta, hacer del cargo público su mejor botín.


El patrimonialismo no sólo sirvió para hacerse de recursos por parte de la burocracia, sino que también implicó que las oficinas fueran una extensión de su riqueza, cientos de anécdotas relatan como a la llegada de un nueve jefe, se tenía por obligación que hacer una remodelación total del inmueble, la oficina no podía tener huellas del antecesor y en cambio debería reflejar la personalidad, carácter y el rango del nuevo burócrata en funciones. De hecho, el cambio era extremo: alfombras, teléfonos, sillas, escritorios, cuadros, secretaria, choferes, colores y todo aquello que mostrará el cambio.

En ese proceso, los anteriores jefes se llevaban lo que más pudieran, era una práctica común, el que se va saqueaba el lugar, de ahí vienen expresiones como el año de Hidalgo, “que chingue a su a madre, el que deje algo”, el saliente se llevaba todo incluido el recursos financiero y aquello que se adquirió en el tiempo que duró su nombramiento, al final de cuentas el nuevo haría lo mismo, equipar, usar y luego desalojar con “todo y chivas”. De hecho, ese era uno de los incentivos más importantes para ser funcionario público, la posibilidad de una vez en el puesto hacerse rico a costilla de los ingresos del gobierno, aunque éstos fueran de los impuestos que pagaba el pueblo. En un régimen autoritario, con un sistema de partidos hegemónico, a nadie deberías rendir cuentas, el punto consistía en repartir el pastel arriba y de vez en cuando abajo, comprar complicidad, de eso se trataba, de saquear las arcas, llenarse los bolsillos y disfrutar de impunidad. Es hasta el año 1997 cuando se empieza a romper la hegemonía del PRI, primero al perder la mayoría en la Cámara de Diputados y tres año más tarde al perder por primera vez la Presidencia. En esos años se colocó en la agenda pública, el asunto de la rendición de cuentas y la transparencia, por fin se abría la esperanza de empezar a acabar con el saqueo de cada tres o seis años, iniciaban los años de institucionalización de mecanismos e instrumentos para ahora sí auditarlos recursos del patrimonio público y de los posibles casos de enriquecimiento inexplicable de los funcionarios, como se observa ha sido insuficiente. La corrupción se mantiene y el saqueo continúa.

Pese a la batalla por acabar con el patrimonialismo, los salientes diputados han decidido saquear una vez más el recinto legislativo, se ha visto salir del lugar: computadoras, pantallas, teléfonos, mobiliario de oficinas, equipo de audio, telecomunicaciones y todo aquello que dicen les pertenece. En ese sentido, la cuarta transformación que promueve Andrés Manuel, debe, entre otras cosas, romper con las visiones patrimonialista, que este sea el último año de Hidalgo en México, no es posible que los señores diputados sigan actuando como delincuentes con charola y menos cabe que piensen que estamos aún en la época de la Colonia, vergüenza debería darles salir por la puerta delantera con el botín en sus manos.

Entre tanto, inician los festejos del mes patrio, veremos si el grito de sí se pudo, merodea la semana previa, la gente lo necesita. Ver para creer.