El reto de la justicia socioambiental para el gobierno entrante

Una de las mayores preocupaciones de organizaciones, como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local desde el inicio de la lucha por el rescate de la cuenca Atoyac–Zahuapan, ha sido la visibilización pública del vínculo entre la contaminación de la cuenca y el deterioro de la salud de la población de las comunidades aledañas a la ribera principal de los ríos.

Durante los más de 16 años de lucha por el reconocimiento de la crisis socioambiental en la cuenca, han desfilado numerosas autoridades por los gobiernos federales, estatales y municipales, sin que una sola de ellas haya asumido, realmente, la responsabilidad de resolverla como asunto prioritario. De este modo, los pobladores de la cuenca han sido convertidos en víctimas de un cruel desamparo institucional, por el que las autoridades se han dado a sí mismas licencia para negar la existencia misma de la contaminación de los ríos y afluentes, para burlarse de quienes reclaman acción del Estado para detenerla e, incluso, para transferir la responsabilidad a otras autoridades fuera de su esfera de control o competencia.

Al hacerlo, esas pasadas autoridades (y las presentes) no sólo renunciaron a su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, sino que crearon, con ello, una sofisticada (aunque muy descarada) estructura de impunidad para ellas mismas y para quienes han contaminado la cuenca y destruido así uno de los agroecosistemas más productivos conocidos en la historia del país.


La pregunta hoy es si, frente a la reincidencia cotidiana de las autoridades del gobierno de Peña Nieto en la violación de los derechos humanos de los pobladores y su encubrimiento del ecocidio perpetrado por miles de empresas industriales asentadas en la cuenca, las autoridades ambientales y de salud del gobierno entrante ofrecerán alguna señal de que, en esta ocasión, sí habrá una respuesta efectiva y digna hacia las comunidades afectadas por el vertimiento de miles de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en las aguas, suelos y el aire de la cuenca Atoyac–Zahuapan (y muchas otras más en el país).

El grado de emergencia ambiental y de salud en la cuenca Atoyac–Zahuapan es difícil de superar: ya en 2005, la Conagua estimó en 224 toneladas diarias el vertimiento de sustancias contaminantes en los ríos Atoyac y Xochiac (sin considerar siquiera el Zahuapan), y una investigación reciente –realizada por el Centro Fray Julián Garcés y que será presentada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en octubre próximo, a partir de datos publicados por Inegi–, se estima en más de 26 mil 400 las muertes por cáncer en el territorio de la cuenca en el periodo 2002–2016. Eso significa que, en la cuenca Atoyac–Zahuapan, aproximadamente cada seis horas muere una persona sólo de cáncer, lo cual debería ser razón suficiente para investigar a fondo la responsabilidad empresarial y la complicidad oficial en esta catástrofe.

Igualmente, sorprende que no se haya todavía convertido en un escándalo nacional e internacional el silencio del gobierno mexicano frente a un patrón de incremento sostenido en la incidencia de enfermedades crónico–degenerativas en los centros de población más cercanos a la industria y a los puntos de monitoreo que la propia Conagua ha instalado en los cauces de los ríos del país, para medir –así sea superficialmente– los niveles que ha alcanzado la polución de todas las corrientes de agua en México.

El reto para las próximas autoridades ambientales será el de atacar un aspecto gravísimo de la dinámica de corrupción del Estado que no es directamente visible, pero que tiene un efecto devastador en la vida de las comunidades mexicanas, que es la autodestrucción de la estructura regulatoria, de vigilancia y sanción que la ley debería asignar a las autoridades ambientales del país. Esta destrucción se expresa en hechos que van desde la reducción del mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental a un trámite administrativo, hasta la reducción en el número de inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental, sin olvidar la adecuación de las leyes y normas ambientales para que éstas garanticen impunidad a la industria (por ejemplo, con límites máximos permisibles que todas las empresas cumplen porque son desvergonzadamente elevados e inespecíficos para cada tipo de industria), o bien, debido a que en las leyes se otorgó a las empresas la capacidad de autorregularse en materia ambiental y de cuidado del agua.

Estamos aún lejos de lograr la capacidad de determinar el grado de destrucción socioambiental ocasionada por 36 años de incentivos neoliberales orientados a la desregulación (ambiental y laboral) de la industria en México, pero sus consecuencias serán vividas por las comunidades por un largo tiempo adicional. La exigencia al gobierno federal entrante, desde la sociedad civil, las comunidades y los pueblos afectados, es que el poder del Estado sea empleado, ahora sí, para proteger los derechos de quienes son más vulnerables, para detener la impunidad corporativa y el encubrimiento oficial. Las comunidades de la cuenca Atoyac–Zahuapan han hecho propuestas serias, avaladas científicamente y las actuales autoridades decidieron no escucharlas ni tomarlas en cuenta. ¿Escucharán las que vienen?