El pueblo va a juzgar a sus gobernantes

¿Qué pasa cuando la ciudadanía deja de confiar en sus autoridades? Cuando las leyes se hacen para beneficiar a un número reducido de personas, cuando se hacen para no aplicarse, cuando se simula y se desvía el poder para favorecer un sistema económico y no el respeto de los pueblos. ¿Qué pasa cuando las autoridades responsables de hacer justicia no lo hacen? Y la vida se vuelve impune, la justicia no llega, la vida se comercializa.

Escenarios de este tipo han generado el surgimiento de tribunales de carácter ético, que visibilizan las situaciones injustas que los gobiernos y los estados generan sobre las propias poblaciones a las que están obligados a garantizarles sus derechos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es uno de estos tribunales éticos y de amplio reconocimiento internacional que desde el año 2011 sesiona en nuestro país bajo la denominación de Capítulo México “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”,  a partir de siete audiencias temáticas: Violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; Migración y desplazamiento forzado; Feminicidio y violencia de género; Violencia contra los trabajadores; Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores; y finalmente la Audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, dentro de esta última se encuentra una de las pre-audiencias regionales que los próximos 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo en la Plaza Juárez de la capital del estado de Tlaxcala bajo el título “Pueblos unidos en defensa de la vida” o “Maseual altepemej tlen kipalevia in nemillis”.


En ella se presentarán seis casos que demuestran la devastación ambiental y el desvío de poder que se está dando en la región Puebla–Tlaxcala, los casos presentados serán: Gasoducto, Proyecto Integral Morelos presentado por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla–Tlaxcala  de las comunidades de San Jorge Tezoquipan y La Trinidad Tenexyecac, del municipio de Natívitas y de San Damián Texoloc y la colonia Luis Echeverría de Texoloc, proyecto que desde 2012 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intentado imponer a base de engaños y artimañas presionando a los habitantes para que vendan sus tierras haciéndoles creer que sus recibos de luz llegarán más bajos.

Integrantes del Frente en Defensa de la Tierra General Domingo Arenas presentarán el caso de la autopista de paga Tlaxcala–Puebla, vía Xoxtla, que se desarrolla sobre sus tierras en el municipio de Zacatelco. Proyecto que fragmenta las tierras de cultivo, obstaculizando los caminos para llegar a ellas y afectando los canales de riego. Lucha que el gobierno ha criminalizado al haber privado de la libertad con violencia a siete de las campesinas y campesinos que decidieron defender sus derechos.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua–Región Malinche, quienes por más de cinco años han recibido agresiones en sus propiedades por parte del gobierno de Puebla, así como de la empresa española Autovías Concesiones OHL, a la que el gobierno poblano en 2008 otorgó concesión para construir y operar la autopista de cuota Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla.

Comunidades que por muchos años gozaron de las aguas limpias y llenas de vida que llevaba el río Atoyac, hasta que se instalaron el Complejo Petroquímico Pemex y los corredores industriales Quetzalcóatl, Huejotzingo en Puebla e Ixtacuixtla en Tlaxcala; industrias que han generado una contaminación devastadora y daños en la salud humana.

Integrantes del Movimiento Ciudadano Izucarense, quienes presentarán el caso de daños a la salud generados por la empresa Grupo Dragón Agricultura Nacional.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar, de Atlihuetzian, quienes presentarán el caso de la contaminación de las Cascadas de Atlihuetzía por descargas domiciliarias directas al río y por una presencia significativa de agrotóxicos en el agua.

Colectivo de jóvenes de distintas regiones de Tlaxcala, quienes denunciarán cómo la política económica neoliberal les está impidiendo gozar de una vida digna, educación y trabajos dignos; y de disfrutar de las tierras, paisajes y ríos vivos. Quienes desde una mirada intergeneracional señalan el mundo devastado en que les ha tocado vivir.

Cada uno de los anteriores casos presentará las pruebas que sustentan sus acusaciones ante un grupo de peritos y peritas expertos en materia ambiental, con un fuerte compromiso social, de alto reconocimiento ético y en la investigación, que está integrado por las siguientes personas: Dra. Regina Dorinda Montero Montoya, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; psicóloga Albania González Pólito, integrante de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW–LAC); Dra. María Fernanda Campa Uranga, profesora–investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de  México; Dra. Susana Rappo Miguez, investigadora de la Facultad de Económica y del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado (CIPE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Dr. Ricardo Pérez Áviles, profesor– investigador del Departamento de Universitario para el Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Además serán presentados 13 testimonios de otras afectaciones ambientales y sociales que existen en la región de Puebla y Tlaxcala. Además habrá eventos artísticos y culturales.

Cuando los responsables de garantizar los derechos humanos y la vida de las poblaciones no cumplen su función, es responsabilidad de la ciudadanía juzgar a sus gobernantes y definir un camino de exigencia. Desde este artículo de opinión les hacemos extensiva la invitación a participar en esta pre–audiencia en defensa de la vida.




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