El peso del silencio

Mientras el gobierno de Donald Trump comete crímenes de lesa humanidad sometiendo a tortura a miles de familias mexicanas y centroamericanas –como bien dice Amnistía Internacional– al separar a los menores acompañantes y recluirlos en jaulas, al mismo tiempo que sus funcionarios citan La Biblia para justificar sus acciones, el gobierno mexicano guarda hoy un pesado silencio, después de que la cancillería “lamentó” (que no condenó) el trato de criminales que da el gobierno estadunidense a las familias migrantes, sin que ese lamento vaya acompañado de acciones para proteger y defender, de manera efectiva, a quienes han optado por buscar una opción de vida, lejos de la violencia que nos propinan las bandas criminales y no pocas instituciones del Estado en nuestro territorio.

Ese silencio del Estado mexicano, cuando se trata de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, es ya ensordecedor. Lo hemos consignado durante más de un año en relación con la sistemática violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y al saneamiento del agua, entre otros, que han estado perpetrando las autoridades federales, estatales y municipales, durante más de 40 años, contra la población de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Ante la gravísima situación de las familias migrantes mexicanas y centroamericanas en la frontera, contrasta escandalosamente el silencio oficial del gobierno mexicano con la activa denuncia que numerosos grupos, organizaciones y medios democráticos en Estados Unidos están haciendo contra las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional que implica la separación de niños de sus padres en la frontera y su reclusión en condiciones que, según un representante de Amnistía Internacional, asemejan más un Estado de guerra que lo que es en realidad, una crisis humanitaria, derivada de la incapacidad o la falta de voluntad de estados como el mexicano para salvaguardar los derechos humanos de su propia población.


Si aceptamos la premisa de que es un deber constitucional del Estado el de garantizar permanentemente la protección de los derechos humanos de sus habitantes y que toda política y acción del gobierno debe tener como objetivo último el incremento de la capacidad de los ciudadanos para ejercer y disfrutar esos derechos, dentro y fuera del territorio nacional, entonces el desempeño del actual gobierno (y los de los cinco sexenios previos) no puede calificarse sino como desastroso y, en correspondencia con su responsabilidad en la violación masiva de derechos humanos en el país, meritorio de proceso ante la Corte Penal Internacional en La Haya.

Un perturbador agravante de la complicidad silenciosa del gobierno mexicano con el criminal gobierno de Trump tiene que ver con la masividad de las violaciones de derechos que ocurren contra la población mexicana en México y Estados Unidos. Como en el caso de los niños migrantes separados de sus familias en la frontera, las familias agraviadas también se cuentan por miles en las catástrofes ambientales de la cuenca Atoyac–Zahuapan, del río Santiago (en Jalisco), del río Sonora y muchas otras más, junto con las que sobrevendrán en el futuro próximo a partir de que la Conagua abrió a subasta el 55 por ciento de las reservas de agua superficial del país.

De hecho, desde 2014, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, al concluir el proceso iniciado en 2011 con el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, estimó que sólo los poco más de 200 casos presentados en la audiencia temática sobre “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” (entre los que se cuenta el caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan), significan la afectación de los derechos individuales y colectivos de más de 40 millones de personas, esto es, la tercera parte de la población del país en aquel momento.

Frente a este inmoral silencio oficial para defender lo más elemental –la vida, la salud, la seguridad y condiciones dignas de vida de quienes conformamos la nación–, emerge la urgente necesidad de no guardar silencio sobre las atrocidades y reivindicar, una y otra vez, nuestra humanidad, reclamando justicia para todas y todos, dentro y fuera, ayer, hoy y siempre.

En un escenario de regresión violenta en el ejercicio de los derechos humanos, individuales y colectivos, como el que está imponiendo Trump a nuestros connacionales, la única política pública viable en nuestro país es la de la restitución de los derechos humanos y de los pueblos en México.

Desgraciadamente, la única prioridad del actual gobierno es que su Tratado de Libre Comercio, su reforma energética y su reforma educativa no hagan implosión, y para ello está dispuesto a cargar con el costo de guardar silencio frente a la destrucción de las vidas de las familias migrantes o de las que aún permanecen aquí, expuestas a todo tipo de riesgos de seguridad, sociales, económicos o ambientales.

Lo peor –dice Maître Gims, un cantante de hip hop de origen congolés, radicado en Francia–, no es la maldad de los hombres, sino el silencio de aquellos que dudan.