El contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del domingo pasado representa, después de décadas de una intensa lucha por la democracia en nuestro país, la posible apertura de escenarios (hasta ahora inéditos) de participación ciudadana para la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos afectados por un régimen económico y político que, hasta ahora, sólo ha prohijado privilegios para unos en perjuicio de todos, incluyendo a las generaciones futuras.
Uno de esos escenarios tiene que ser la reconstrucción socioambiental del país, aquella por la que luchan aún –sin descanso e incluso sin visibilidad mediática e institucional– cientos de grupos, organizaciones y pobladores de miles de comunidades afectadas por el desvergonzado desvío del poder del Estado, que el régimen apenas derrotado en las urnas llevó hasta (casi) sus últimas consecuencias. Las luchas comunitarias en defensa del territorio, contra el despojo de tierras, bosques, agua, agricultura, semillas, saberes y derechos y que pelea por la preservación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales básicas para la viabilidad presente y futura del país demandan hoy, al gobierno que iniciará funciones el próximo 1 de diciembre, respuestas claras y efectivas a la catástrofe ecológica, de salud y de derechos que han producido los gobiernos del PRI, PAN y PRD en todos los ámbitos de la vida social comunitaria en todas las cuencas, ecosistemas y territorios de México.
El saldo socioambiental de los gobiernos neoliberales de México durante los últimos 30 años no puede calificarse sino como catastrófico. La cuenca Atoyac–Zahuapan es un doloroso emblema de esa catástrofe, no sólo porque los sucesivos gobiernos federales y estatales se negaron a escuchar y a atender los reclamos de la población local y de organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida, que advertía de los estragos que la autorización irrestricta y desregulada de la operación de miles de industrias contaminantes ocasionaba en la biodiversidad y, sobre todo, en la salud de los pobladores de las comunidades, que convirtieron a la cuenca, en sólo 40 años, en una de las zonas con mayor mortalidad por cáncer e insuficiencia renal en todo el país.
Ahora, ante el cambio que mandataron los electores para que se opere una transformación de fondo del régimen económico y político del país, la exigencia de las comunidades y organizaciones defensoras del territorio y de los derechos ambientales de los pueblos de México debe redoblarse, porque de ello depende la viabilidad futura del país y esa debe ser una de las mayores prioridades del nuevo gobierno, así como la insistencia permanente de la sociedad mexicana. La contundencia del triunfo de AMLO no debe ser interpretada por los militantes de su partido, sus simpatizantes ni por la sociedad, como un cheque en blanco. La deuda social y ambiental del Estado y de los empresarios para con el pueblo mexicano debe comenzarse a resarcir, mediante políticas públicas que antepongan los derechos individuales y colectivos de los pueblos, antes que el interés, la ganancia, los privilegios y las concesiones otorgadas ilegal, ilegítima e inmoralmente a los empresarios, que se hicieron de beneficios extra–ordinarios derivados de la depredación y el despojo de los bienes naturales, los salarios de los trabajadores, la seguridad ciudadana, la soberanía y las finanzas públicas del Estado que,en gobiernos como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, adquirieron rango de política de Estado.
La reconstrucción socioambiental del país implica la reversión de numerosas decisiones legislativas y administrativas que condujeron, por ejemplo, a la destrucción de facto de la capacidad de vigilancia y aplicación de la normatividad ambiental de instituciones como Conagua y Profepa o las comisiones ambientales de los estados; que propiciaron, mediante la reforma dolosa de la ley, la entrega incondicional de las infraestructuras, los servicios y los recursos energéticos, minerales, hídricos y territoriales de la nación a intereses trasnacionales, o que condujeron a la promulgación reciente de los decretos que pretenden privatizar –aunque no lo quieran admitir– una parte sustancial de las cuencas ribereñas del país, en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de ecosistemas y biodiversidad e, incluso, al abandono de todo esfuerzo institucional por apoyar y desarrollar procesos científicos, técnicos y populares para enfrentar las múltiples facetas de la crisis socioambiental de México, sin que ello signifique procesos de relatifundización de la tierra, la expulsión de las comunidades de todo espacio de decisión pública o hasta la valorización de la basura o el agua como negocio, al amparo de la destrucción del territorio.
Las organizaciones y comunidades que hemos mantenido la lucha por la defensa de lo que aún no se ha permitido destruir o por la reconstrucción de lo que hoy parece perdido, tenemos más trabajo que nuncay ello significa desarrollar propuestas, alternativas y opciones para que, al mismo tiempo que inicie la ansiada reconstrucción del país y su tejido social, se generen empleos, se ahorren recursos, hasta hoy obscenamente dilapidados y se detenga y prevenga la afectación de la salud de millones de personas. En Tlaxcala, podrían empezar la Conagua, la Profepa y los gobiernos estatales y municipales, abriendo realmente el proceso de saneamiento de la cuenca Atoyac–Zahuapan a la participación efectiva de las comunidades afectadas, en vez de simular un interés que nunca han tenido para rescatarla de la destrucción. Sería un signo de que entendieron el mensaje del electorado y de que aceptan que es hora de cambiar el rumbo del país.
Nada garantiza hoy que la victoria electoral de López Obrador devenga en la restauración ecológica y social que requiere hoy México, pero al menos, como escribió alguna vez Bolívar Echeverría, estamos en condiciones de ser actores del devenir del drama y no sólo espectadores de la tragedia a la que nos conduce el régimen neoliberal.