El legado de Peña Nieto en la cuenca Atoyac–Zahuapan

El pasado 4 de junio se realizó en la ciudad de Tlaxcala el VI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, convocado por la Comisión Diocesana de Pastoral Social, la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, la Coordinadora por una Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.

El encuentro ocurrió en un momento delicado, puesto que el gobierno federal –a través de la Conagua– busca montar una nueva simulación de saneamiento, la cual, además de que no remediará la grave contaminación industrial y urbana en la cuenca Atoyac–Zahuapan, pretende transferir a las familias y comunidades un nuevo costo, adicional al que ya han pagado con su salud y con la vida de innumerables personas fallecidas a causa de las enfermedades provocadas por la contaminación de las corrientes de agua con sustancias químico–tóxicas provenientes de la industria asentada en los estados de Puebla y Tlaxcala. Ese costo es el que se hará efectivo a través del cobro de cuotas más elevadas por el servicio de saneamiento del agua en las comunidades afectadas por la simulación de saneamiento que representa la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que están en proceso de construcción en diversos municipios de Puebla y Tlaxcala, las cuales serán, como lo anticipa el proyecto de convenio de colaboración interinstitucional para el saneamiento, construidas y operadas por el sector privado.

Desde el inicio de la lucha por el rescate de la cuenca, hace más de 20 años, los pobladores de las comunidades han sostenido que son los efluentes industriales los que han destruido el frágil equilibrio ecológico y han provocado la enfermedad e incluso la muerte de numerosas personas en ambos estados. A pesar de que el mayor volumen de contaminantes proviene de los drenajes municipales, las descargas más tóxicas y peligrosas para la salud y el entorno provienen de la industria, y las autoridades lo saben.


En todo este tiempo, esas autoridades, además de comportarse como defensoras de oficio de las miles de empresas industriales asentadas en la cuenca, negaron a las comunidades el ejercicio de derechos humanos fundamentales (como el derecho de petición, de audiencia, el derecho a la justicia pronta, imparcial y expedita, además de los señalados por la Recomendación 10/2017 de la CNDH: el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la salud y a la información), al tiempo que han mantenido en vigencia una norma obsoleta para la protección ecológica de las corrientes y cuerpos de agua del país (NOM–001–Semarnat–1996) y cuyos parámetros de medición son tan laxos que la convierten, más que en una norma reguladora, en una norma que desregula, de hecho, la protección ambiental de ecosistemas tan vitales como las cuencas ribereñas del país.

No es casual, entonces, como afirman numerosos expertos, que más del 70 por ciento de los ríos del país estén contaminados o fuertemente contaminados y la principal responsabilidad de su actual condición es de las autoridades que hoy pretenden simular el saneamiento de la cuenca Atoyac–Zahuapan.

Los reclamos de la población para que se restituya la cuenca tienen que ver con el gravísimo hecho de que el daño ambiental y a la salud está teniendo impactos no sólo en la población que habita actualmente en la cuenca, sino en la que presumiblemente nacerá en ella en las próximas décadas. En el VI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, presentó los resultados de una investigación iniciada hace cuatro años con niños del municipio de Tepetitla, que mostraron una alarmante tendencia: que en los niños de Tepetitla, a diferencia de los que viven en otros municipios, ha disminuido la capacidad natural para expulsar las sustancias tóxicas a las que están expuestos permanentemente, debido a la presencia de todo tipo de contaminantes en la cuenca Atoyac–Zahuapan.

La presencia persistente y continua de sustancias como solventes, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, etc., ha provocado que los niños de la cuenca padezcan, entre otros padecimientos, envejecimiento prematuro, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y retraso en crecimiento corporal.

Estos hallazgos se suman a una cauda enorme de otras evidencias que –en un país con un Estado de derecho que garantizara el ejercicio de los derechos individuales y colectivos fundamentales a su población–, serían atendidas de inmediato y los responsables responderían por sus actos ante la justicia. Sin embargo, no vivimos en ese idílico país, por más propaganda que el fracasado gobierno saliente pague para intentar engañarnos. El legado del gobierno de Peña Nieto, desde la perspectiva de millones de pobladores de comunidades como las de la cuenca Atoyac–Zahuapan, es de muerte y destrucción. Los derechos más básicos de los que hoy son niños y de quienes no han nacido aún están en riesgo en un contexto de crisis climática e hídrica nacional y planetaria.

Los derechos de las generaciones futuras a contar con condiciones ambientales adecuadas para determinar el sentido del proyecto de país que necesitarán construir y reconstruir en el escenario de colapso ambiental global, están en riesgo porque las autoridades de hoy no quieren resolver efectivamente la crisis ambiental y de salud en la cuenca Atoyac–Zahuapan, ni mucho menos quieren afectar los privilegios de las grandes empresas industriales que han lucrado durante décadas con la destrucción de la vida de la cuenca.

Los pobladores de la cuenca lo saben bien y se lo harán pagar a esas autoridades omisas el 1 de julio. Bien lo dice la Coordinadora por un Atoyac con Vida: no hay justicia social sin justicia ambiental.