Solo dos de cada 10 programas sociales federales acreditan un buen desempeño, pues los ocho restantes no resuelven la pobreza; además, el gasto ejercido anualmente se aleja del aprobado, por lo que es necesario replantear cómo será conducido y transparentado en 2018, particularmente para reconstruir zonas afectadas por los terremotos.
Así lo expusieron especialistas y miembros de la sociedad civil del país durante la Quinta Reunión del Observatorio Académico Tributario y Financiero (OATyF), en la que analizaron el paquete económico federal 2018, el financiamiento a partidos políticos y los fondos y fideicomisos para la reconstrucción después de los sismos registrados en septiembre pasado.
Juan Manuel Ortega, de la Universidad Autónoma de Morelos, realzó que los investigadores están preocupados por la falta de transparencia y opacidad con la que se manejan decisiones para establecer impuestos y aplicar el gasto, de ahí que destacó la importancia de este Observatorio Académico, sin fines partidistas.
En rueda de prensa, efectuada en un hotel de la ciudad de Tlaxcala (sede del encuentro), Mariana Campos, coordinadora de México Evalúa, anotó que a esta organización le preocupa el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues no se discute lo suficiente. “Lo que vemos es que cada año se aleja más el gasto que se ejerce del que se propone, esto viene reproduciéndose últimamente”.
Aumento a programas sociales es menor al de la inflación
Alfredo Elizondo Rosales, del Centro de Análisis e Investigación Gesoc A.C, realizó algunos señalamientos con base en evidencias recolectadas respecto de programas sociales a partir del año 2009 y la evaluación efectuada a la política de desarrollo social del actual gobierno federal.
“Nos sigue preocupando de gran manera cómo solamente dos de cada 10 programas sociales son los que pueden acreditar un buen desempeño y están contribuyendo a resolver las carencias que integran la multidimensional de la pobreza”.
Resaltó que más de 60 por ciento del gasto orientado a dichos programas está designado a varios que no pueden resolver las causas que tratan de reducir pobreza en México.
Para 2018, se prevé un monto aproximado de 890 mil millones de pesos, para un conjunto de 149 programas de desarrollo social, el cual representa un aumento de 2.3 por ciento, inferior a la inflación de 3 por ciento pronosticada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Vemos que sigue prevaleciendo la inercia programática y presupuestaria de la política de desarrollo social y que hay una preocupación mucho más latente por modificar la forma en que se mide la pobreza, en lugar de cambiar la realidad de las personas más vulnerables de este país”, acentuó.
Lamentó que este tipo de discusiones se desarrolle fuera de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues “de momento no tenemos los espacios disponibles como para tener un debate de esta índole al cierre de este sexenio y del último presupuesto que aprobará esta Legislatura” que está por concluir su periodo.
Imponer candados contra sobreejercicio en publicidad oficial
Paulina Castro, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, reflexionó sobre el crecimiento del gasto en publicidad oficial, pues durante la administración de Enrique Peña Nieto se han ejercido alrededor de 38 mil 247 millones de pesos, con un sobreejercicio de más de 70 por ciento.
En su opinión, “lo que necesitamos es que se obligue a insertar en el decreto de Presupuesto de Egresos un candado, un límite, para que no existan ampliaciones durante todo el ejercicio fiscal 2018”. De no existir un sobreejercicio, el dinero podría utilizarse para la reconstrucción de estados afectados por los sismos, subrayó.
El académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Domingo Ruiz refirió que el tema central tiene que ver más con justicia tributaria y con la manera en que el Estado recauda, que en la que esta cobranza habrá de cumplir sus fines. “La legitimidad y justicia de los impuestos tiene mucho que ver en cómo se ejerce el gasto… hay que replantearse cómo hay que conducirlo, porque hay que afrontar la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de septiembre”.
En cuanto a partidos políticos aseveró que se debe reflexionar si es justificable que gasten dinero público en sus campañas, si deben tener más financiamiento privado y si es prioridad nacional este rubro sobre otros que puede haber.
El gasto a partidos es opaco
Agregó que la única absolución moral que tiene el Estado para cobrar impuestos, es el gasto y servicios públicos que devuelve a cambio, “entonces –preguntó- qué tan justo sería una carga fiscal con un egreso opaco y mal aplicado, caso concreto el de partidos”.
Arturo Pueblita explicó que el Observatorio Académico Tributario es un colectivo que surgió en 2016 y en el que participan profesores universitarios, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y legisladores, “para estudiar y evaluar lo que está sucediendo con la política financiera y fiscal mexicana”.
“No existe una voz más que la de la SHCP, que ejerce muy fuerte en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial de la Federación”, por eso se crea un frente para informar a la sociedad y proponer, a fin de modificar y mejorar las cosas, mencionó.
Buscan antídoto para evitar uso electoral de programas
Ricardo Cantú, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, añadió que si “de por sí no sabemos quiénes están pagando los impuestos y quiénes reciben los beneficios, la inequidad que genera la deuda pública es todavía peor, porque quién va a terminar pagándola, ¿las futuras generaciones?”.
Se estima que en 2018 el costo de la deuda será de 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), comparativamente con el gasto de solo 2.4 por ciento en salud, por ello es importante controlarla y un replantear el sistema fiscal , abundó.
Al respecto, la diputada federal Minerva Hernández Ramos, quien canalizará a la Cámara baja las propuestas que surjan de este encuentro, dijo que se ha satanizado el tema del endeudamiento público por el mal uso que se ha hecho de este. Asimismo, comentó que se trabaja en un antídoto, pues hay lagunas en el decreto del PEF 2018 “que dan lugar al uso electoral de programas púbicos”.
También participaron en la reunión la Universidad Iberoamericana, la Metropolitana de Tlaxcala y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.