El enemigo interno

Después de 25 largos años de lucha por parte de los pueblos amazónicos Sioinas, Siekopais, Kofanes, Shuar y Kichwas, de las provincias de Orellana y Sucumbíos del Ecuador, por fin habían logrado una sentencia condenatoria de los juzgados nacionales contra la empresa Chevron–Texaco, por las graves afectaciones ambientales dejadas a lo largo de varios lustros de explotación del petróleo en la selva amazónica, mismas que se tradujeron en la contaminación de las aguas superficiales y de los mantos freáticos, la destrucción irreversible de los ecosistemas selváticos, la inutilización de miles de hectáreas de selva y, sobre todo, la afectación directa a la salud de los pobladores de ambas regiones.

La empresa, por supuesto, se negó a acatar la sentencia y se dedicó por todos los medios legales e ilegales a echar abajo esa condena que sentó un precedente inédito en el contexto latinoamericano. Ante el fracaso de sus maniobras, la empresa recurrió al arbitraje del Tribunal Internacional de La Haya, para demandar al gobierno ecuatoriano por haber permitido que sus tribunales la condenaran violando un supuesto Tratado de Protección de Inversiones firmado con USA en 1997; y sucedió la inesperado: el tribunal falló en favor de la empresa y en contra del actual gobierno ecuatoriano encabezado por el derechista Lenin Moreno, cuyo gobierno colaboró ampliamente con la empresa para revertir la sentencia y congratularse con el imperialismo yanqui, a quien había incomodado la política de defensa de los recursos naturales del país, del gobierno anterior de Rafael Correa. Entre las muchas irregularidades del caso, destacan por un lado la aplicación retroactiva de un tratado que se firmó muy posterior al inicio de la demanda colectiva, lo cual viola el principio básico del derecho universal de la irretroactividad de la ley. Y segundo, destaca la actitud colaborativa y servilista del gobierno ecuatoriano actual (enemigo de su propio pueblo), que no sólo ha colaborado favoreciendo los intereses de la empresa y del gobierno yanqui, sino que además ahora utiliza el fallo para perseguir al ex presidente Correa y para reprimir a los pueblos indígenas organizados que durante todo ese tiempo lucharon porque la empresa reparara los daños ocasionados a sus comunidades. Sin duda, este es un caso palpable de lo que significan los tratados neoliberales: junto con las cláusulas que favorecen el despojo, van también las cláusulas que aseguran la impunidad del capital en cualquier tipo de afectación que realicen; a eso se le llama “protección de las inversiones” y se traduce en que los estados renuncian a dirimir las controversias en sus propios tribunales, y se someten al arbitraje de los tribunales internacionales conformados a modo de los intereses del capital, los cuales siempre fallarán en favor de las empresas.

Y aún hay más, en el fallo, prácticamente el tribunal ordena al gobierno ecuatoriano que viole su propia Constitución al no aplicar las leyes nacionales, que inhiba a los jueces e instancias locales de continuar con el caso y que, además, impida que los afectados recurran a otras instancias internacionales. Más claro no puede quedar, con este ejemplo, lo que significa la primacía del capital por encima de cualquier tipo de leyes, cualquier tipo de gobierno, cualquier organismo internacional, cualquier defensa de la soberanía y autodeterminación de cualquier país. Ahora que comienza a perfilarse en nuestro país un gobierno que rescate los recursos entregados por el PRIAN, hay que tener muy presente casos como este, ya que el capital transnacional va a recurrir a todo tipo de mecanismos que le permitan llevar adelante su plan estratégico de despojo y explotación, amparados en tratados espurios y esclavizantes.