El derecho de las mujeres a la justicia y las nuevas reformas federales

Quiero iniciar este artículo con líneas escritas por expertas y expertos en materia de violencia hacia las mujeres y acceso a la justicia.

Roxana Arroyo comparte, en diversos artículos, que la justicia para las mujeres sigue siendo un objetivo a lograr y es improbable que se consiga a través de la igualdad formal, porque la forma en la que la sociedad está estructurada es el resultado de una historia en la que las mujeres estaban legalmente subordinadas y en la cual se da por supuesto que su papel natural será prestar servicios sexuales y domésticos (incluyendo la importante tarea social de cuidar a los hijos e hijas) a cambio de una seguridad económica que implica depender de los hombres.

David Weissbrodt, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, puntualiza que toda práctica delictiva respaldada por las estructuras y las instituciones sociales que admiten y legitiman el uso de los seres humanos como mercancías transables y que aprueban prácticas que fomentan la esclavitud mediante concepciones misóginas sobre la sexualización de los cuerpos, el trabajo, las relaciones de poder asimétricas, la dominación y el sometimiento, poco podrá hacer para erradicar la violencia de género y la esclavitud.


Desde hace más de dos décadas la Organización de las Naciones Unidas ha hecho una serie de recomendaciones a los Estados parte que han firmado y ratificado pactos, convenios y protocolos en materia del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversos informes de sus relatoras, ha manifestado reiteradamente que un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia hacia las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos. Sin embargo, la Comisión de manera reiterada, en sus informes y recomendaciones, revela que a menudo las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos incidentes permanece en la impunidad y, en consecuencia, sus derechos quedan desprotegidos.

Justo lo mencionado anteriormente nos hace preguntaros si en estas reformas federales de la ahora Ley General en Materia de Trata de Personas y del Código Penal Único se han considerado las particularidades de las relatoras en materia de derechos de las mujeres, si se ha considerado la perspectiva de género, pues llama la atención que si bien en la Ley en Materia de Trata se ha puntualizado que los policías, ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales no podrán considerar a la víctima como sospechosa o responsable, y tendrán que referirlas a albergues o refugios para su recuperación, rehabilitación y reinserción social, esta puntualización estaba estipulada en otras palabras antes de las reformas, pero en la práctica no sucede. La pregunta es: ¿Cómo se garantizará que esta ley pasara de ser una ley de jura a una de facto? Ciertamente como lo ha puntualizado Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, es lamentable que las acciones del gobierno para atender esta problemática siguen siendo insuficientes y, prueba de ello, enfatizó, es que aunque el Senado aprobó reformas positivas a la Ley contra la Trata de Personas, también existen vacíos al quitar derechos que protegen a las víctimas, aunado a ello las autoridades designaron un presupuesto ridículo de sólo 10 millones de pesos para prevenir, investigar y resolver ese delito, y siguen sin otorgar ninguna petición de declaratoria de alerta de género.

En relación al Código Penal Único, llama la atención que las y los senadores dejaron en claro que toda imposición de medidas de protección y providencias precautorias, así como su duración, deberá estar debidamente fundada y motivada, además de que tendrá una duración máxima, esto muestra que en lugar de favorecer  la aplicación de las medidas de protección a mujeres en situación de violencia que marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir Libres de Violencia, las limita al momento de mencionar que deberán de estar “debidamente fundadas y motivadas”, cuando para los ministerios públicos y las agencias especializadas no es prueba suficiente la palabra de las víctimas y el estado psicológico y físico con rasgos de violencia con los cuales se presentan las mujeres al momento de realizar una denuncia penal, razones por las cuales no admiten las denuncias de las mujeres y mucho menos aplican la orden de protección, dicen ellos y ellas que por falta de elementos.

Y esto sólo es lo mínimo que nos han presentado los medios de comunicación a través de las declaraciones de los y las funcionarias, el contenido completo de estos documentos lo tendremos hasta el momento de su publicación; sin embargo, muestran claramente que hay retrocesos en materia de acceso a la justicia de las mujeres, que los avances que se han logrado por el movimiento de miles de mujeres en México para garantizar el derecho a vivir libres de violencia, está siendo violentado por estas reformas.