El derecho al acceso a la información, un camino aletargado

El pasado 12 de julio, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos en el Estado de Tlaxcala (en adelante Ley para Prevenir) cumplió un año de haber sido aprobada por el Congreso de Tlaxcala, aunque no hay nada que festejar.

La fracción I del artículo 41 de la Ley para Prevenir establece que corresponde al Consejo Estatal contra la Trata de Personas (en adelante el Consejo) elaborar el proyecto de Programa Estatal contra la Trata. Además, el artículo cuarto del apartado de Transitorios especifica que el Consejo tenía 180 días hábiles para aprobar el Programa Estatal, sin embargo, eso no ha ocurrido o al menos no ha sido anunciado públicamente.

Ante la falta de difusión pública por parte del gobierno del estado de Tlaxcala sobre la aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas y tomando en cuenta que el pasado 5 de enero las organizaciones de la Iniciativa Popular, dos académicas y un académico presentamos al Consejo una propuesta conjunta de Programa, se solicitó el pasado 23 de abril, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tlaxcala, que la Secretaría de Gobierno del estado entregue el documento que contiene el Programa Estatal contra la Trata.


Al concluir el periodo en el que las autoridades debieron entregar el documento señalado, la Secretaría de Gobierno solicitó una prórroga de 10 días, fundamentando su solicitud en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala (en adelante Ley de Transparencia), aduciendo “cambios de personal” en esa área. Eso significaría que la información sería entregada, como máximo, hasta el 22 de junio del presente año. Sin embargo, las autoridades incumplieron su obligación.

Respecto a este hecho, es importante señalar que la justificación contraviene la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Transparencia, debido a que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno tiene como función “realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información”. Es decir, tiene que hacer lo necesario para garantizar el derecho en mención.

Por otra parte, ante la falta de respuesta a la solicitud de información, lo correspondiente es interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (en adelante el Instituto), con base en el artículo 134 de la Ley de Transparencia, lo cual se realizó el pasado 2 de julio. El Instituto resolvió admitir el recurso de revisión y procedió a notificar de la admisión a la solicitante y a la Secretaría de Gobierno el pasado viernes 13 de julio, refiriendo que la Secretaría de Gobierno, en tanto sujeto obligado, tenía tres días hábiles para rendir un informe justificando la razón por la cual no había entregado la información.

Eso significaba que el miércoles 18 de julio la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala tenía que entregar el informe justificado a la solicitante y al Instituto. Pero eso tampoco ocurrió, debido a que todo el personal del Instituto no laboraría del 16 al 30 de julio “… con motivo del primer periodo vacacional del personal del Instituto, interrumpiéndose los plazos y términos para cualquier trámite ante este órgano garante, reanudándose las labores el 31 de julio…”.

Lo anterior quiere decir que hasta la primera semana de agosto se podrá conocer la razón por la cual el gobierno del estado no contestó la solicitud de información y, sobre todo, que conozcamos el contenido del Programa Estatal contra la Trata, documento que debe plantear la política pública que deben implementar todas las dependencias e instituciones que integran el Consejo.

Han pasado ya tres meses desde la solicitud para conocer el contenido del Programa Estatal contra la Trata del actual gobierno y hasta ahora ha sido imposible, para la ciudadanía, ejercer su derecho a la información. El observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur señala que “si a la persona se le niega el acceso a la información, se les veda expresar sus pensamientos o se les priva su derecho a emitir y conocer opiniones, la manifestación de sus ideas no será libre y se estará así cometiendo una flagrante violación a sus derechos humanos”, en el fondo esta falta de garantía para acceder a la información limita el ejercicio de control ciudadano de la política pública, lo cual resulta grave en un régimen que se hace llamar democrático.