El derecho a una educación integral y de calidad en sexualidad

Desde 2008, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo la declaración ministerial “Prevenir con educación”. Esta tuvo como meta que para el año 2015 se redujera “en un 75 por ciento la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad”. Además, pretendía “reducir en un 50 por ciento la brecha en el número de adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva”.

Sin embargo, fue hasta 2014 que la política pública para dar respuesta a esta declaración fue elaborada, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) y hasta 2015 que se crearon los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolecente (GEPEA), con el fin de establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implementación de la Estrategia. A pesar de ello, en el ámbito educativo hemos mantenido una educación débil en sexualidad, con información biologicista y a medias, no institucionalizada, que ha impedido vivir la sexualidad como una dimensión central del ser humano que está presente en todas las etapas de la vida, y no se visibiliza como algo fundamental para nuestra salud y bienestar físico, mental y social.

El desconocimiento va desde los procesos biológicos como el ciclo menstrual y la pubertad; el uso y mecanismo adecuado de los métodos anticonceptivos para evitar no sólo un embarazo no deseado, sino también las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); así como la invisibilización de la violencia sexual que niñas, niños, adolescentes y mujeres viven de forma constante; hasta la estigmatización del placer. Todo ello a causa de la falta de formación integral y de calidad de la sexualidad generación tras generación, donde las madres y padres se encuentran con la imposibilidad de hablar de estos y muchos otros temas que tienen que ver con la vivencia de una sexualidad plena y placentera; pero además, también velado por una ideología moralista, generando culpas y criminalizando la autonomía de las mujeres.


Como consecuencia de ello, Tlaxcala ha mantenido altos índices de embarazo adolescente de entre los 10 y 19 años. Durante 2015, Tlaxcala ocupó el primer lugar de embarazos, para 2016 ocupaba el lugar 18 y para 2017 cerraba el año en el lugar 26. Hasta febrero de este año, Tlaxcala ocupaba el séptimo lugar, donde 19 por cada 100 mujeres fueron menores de 20 años; y para mayo el Consejo Estatal de Población había registrado en el primer trimestre del año 975 embarazos en adolescentes de 12 a 19 años.

Sin embargo, como se mencionaba, el embarazo no deseado no es la única consecuencia de una mala educación sexual; para diciembre de 2016 Tlaxcala ocupó el quinto lugar de estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y de Sida; estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida refieren que México sigue teniendo una epidemia masculina, pero el 21 por ciento de las personas que viven con VIH son mujeres, en 2012 Tlaxcala ocupó el segundo lugar en este sentido y para 2017 nuestro estado se mantenía entre los seis estados con mayor epidemia femenina, mujeres entre 15 y 24 años son las que están en riesgo mayor de contraer esta enfermedad; lo que refleja, además, altos índices de violencia sexual hacia las mujeres en los ámbitos comunitario y familiar; la pobreza, la violencia, la inequidad, la baja escolaridad y la dependencia económica son factores que dificultan y complejizan la situación de las mujeres y el VIH.

Se cree que con la entrega de condones se está ayudando a evitar un embarazo o una ITS, cuando socialmente se señala a una mujer que vive libremente su sexualidad informada y tampoco se acompaña de información científica, laica y actual el uso adecuado de cualquier método anticonceptivo, donde el acceso a estos métodos es desigual y la maternidad impuesta; institucionalmente no se cuenta con la suficiente capacitación ni sensibilización para la promoción de la salud sexual y reproductiva de forma integral que promueva la toma de decisiones informada; se aborda además desde una mirada reproductiva y heterosexual, negando el placer y la diversidad bajo la que se viven las sexualidades.

“El secreto familiar” es otra realidad que, a causa de mantener un orden moral, no se habla de la violencia sexual que se ejerce en contra de niñas, niños y mujeres adolescentes, Principalmente, al interior de los hogares, dejando pasar los actos de acoso, abuso y violación en su contra, permaneciendo en la impunidad muchos hombres (mayormente) debido al machismo y misoginia que prevalece; tampoco se cuentan con espacios que permitan escucharles, acompañarles y llevar a cabo acciones en contra de estos delitos, la violencia sexual y el embarazo infantil y adolescente se normalizan y se dejan pasar.

De acuerdo con la “Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes”, como resultado del “Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales” convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2001 se establecen 14. De ellos, haré mención de dos que tienen que ver con la educación y la responsabilidad que las instituciones educativas tienen. El “derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad”, para tomar decisiones libres sobre nuestra vida. Los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los componentes de ésta: el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Así como el “derecho a la educación integral en sexualidad”, que fomente la toma de decisiones libre e informada, la cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la equidad. En ambos casos, la información y los contenidos deberán estar libres de estereotipos, prejuicios, mitos o culpa, deberá ser laica y estar basada en evidencia científica, y deben ser desde el marco de derechos humanos, con perspectiva de género, pertinencia cultural y teniendo en cuenta la evolución de las facultades humanas.

El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y la institución educativa es un espacio fundamental para responder ante esta obligación.