El costo social de la opacidad gubernamental

Hemos insistido, por más de un año, desde que fue publicada la Recomendación 10/2017 de la CNDH sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la salud y a la información, entre otros, de los pobladores de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en la indispensable apertura institucional para solucionar la grave crisis ambiental y social en la región, que se expresa en una creciente incidencia de enfermedades crónico–degenerativas (cáncer, enfermedad renal crónica, leucemia infantil, malformaciones congénitas, etc.), en la degradación de los suelos agrícolas y, con ella, la afectación a la economía de miles de campesinos, sin olvidar el daño social y cultural a los pueblos de la cuenca para los que los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan, así como su flora y fauna, formaban parte de su cultura, de sus prácticas y tradiciones, muchas de las cuales se han perdido por la imposición –desde hace más de cuatro décadas–, de un modelo de industrialización basado en la depredación de los recursos, la desregulación laboral y ambiental, la adecuación jurídica e institucional a los intereses particulares de las empresas privadas nacionales y extranjeras y, cómo olvidarlo, la simulación gubernamental, a la hora de enfrentar las diversas crisis que se han manifestado en la cuenca.

Recientemente, gracias a un recurso de revisión para el acceso a la información pública interpuesto por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, pudimos conocer una parte del proceso institucional que ha impedido, en los hechos, que exista un espacio real de coordinación interinstitucional para el diseño y la implementación de un Plan de Restauración Ecológica de la Cuenca del Alto Atoyac, como lo recomienda la CNDH a todas las autoridades a las que originalmente señaló como responsables de la violación de los derechos humanos de las comunidades de al menos cinco municipios de Puebla y Tlaxcala, pero que rebasan la cifra de 2 millones de afectados en la cuenca.

Resulta que, desde el 9 de octubre de 2017, el gerente de Procedimientos Administrativos de la Conagua, Juan Manuel Alcocer, solicitó a la CNDH una ampliación (de duración no especificada) del plazo de seis meses otorgado por ésta a las autoridades recomendadas, a partir de la aceptación de la Recomendación, para la suscripción del llamado Convenio de Coordinación Interinstitucional y Cooperación Técnica del que presuntamente emergerá el Plan de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac. Para justificar su solicitud, el funcionario ofreció a la CNDH una cronología de las comunicaciones escritas intercambiadas por diversas instancias federales, estatales y municipales para lograr la firma de un convenio cuyo contenido hemos solicitado reiteradamente conocer, pero que no nos ha sido proporcionado, considerando que, desde julio de 2017, tanto el Centro Fray Julián Garcés, como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, solicitamos al Organismo de Cuenca Balsas de la Conagua, nuestra incorporación al Grupo Interinstitucional que debe diseñar e implementar el Plan de Saneamiento.


Hicimos dicha solicitud a la autoridad porque supusimos que, para lograr un acuerdo entre las partes que derive en un plan efectivo para el saneamiento de la cuenca, la reparación del daño a las comunidades y la restitución de sus derechos fundamentales es necesario el establecimiento de un espacio de diálogo con todas las partes para lograr acuerdos, especialmente con la parte afectada: las comunidades.

Sin embargo, dos puntos son evidentes en este mar de opacidad gubernamental: uno es que pasó ya más de un año desde que se emitió la Recomendación 10/2017 y las autoridades aún no se han puesto de acuerdo en los términos del convenio. De hecho, Conagua sostiene que el terremoto del 19 de septiembre pasado y el silencio del gobierno de Puebla impiden su firma. Entre tanto, las comunidades iniciaron un proceso de difusión de información y diálogo constructivo del que emergió la Propuesta Comunitaria de saneamiento integral de la cuenca Atoyac–Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades.

Un segundo punto, más grave, es que, en diversas ocasiones, la Conagua, a través de su dirección local en Tlaxcala, nos convocó a la firma del convenio, pero no nos reconoció el derecho de conocer su contenido, por lo que, de hecho, nos niega la posibilidad de hacer adecuaciones, modificaciones u observaciones a sus términos. Sin embargo, la misma dirección local de Conagua en Tlaxcala remitió el convenio, desde el 3 de octubre de 2017, al titular de la Coparmex en Tlaxcala, para que ésta emitiera sus observaciones o comentarios. En otras palabras, la Conagua se porta obsequiosa con las empresas responsables de la contaminación de la cuenca, pero no con las comunidades afectadas, que tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan, ahora o en el futuro, su vida.

Cuando nos reunimos en octubre de 2017 con el director local de Conagua en Tlaxcala, Epifanio Gómez Tapia, él se comprometió a hacernos llegar el convenio que ahora tienen tanta prisa por suscribir, sin abrir su discusión a la sociedad civil. Huelga decir que el convenio nunca fue remitido a nuestras oficinas.

Lo hemos dicho desde hace más de 16 años: no habrá solución a la crisis humanitaria en la cuenca Atoyac–Zahuapan hasta que las autoridades responsables de la catástrofe no abran el proceso a la participación comunitaria. La opacidad del gobierno ha costado ya numerosas vidas. ¿Cuánto tiempo debemos esperar a que abandonen las prácticas que violan sistemáticamente el derecho de las comunidades a saber y a intervenir en los asuntos públicos? ¿Cuándo se pronunciará la CNDH sobre esta reiterada violación?