El consentimiento viciado

Según Jorge Machicado, el vicio del consentimiento “es todo hecho, manifestación o actitud con la que se anula o restringe la plena libertad o el pleno conocimiento con que debe formularse una declaración. Se manifiestan normalmente a través del dolo, el error, la intimidación, la amenaza de hacer valer una vía de derecho y la violencia. Así no es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo”.

El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, señala en el inciso b, del artículo 3, “El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá́ en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado” (amenaza, uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad).

Comprender este principio del consentimiento viciado es fundamental ante situaciones como la violencia hacia las mujeres o la trata de personas, pues, ante la ignorancia social e institucional, suele ser aprovechada por los delincuentes.


El consentimiento social se genera a través de estructuras que buscan justificar la existencia de estos delitos, a través de una serie de ideas falsas que se dan por verdaderas, por ejemplo: la prostitución es el oficio más antiguo del mundo; los hombres tienen impulsos incontrolables; las mujeres que viven violencia están en esa situación porque les gusta si no ya hubieran denunciado; las mujeres explotadas pueden fácilmente escaparse y denunciar pero no quieren; cuando a las mujeres se les pregunta por sus explotadores no quieren denunciarlos.

En lo anterior subyacen una serie de justificaciones sociales para dejar que el delito exista y se reproduzca, al mismo tiempo se invisibilizan los verdaderos mecanismos de control que los hombres violentos o los tratantes utilizan para someter a las víctimas explotadas: golpes, amenazas, manipulación, castigos, vigilancia, utilización del amor romántico, entre otros.

Mientras ello no se comprenda y visibilice, se seguirá culpabilizando a las víctimas y no responsabilizando a los delincuentes. Seguirá siendo imposible el acceso de las mujeres y niñas a la justicia, porque las autoridades no pueden comprender que la frase “lo hago por mi voluntad” es una afirmación viciada por todos los mecanismos que el violentador o tratante a impuesto a la víctima para hacerla creer que es su voluntad vivir la violencia o ser explotada sexualmente, ser despojada de todo el dinero que genera, perder su libertad, ser alejada de sus redes familiares y afectivas, ser estigmatizada socialmente, estar expuesta a daños en su salud y poner en riesgo su vida.

Por otro lado hay estructuras bien diseñadas que articulan estas lógicas estructuras sociales y patriarcales a las económicas, en palabras de Alba Alonso Diez, citadas en su tesis “La trata de personas con fines de explotación sexual como forma de torturar”, nos dice: “la acumulación y el consumo del producto redunda en un reforzamiento y mantenimiento del patriarcado. Así este sigue siendo el refugio de la masculinidad heterosexual hegemónica donde los hombres gozan del privilegio de obtener la subordinación femenina y ejercer el poder sobre otra anulándola, comprando este servicio en el mercado”.

Para poder enfrentar el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala es urgente la comprensión social e institucional de estas estructuras que generan consentimiento viciado y por tanto la sostenibilidad del delito; también es urgente que las instituciones públicas a través de la educación formal y estrategias de comunicación generen cambios en el pensamiento sociocultural.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.