El caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan, al Tribunal Latinoamericano del Agua

En 2006, el prestigiado Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) abordó el caso de la contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en su audiencia pública celebrada en México. Seis años después, el TLA recibió la acusación presentada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales contra el Estado mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional, en su sesión pública realizada en Buenos Aires, Argentina. En esa ocasión, también la cuenca Atoyac–Zahuapan figuró como un caso emblemático de la desviación del poder del Estado que, en vez de actuar para proteger los derechos humanos de la ciudadanía, utiliza su poder para beneficiar el interés privado, en este caso de más de 20 mil 400 empresas industriales, que vierten todo tipo de sustancias tóxicas, cancerígenas y mutagénicas en los cauces de los ríos, en los suelos y en el aire que respiran las comunidades. No es casual entonces que entre 2002 y 2016 hayan muerto de cáncer 25 mil 737 personas en las localidades de la cuenca, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi), es decir, una cada cinco horas.

Este año, el TLA volverá a sesionar en México y abordará casos provenientes de Guatemala, Colombia, Argentina y México (el caso de la destrucción de los ríos Sonora y Bacanuchi a manos de la criminal empresa minera Buenavista del Cobre, del prócer empresarial Germán Larrea y, de nueva cuenta, el caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan en los estados de Tlaxcala y Puebla, que será presentado por la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, con el aval de las y los participantes en el Segundo Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac–Zahuapan, realizado en Ixtacuixtla, Tlaxcala, el pasado 25 de agosto).

El Tribunal ha accedido a la petición de estas organizaciones porque trata de averiguar el devenir de los casos juzgados previamente y, en su caso, pronunciarse sobre su situación actual. Desgraciadamente, en el caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan, no hay buenas noticias. Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatales y municipales) están enfrascadas, de nueva cuenta, en un proceso de simulación de restauración o saneamiento de la cuenca, ante el silencio de la CNDH, que emitió la Recomendación 10/2017 en marzo de 2017 y, a casi un año de su incumplimiento, no ha tomado postura sobre ese incumplimiento, a pesar de que, desde que se emitió la Recomendación hasta inicios del mes de septiembre de 2018, han muerto más de 2 mil 100 personas de cáncer en la cuenca.


La simulación es tan descarada que, en una reunión llevada a cabo en la Secretaría de Gobernación federal, ante el subsecretario de Derechos Humanos y la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, un funcionario de Conagua declaró que es imposible sanear la cuenca, “porque la mayoría de las descargas de contaminantes son clandestinas”. Ante semejante claudicación de la “autoridad del agua” en México, ¿qué confianza puede generar un proceso de restitución de los derechos humanos promovido por la CNDH y encabezado por la Conagua? En verdad, el criminal gobierno de Peña Nieto (cínicamente calificado como “el más ambientalista de la historia” por su propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, agente de la industria automotriz, émulo mexicano de Scott Pruitt, ex director de la EPA estadunidense, instalado por Trump en el puesto para desmantelar la normatividad ambiental de ese país), deja un saldo de muerte que tendrá que ser juzgado, no sólo por su torpeza, sino por su impacto: decenas de miles de muertos de enfermedades prevenibles, abandono institucional de los afectados ambientales y criminalización de la protesta que busca defender la vida, el territorio y las condiciones de futuro en un contexto de crisis climática y, como señalan los expertos, proximidad al “punto de no retorno” climático.

No basta hoy señalar los equívocos del gobierno en turno, ni es pertinente abandonar toda decisión al gobierno que está por iniciar. Si algo debe enseñarnos hoy el resultado de la elección del 1 de julio y la maravillosa movilización estudiantil contra la violencia porril y paramilitar de fuerzas afectadas por la derrota electoral, es que somos nosotras y nosotros quienes habremos de cambiar al país. Para ello se requerirá de inteligencia, generosidad y actitud crítica y autocrítica. Las luchas por el territorio, el reconocimiento de los derechos de los pueblos y por la dignidad de las personas ante autoridades omisas ante la depredación y la destrucción, son las que tienen hoy la palabra. Ya no hay miedo, no somos ciudadanas y ciudadanos de segunda. Conocemos nuestros derechos y seguiremos luchando por ejercerlos, porque en nuestra lucha nos reconocemos en el dolor que nos han generado. Las luchas por el agua representan la reivindicación de la esperanza en el fluir de la vida y el florecimiento y fructificación de nuestras acciones y decisiones colectivas.

El TLA sesionará en Guadalajara, Jalisco, del 22 al 26 de octubre. Es la hora de la solidaridad para darle un vuelco a esta larga noche que debe terminar ya. Nada nos será regalado. Tenemos que luchar para obtenerlo. Así ha sido siempre, pero hoy estamos más conscientes que nunca.