Al vislumbrar una crisis humanitaria mundial que se complicará en 2017, activistas y el Consulado de El Salvador advirtieron que es necesario modificar el modelo económico y policiaco para establecer políticas de inclusión y refugio, pues México se convierte en un país de destino, en el que no se visibiliza el problema contra migrantes y en el que cada vez aumentan las agresiones en su contra, como los 2 mil 452 secuestros cometidos en Tlaxcala entre 2007 y 2014.
Durante el foro “Migración regional y violencia en Tlaxcala, agenda pendiente ante crisis humanitaria”, celebrado en el albergue para migrantes La Sagrada Familia de Apizaco, también lanzaron un llamado a la participación y solidaridad de la sociedad civil.
En el marco de celebración del sexto aniversario de esta casa, Elías Dávila Espinoza y Sergio Luna, integrantes de la organización Un Mundo una Nación, exhortaron a las autoridades estatales y municipales próximas “a ver a la migración como una realidad” y a reconocer delitos graves cometidos contra centroamericanos.
Dávila Espinoza repasó que en este lapso, cerca de 27 mil personas han sido albergadas y la mayoría son de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco y nicaragüense, pero en lo que va del año suman ya 4 mil 969 y se prevé que se va a duplicar.
En tanto, Sergio Luna detalló sobre la migración local y subrayó que es agenda pendiente, ya que es un problema que se vive en Tlaxcala, similar al de la trata de personas y otros. Sin embargo, hay ”indolencia y cerrazón” de las autoridades para reconocerlo, sobre todo cuando centroamericanos son víctimas de un delito, anotó.
Expuso que no hay cifras precisas sobre el tránsito de esta población, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) señala que al mes de octubre de 2015, en Tlaxcala aseguró a mil 97 extranjeros en promedio y de ellos mil 80 eran de origen centroamericano. Se estima que anualmente pasan alrededor de 6 mil.
Pese a este número, “las autoridades estatales y municipales desconocen la magnitud del fenómeno, así como el impacto, o tal vez no quieren reconocer, similar al de la trata, parece una política constante el negarlo”, expresó.
Recordó que desde 2009 Apizaco era considerado “foco rojo” dentro de la ruta del migrante en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se reportaron cinco secuestros en este territorio.
2 mil 452 secuestros de migrantes en Tlaxcala; fueron rescatados
Resaltó que el investigador de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales (Flacso México), Rodolfo Casillas, ha referido sobre las condiciones de discriminación y violencia hacia este sector, pues entre 2007 y 2104 (de enero a abril) se perpetraron en esta entidad 2 mil 452 secuestros contra esas personas carentes de documentación, las cuales fueron rescatadas por la Policía Federal.
Dichas estadísticas fueron elaboradas con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano, Análisis Integral del Secuestro, 2014, México.
Sergio Luna apuntó que esto es parte del contexto adverso en el estado, pero lamentó que las autoridades se muestren herméticas y no atiendan el fenómeno. “Ya entre 2012 y 2013 se reportaba el reclutamiento forzado de migrantes por parte de grupos del crimen organizado, documentado por organizaciones civiles, como Ideas, con la cual hemos trabajado algunos temas”.
Destacó que tampoco se debe dejar de lado que Puebla y Tlaxcala son un corredor de trata de personas, sobre todo de mujeres, por lo que estudios realizados en la materia reconocen que en algún momento pudieran cruzarse ambos fenómenos, por lo que deben ser monitoreados.
Recalcó que es preocupante el tema de las agresiones por parte de guardias de la empresa Ferrosur en agravio de los migrantes, quienes han dado su testimonio y denunciado que son amenazados de muerte y víctimas de extorsión. Esto, aunado a que desde 2012 permanecen las barras de concreto a pie de las vías.
El activista retomó el diagnóstico efectuado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre población migrante (2013) que sufre discriminación y abusos por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. “Esto no ha cambiado”.
Además, observó, niños y niñas migrantes son estigmatizados y enfrentan una alta vulnerabilidad. Agregó que los operativos del INM han aumentado al igual que el uso excesivo de la fuerza. “Se desconocen las condiciones de ellos en la estación migratoria”.
Reiteró que en el estado no existen políticas públicas de protección ni protocolos de actuación, pues las personas que llegan al albergue dicen que son atacadas por elementos desconocidos, sobre todo en el trayecto, Huamantla, Tocatlán, Apizaco, Tetel y Xaloztoc. “No se han adoptado medidas cautelares solicitadas por la CEDH”.
El acceso a la justicia es otro pendiente, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha mostrado “poca o nula disposición” para reconocer a los migrantes como víctimas de delito grave, por lo cual no han sido beneficiados con la visa humanitaria. Este es el caso de dos centroamericanos baleados a bordo del tren, a quienes el INM ha dado 30 días para abandonar el país, sin que aún se hayan restablecido totalmente.
De octubre de 2015 al mismo mes de 2016, se han registrado siete hechos violentos contra esa población en tránsito dentro de tierras tlaxcaltecas y en uno ha sido señalado un elemento del INM.
El saldo de estas agresiones es de nueve lesionados con arma de fuego y cinco denuncias penales. A la fecha, sólo a una persona se le ha concedido la visa humanitaria, “bajo presiones políticas”. En este periodo, cuatro migrantes han perdido parte de su cuerpo por caer a las vías del tren.
“Hay un tema pendiente que es el de la Ley de Protección a Migrantes, pero esta Legislatura no tuvo sensibilidad para sacarlo…. estamos atrapados en intereses político–partidistas”. Por ello, reiteró el exhorto a las autoridades a mostrar voluntad política.
Aún no ha dado INM resultados sobre muerte de salvadoreño en Tlaxcala
En su turno, José Antonio Domínguez Mena, cónsul general de El Salvador en México, señaló que sería importante trabajar en línea con el grupo de cónsules latinoamericanos y centroamericanos, a efecto de llevar casos concretos a mesas de trabajo con las instituciones, y que esta dinámica se replique en Tlaxcala, con el fin de generar soluciones desde el ámbito local, con participación de la sociedad civil.
Denunció que en julio pasado “se murió un salvadoreño en la estación migratoria de Tlaxcala y hasta hoy estamos esperando resultado de la necropsia”.
Javier Martínez, integrante del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que el paso de esta población por México “no es humana ni lo más decente posible” y que la ruta del tren ha dejado de ser la mejor, pues en los albergues situados a partir de Hidalgo hacia el norte del país, los migrantes “son ya casi fantasmas” porque evitan abordarlo, ya que ahí se enfrentan a un problema peor al que viven en sus naciones.
Mencionó que derivado del clima de violencia general en la República, hay aproximadamente 30 mil desaparecidos, pero se estima que casi la mitad son migrantes. “Los datos espantan, suman 11 por día”.
Alertó sobre una cifra de 280 mil desplazados por despojo de tierras, a través del Estado federal y empresarios. Dijo que el tema migratorio es muy fuerte a nivel internacional, aunque el problema en México “es muy complicado por falta de visibilización”, pues esta población es tratada como delincuente.
Resaltó que la política de detención en México es parecida a la de Estados Unidos “o peor”; incluso –indicó– crecen las redadas “y más contra indígenas”. Añadió que la situación de niños migrantes es un asunto “delicado y preocupante”.
Acentuó: es curioso que México deja de ser un país de paso para transformarse en destino, por lo que se debe crear una mirada de hospitalidad para los extranjeros en tránsito o que deciden quedarse. “El problema es que el país se está convirtiendo en fosa común”.
Está claro que tiene que haber una política de refugio, económica y de inclusión. En 2015 hubo casi 2 mil peticiones de asilo, pero sólo se concedieron 73. “Estamos hablando de gente que si regresa a Centroamérica, la van a matar, debido a la violencia en esa región”.
Asimismo, se requiere de una campaña de hospitalidad a través de los albergues para migrantes que funcionan en la ruta, pues “si el Estado no está haciendo nada, nos toca a nosotros como habitantes hacer algo”.
En tanto, el cónsul de El Salvador señaló que la legislación de migración “de repente se convierte en un documento lírico” y que el INM no es homogéneo en sus acciones en cada una de las entidades de la ruta migratoria. “¿Cómo enfrentar esto?, yo creo que es la acción social la que va a darle un giro o el sentido a la ley”.