“Hemos sido tolerantes hasta límites criticables, pero todo tiene un límite”, declaraba Díaz Ordaz, en su informe de gobierno ante el Congreso, en septiembre de 1968, semanas antes de realizar la masacre de Tlaltelolco, organizada y preparada meticulosamente para que a los ojos del mundo, que entonces como ahora, estaban puestos en México, pareciera que los autores del crimen fueran “grupos extremistas” de los mismos estudiantes; sin embargo, a pesar de todo el cuidado, la verdad se supo: se trató de un crimen de Estado en el que participaron diferentes cuerpos militares y dependencias del gobierno.
Hoy, ante el caso Ayotzinapa y las manifestaciones de indignación, repudio y protesta que se están suscitando en todo el territorio nacional, se vuelve a escuchar el mismo discurso precursor de la represión: “El diálogo tiene límites…”; “…la fuerza será el último recurso”; “…la justa indignación, no justifica el vandalismo”. Frases todas que pueden leerse como amenazas y como preludio del siguiente acto de este drama nacional que se viene montando desde hace años para saquear al país “sin que el pueblo se alebreste”. Sin embargo, el discurso actual, en el contexto de un mundo interconectado, ya no tiene los mismos impactos del discurso de antaño y continuamente se revela su incongruencia y falsedad.
El secretario de Gobernación llama “diálogo” a convocar a los familiares de los estudiantes desaparecidos, primero para decirles que es un asunto de responsabilidad estatal y municipal; luego para insinuarles que entre los estudiantes estaban infiltrados narcotraficantes rivales del grupo predominante en Guerrero; luego, para pedirles que firmaran un compromiso conjunto con las autoridades para seguir investigando, en un intento por acallar sus voces; y por último para decirles que el crimen organizado los había asesinado y reducido a cenizas que fueron arrojadas al río. Ante los actos vandálicos realizados en las grandes manifestaciones, Gobernación declara que está consciente de que hay grupos de “anarquistas” encapuchados e infiltrados que son los que provocan los incendios y los saqueos, y que los tienen identificados, y sin embargo, no los detienen y las fuerzas policíacas llegan tarde o permanecen pasivas ante los desmanes y llegan a aprehender a estudiantes con el rostro descubierto ubicados lejos del lugar de los hechos.
Los acontecimientos registrados el sábado pasado en las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, parecen una abierta provocación a los estudiantes que se han mantenido protestando pacíficamente, y una abierta invitación a que respondan con violencia. El batallón olimpia con la famosa contraseña del guante blanco, hoy se llama “anarquista”, viste de estudiante, tiene el rostro cubierto, se protege detrás de los cuerpos policiacos y actúa con impunidad, desapareciendo después de su actuación, para ser transmutado por los noticieros de los medios oficialistas en “estudiantes vándalos, anarquistas, radicales”. La fuerza de la protesta social es su pacifismo, en su reclamo de justicia y no en la violencia ciega y destructiva, hacia donde los infiltrados la quieren llevar.