Discursos contra la trata de mujeres como política gubernamental

Marisol Flores García

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niñas y Niños que se conmemora cada 23 de septiembre, las organizaciones, comités comunitarios  y personas interesadas en combatir la trata de mujeres en el estado, calificamos las acciones del gobierno estatal como un fracaso, cuyo discurso pareciera más una preocupación porque la entidad deje de ser visibilizada como tierra de padrotes en el ámbito internacional y sea atractivo para las inversiones extranjeras y el turismo, cuando la preocupación y práctica de fondo de un gobierno debería ser escuchar los intereses de la comunidad  y afrontar este flagelo social de forma integral. Los hechos nos dicen otra cosa.

El pasado 25 de septiembre, la procuradora General de Justicia del estado, Alicia Fragoso Sánchez volvió a reiterar públicamente que Mariano González Zarur “reconoció la existencia del problema y posteriormente hizo el compromiso de inhibirlo y ejecutar acciones para que los delincuentes sean investigados, juzgados y consignados”. Para combatir eficazmente la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual se requiere como mínimo acciones de prevención, investigación y sanción de tratantes, proteger y entender integralmente a víctimas como lo establece el Protocolo de Palermo, creado en el año 2000 y no sólo de un discurso público conveniente. Un gobierno verdaderamente comprometido en erradicar esta problemática debe retomar los ejes de acción de dicho Protocolo y asignar un presupuesto; sin embargo, seguimos escuchando la aplicación de acciones enfocadas sólo a la sanción, anunciando que ya se emitieron 12 sentencias, mismas que son insuficientes comparadas con las 185 denuncias por trata en lo que llevamos de este periodo de gobierno.


Por otra parte, no entendemos por qué sólo la Procuraduría del estado anuncia “avances” en la lucha contra la trata de personas si la ley en la materia en el estado establece un Consejo Estatal contra la Trata de Personas, integrado por ocho dependencias: la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cinco organizaciones, respecto a estas últimas sabemos, vía acceso a la información, que solo está participando una. Nos preocupa que a pesar de que todos estos actores tendrían que operar de forma coordinada la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar los delitos en la materia, sólo se reúnan o coordinen para realizar operativos interinstitucionales en establecimientos que son clausurados por sanciones administrativas y posteriormente son reabiertos.

El pasado 4 de agosto, vía acceso a la información, la Secretaría de Gobernación contestó que no tienen ningún convenio con organizaciones no gubernamentales para la atención de víctimas de trata en refugios o con organizaciones que puedan otorgar algún tipo de atención (psicológica, médica, jurídica, etc.), situación que nos preocupa de sobremanera debido a que la Procuraduría refiere que de las 125 víctimas rescatadas de 2011 al 24 de agosto del presente año, sólo 15 fueron canalizadas a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), por lo que podemos interpretar que 111 víctimas no recibieron protección, atención integral, acceso a la justicia y reparación del daño.  Estos datos nos muestran una insuficiente voluntad política para  garantizar una protección y atención a víctimas de trata y sus familias.

A lo anterior se suma que el Tribunal Superior de Justicia del Estado sólo haya dictado de una a tres sentencias condenatorias como máximo por año a tratantes tlaxcaltecas y que hasta el 31 de agosto del presente año la Procuraduría del estado no ha detenido a ningún tratante, estos hechos nos dejan varios mensajes, uno de ellos es la impunidad para las redes que cometen este delito y la desprotección para las víctimas de trata y sus familias.

Otro de los pendientes en esta simulación política son las acciones de prevención contempladas en el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas, como es una campaña sobre las consecuencias de cometer el delito de trata de personas, una cartilla de obligaciones para el personal docente y análogo de la Secretaría de Educación Pública sobre el deber de comunicar y denunciar el delito de trata, la aplicación de un modelo de información sobre las causas y consecuencias de la trata de personas en todos los planteles educativos y un modelo de información para padres y madres de familia sobre la trata de personas, estos hechos confirman la afirmación que hace el Reporte de Trata de Personas 2015, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América en el apartado de México, donde refiere que “los esfuerzos de prevención en general fueron inadecuados dada la magnitud del problema”.

Entre otras cosas, el derecho a la verdad implica que cualquier acción gubernamental sea verificable, sin embargo, el compromiso del gobierno del estado por prevenir y combatir el delito aún no lo es y por eso es que lo calificaremos  como simulador y omiso hasta que implemente las acciones del Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas, cuando las comunidades presencien estas acciones, así como cuando presente públicamente informes sobre las acciones realizadas y se someta a una evaluación pública con indicadores de cambio, con la participación de ciudadan@s y expertos y expertas. La ciudadanía y el movimiento estatal contra la trata no queremos discursos, queremos acciones que impacten sobre el problema.