Hace días en los algunos medios escritos me encontré una nota donde mujeres que participan en diferentes partidos políticos exigen al Congreso local reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.
Indudablemente la discriminación hacia las mujeres en Tlaxcala es grave y no atendida, muestra de ello son los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), que colocó a Tlaxcala entre las cinco entidades federativas con los más altos índices de discriminación hacia las mujeres; los resultados de dicha encuesta muestran que las mujeres de nuestro estado siguen siendo despedidas por estar embarazadas o se les sigue obligando a presentar el estudio médico de no gravidez; aunado a ello el 70 por ciento de los hogares está a cargo por mujeres; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta jefas de familia en muchos de los casos perciben menos de un salario mínimo al día.
A pesar de esta realidad de las mujeres, el gobierno no hace nada por cambiar la discriminación que viven día a día, quienes en muchos casos son el único sostén del hogar, ya que el novio, el concubino y/o esposo no se responsabilizaron del cuidado ni manutención de los hijos e hijas que procrearon; que por cierto haciendo un paréntesis, los y las legisladoras antes de reformar el Código Penal en materia de aborto, deberían de generar las condiciones para que a los cientos o miles de menores abandonados por el padre y/o progenitor se les garanticen los alimentos, la educación, la salud, etcétera,pues de ello depende su desarrollo como seres humanos.
Si las mujeres militantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Socialista (PS) exigen al Congreso del estado reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (Cipeet), a fin de obligar a los institutos políticos a que destinen el 4 por ciento de sus recursos a la capacitación de mujeres, que por cierto se me hace nada en comparación de los millones de pesos que gastan en las contiendas electorales o actividades políticas, será necesario que las mujeres de estos partidos se den a la tarea de elaborar y presentar su propuesta al Congreso, ya que las y los diputados lo que menos tienen es la mínima voluntad de legislar en favor de las mujeres.
Claro ejemplo es la propuesta ciudadana hecha por la sociedad civil en materia de armonización legislativa, ya que a pesar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado que les obliga armonizar los códigos Penal y Civil en materia de violencia hacia la mujer, a la fecha han hecho caso omiso a una sentencia dictada por uno de los tres poderes de gobierno del estado.
Es grave que las y los funcionarios responsables de generar mejores condiciones de vida y de acceso de las mujeres en los ámbitos social, político y económico no lo hagan, y que la participación siga presentando y/o enfrentando obstáculos; si bien ha existido un mínimo cambio en el incremento de la participación femenina, en la letra de las cuotas de género se mantiene alejado.
Para lograr la plena participación y respeto de los derechos de las mujeres en el ámbito político, se tienen que librar muchas barreras, entre ellas podemos mencionar: la falta de compromiso de parte del gobierno para cumplir la legislación y los acuerdos existentes que ordenan el impulso de la igualdad de oportunidades para las mujeres; la falta de sanciones establecidas para los partidos que incumplan la norma existente sobre la participación igualitaria de las mujeres; la inexistencia de mecanismos de seguimiento eficaces por parte de las autoridades responsables respecto al cumplimiento de las cuotas electorales por género; la centralización del poder partidario en manos de hombres sin una cultura política favorable a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ni a los procesos participativos de toma de decisiones, lo que influye en el incumplimiento de las normas; la falta de reconocimiento social y político de la capacidad de liderazgo y administración pública de las mujeres, por la persistencia tradicional de roles en la sociedad; que el poder de decisión sigue en manos mayoritariamente masculinas en las organizaciones políticas, hecho que influye en el incumplimiento de las normas.
Estos y muchos otros obstáculos no favorecen ni garantizan los derechos de las mujeres, por lo cual es el gobierno y sus tres poderes los principales violentadores de los derechos de las mujeres, generando violencia estructural e institucional en contra de más de la mitad de la población.