Diputados dejaron aprobada su cuenta pública de ocho meses de 2018

Diputados dejaron aprobada su cuenta pública de ocho meses de 2018. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

De manera inconstitucional e ilegal, los integrantes de la LXII Legislatura local dejaron aprobada su cuenta pública de los primeros ocho meses del ejercicio fiscal de 2018, con la finalidad de que sus sucesores no revisen el gasto que efectuaron en este periodo.

En una presunta sesión privada y extraordinaria, el pleno del Congreso local avaló el informe de cuenta pública que presentó el presidente del Comité de Administración, el priista Mariano González Aguirre, el cual fue avalado sin ninguna objeción.

Sin embargo, varios diputados consultados por este medio, pero que no quisieron se revelaran sus nombres, dijeron desconocer esa medida y más aun rechazaron haber participado en esa plenaria celebrada la noche el pasado martes para avalar el gasto efectuado en este periodo.


La medida resulta inconstitucional, pues de acuerdo con el inciso b de la fracción XVII del artículo 54 de la Constitución Política local, el Congreso del estado tiene la facultad de dictaminar anualmente –y no por ocho meses– las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe de resultados que remita el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Para tal efecto, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala precisa que el OFS entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar 31 de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el 31 de agosto posterior al ejercicio fiscalizado.

En este último caso, trascendió, el dictamen de la cuenta pública del Congreso local por los primeros ocho meses del año no tiene el informe de resultados de la cuenta pública que debe emitir el OFS.

Además, la validación de esos estados financieros trastocan lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior, que establece que la revisión de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, debiendo dividirse estos en periodos trimestrales, pero nunca establece que deban ser por ocho meses o bimestral.

A pesar de estas omisiones, los diputados decidieron aprobar, en lo oscurito, la cuenta pública de los ocho últimos meses de su mandato constitucional.

En tanto, de último momento y porque “ya no recibimos la instrucción”, decidieron abortar la propuesta de concretar la contrarreforma al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a través de la cual nuevamente excluirían a los poderes Legislativo y Judicial de la distribución de los ajustes trimestrales por concepto de excedentes de las participaciones federales.