¿Y después de las luces azules qué?

En días pasados, la secretaria de Gobierno de Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela anunció con bombo y platillo que la Secretaría de Gobernación no había decretado la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala. Con su actitud pareciera señalar que en Tlaxcala el problema de la violencia sexual y la trata no existen. Lo anterior es un grave error de la funcionaria estatal, pues el dictamen señala que el actual gobierno ha empezado a realizar acciones respecto a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las cuales por cierto todas se califican “en proceso de cumplimiento”, es decir, hablando metafóricamente el gobierno del estado de Tlaxcala pasó de panzazo ante un profesor poco exigente.

El gobierno no debería empeñarse en querer comparar al estado con otros lugares, pues eso implicaría un conocimiento de la problemática a nivel nacional, cosa que no es tarea sencilla. Lo cierto es que hemerográficamente y en diagnósticos de carácter nacional e internacional, Tlaxcala aparece desde hace muchos años dentro de las rutas de trata en el ámbito nacional e internacional, y con la característica especial de que en algunas comunidades y municipios se generan y articulan redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La postura del actual gobierno busca minimizar el problema, centrándose en que es solo un municipio el afectado, así puede constatarse en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021. Lo que no ha hecho el gobierno es demostrar que efectivamente sea sólo uno, su actitud para reconocer es tan mínima que en el documento titulado “Trata de personas en el estado de Tlaxcala, una mirada integral. Diagnóstico documental”, que presentó como parte de las acciones recomendadas por el Grupo de la Alerta de Violencia de Género, no dimensiona el problema, no lo comprende y, por tanto, no sirve para determinar políticas públicas. El actual gobierno no tiene un análisis histórico de la problemática, si lo hiciera se daría cuenta que las actitudes de negación, minimización y simulación, no han servido para contener el descontento social y permite que el problema escale.


Como cada gobierno intenta reinventar la política pública, volviéndose en un círculo interminable de malas prácticas, pues no permite avanzar hacia cuestiones más estructurales. Es impostergable que el gobierno deje la mala práctica de apostar por la publicidad ante el conjunto de violencias que se ejercen sobre las mujeres y niñas.

No basta con realizar acciones superficiales, los resultados del conjunto de éstas deben avanzar en cambios concretos de la realidad, es decir, que existan cada vez menos mujeres enganchadas o con condiciones de vulnerabilidad; que la mentalidad y actitud masculina de hombres y niños deje de practicar la violencia, con mayor urgencia las que llevan a la muerte, la explotación, mercantilización y desaparición; que las mujeres sean rescatadas, protegidas y apoyadas en la construcción de nuevos planes de vida; que las autoridades dejen de justificar el estancamiento de las denuncias por no comprender el delito de trata de personas y el consentimiento viciado; que el dinero y bienes, producto de la explotación o utilizados para ella, pase a manos del Estado y sea utilizado en beneficio de las víctimas; que los presidentes municipales dejen de negar la gravedad del problema en sus demarcaciones.

Ya se han apagado las luces azules, acción de la cual hasta la fecha no se conocen las evaluaciones de resultado e impacto, al igual que se desconoce el impacto de las acciones realizadas por el gobierno actual durante estos casi ocho meses. Si algo nos queda claro, aún sin conocer sus evaluaciones, es que no alcanzaron a modificar la realidad, tan es así que sigue habiendo operativos federales para detener a tratantes en el estado y los gobiernos locales mantienen una actitud de que no es grave el problema ni les preocupa. Veremos si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) verdaderamente cumple con la vigilancia –en los próximos seis meses– para que el gobierno local avance en el combate al delito o se suma a las instituciones que favorecen la impunidad y la violencia institucional contra las mujeres y las niñas.